Intermediación financiera: definen las apelaciones de los procesados
La Cámara Federal resolverá en los próximos días las diversas apelaciones presentadas por los 25 procesados por integrar presuntamente una organización acusada por intermediación financiera y/o lavado de dinero a través de las gestiones realizadas en Casas de Cambio, cuevas financieras y en vía pública, mediante “Arbolitos”.
Todos los sujetos investigados están en libertad bajo fianza, con cauciones que promediaron los 500 mil a un millón de pesos, según fuentes judiciales a El Marplatense. Están acusados por el delito de asociación ilícita, algunos en calidad de jefes y otros como miembros. En tanto, cinco de ellos están además procesados por el delito de intermediación financiera, y otras cinco por tenencia o portación de armas.
Se presentaron apelaciones al procesamiento de estos delitos (en especial al delito de “Asociación Ilícita), a la caución requerida por el Juzgado, a los múltiples operativos realizados en Mar del Plata y Capital Federal, entre otros motivos. Autoridades de dicha instancia comenzarán a expedirse en los próximos días.
La justicia continúa convocando e imputando a nuevos directivos de las casas de cambio involucradas. Esta situación genera la inactividad del mercado informal de moneda extranjera y operaciones oficiales limitadas y controladas por el Banco Central.
Según los datos aportados por la fiscalía federal, diez de las personas procesadas estaban dedicadas a la compra y venta de divisas extranjeras por fuera del mercado legal en la vía pública. El resto corresponde a individuos presentes en cuevas financieras ubicadas en galerías céntricas y en casas de cambio llamadas “Jonestur” y “Transcambio”.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, los procesados intervinieron “en crímenes de los denominados ‘de guante blanco’ donde quienes participan cuentan con todas las ventajas de aquella trama oscura para no ser descubiertos y para lograr la naturalización de situaciones que no hacen otra cosa que generar pobreza e inseguridad”.
Lo resuelto por el juez Inchausti respecto de la finalidad de la asociación ilícita, donde ubicó al delito del lavado de dinero, encuentra asidero en lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal: “Los imputados e imputadas han operado entre sí como una red, encontrándose relacionados/as unos/as con otros/as en forma de eslabones de un mismo mecanismo dirigido a realizar operaciones financieras marginales, en violación al orden económico y financiero, escenario permeable a maniobras de lavado de dinero proveniente de distintos delitos, tales como el narcotráfico, la trata de personas, la evasión impositiva, más allá de la circulación e inyección del producto de la actividad financiera marginal”.
De hecho, en el domicilio particular de uno de los imputados del Grupo Transcambio se encontró prueba que vincula a la firma con uno de los procesados de la causa por narcocriminalidad conocida como “Carbón Blanco”.
A través de la investigación desarrollada, se logró determinar que desde hace más de 20 años existen empresas establecidas en Mar del Plata que, bajo la apariencia de licitud del giro comercial consignado en su objeto social, han perpetrado múltiples maniobras ilícitas vinculadas con el mercado marginal de dinero.
Las maniobras ilícitas desarrolladas por las personas procesadas en la causa han sido de toda índole: cambio marginal de divisas, captación de ahorros, descuentos de cheques, y egreso e ingreso de divisas del exterior por fuera del régimen legal, en algunos casos, hacia paraísos fiscales como Andorra.
Y esto, señaló la fiscal Mazzaferri, ha tenido lugar bajo distintas modalidades: operando desde la misma empresa con “fachada legal”, operando a través de “cuevas financieras” de la propia empresa y/o de terceras personas; y utilizando “arbolitos”, algunos de los cuales se vinculaban en forma directa con los responsables y empleados de las personas jurídicas señaladas en esta causa y otros que eran dirigidos por otros “arbolitos” de mayor rango.
“esta trama subterránea, paradójicamente desplegada a plena luz del día, ha sido posible por la connivencia policial para retirar al Estado del control y así, de la seguridad de los ciudadanos. Llamativamente, parte del desempeño del Estado fue sustituido por ‘seguridad privada’ sin control estatal, desempeñada por los propios arbolitos que cuidaban el dinero negro con armas negras”, amplió la fiscal semanas atrás.
A fines de septiembre, se habían realizado 48 allanamientos en Mar del Plata, y otros 4 en la Ciudad de Buenos Aires, donde se había secuestrado, en total, entre automóviles y domicilios, 6.266.585,25 pesos; 25.380 euros; 309.755 dólares; 35.176 reales; y 112.000 chilenos. Además se habían secuestrado ocho armas, con cargadores y municiones; 27 piezas doradas, entre monedas y barras de oro; gran cantidad de bijouterie de oro (dijes, aros, anillos, cadenas); relojes, y bijouterie en plata.
