Guido Lorenzino, designado Defensor del Pueblo bonaerense, será puesto en funciones el próximo miércoles por la tarde, y reemplazará junto a otros cuatro defensores adjuntos, al radical Marcelo Honores.

Además de Lorenzino, tomarán el cargo dos defensores adjuntos generales, Walter Martello por el massismo y un dirigente a designar por el Frente Para la Victoria, y otros dos para temáticas específicas: para Derechos Sociales, el exsenador Eduardo Ancona de Movimiento Evita, y para Derechos Humanos y Servicios de Salud, Honores, quien hasta ahora, se desempeñaba al frente del organismo de forma interina.

Los nombramientos fueron confirmados el 21 de diciembre pasado como parte de los acuerdos para la aprobación legislativa del Presupuesto 2017.

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Lorenzino fue funcionario del Ministerio de Seguridad y del de Justicia durante la gestión de Daniel Scioli, y su designación fue impulsada por los intendentes del grupo Esmeralda. Los legisladores modificaron además la composición del organismo, por lo que el nuevo esquema contempla ahora los cargos de los dos adjuntos generales.

La norma incluyó también una disposición transitoria que exceptuó por única vez el procedimiento previsto para la elección del Defensor del Pueblo, debido a que su titularidad estaba vacante desde hace casi dos años, cuando se le venció el mandato a Carlos Bonicatto.

La Defensoría del Pueblo es un cargo que fue creado en la reforma constitucional de 1994, pero que recién comenzó a funcionar en 2009, y se trata de un órgano de garantía, unipersonal, autónomo e independiente, que promueve los derechos individuales y colectivos de los habitantes de la provincia de Buenos Aires y quienes se encuentren en tránsito por ella.

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El organismo debe proteger, garantizar y promocionar los derechos de todas las personas que habitan el territorio provincial, independientemente de las diferencias nacionales, étnicas, culturales, religiosas, sociales o políticas.

Asimismo, el Defensor debe controlar a las instituciones y funcionarios de gobierno para el cumplimiento de sus deberes y el respeto de la Constitución y las leyes, ejerciendo la magistratura de opinión y persuasión no a través de la confrontación sino de la colaboración crítica.

La elección del Defensor del Pueblo y de los adjuntos corresponde al Poder Legislativo, y permanecen en el cargo por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos para un segundo mandato. La remuneración del Defensor es la misma que la de un senador provincial y la de sus adjuntos será equivalente a un 80% de la misma.

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