Entusiasmado por la buena peformance del blanqueo de capitales cerrado en marzo pasado el gobierno nacional empezó a negociar con las cámaras empresarias uno en materia laboral que tiene dos objetivos centrales, por un lado, incorporar a la enorme masa laboral que actualmente desarrolla sus actividades en negro, y por tanto no tienen ni obra social ni acceso a una futura jubilación, pero por el otro porque de ser medianamente exitoso ampliaría la base tributaria permitiendo aumentar la recaudación fiscal y mantener a raya el déficit.

La Argentina tiene un nivel de economía en negro promedio del 35%, pero en actividades y regiones superiores al 50%, de allí podemos deducir que ocultar la actividad económica al estado no solo tiene condicionamientos económicos, sino tiene raíces fuertemente culturales que inciden en las decisiones de los diferentes actores.

La pregunta entonces sería ¿un blanqueo laboral podrá ser lo suficientemente exitoso como el blanqueo de capitales? La respuesta tiene varias aristas e intentaremos contestarlas detalladamente.

Desde el punto de vista cultural podemos analizar tres aristas del problema, el primero está en las raíces históricas de nuestra idiosincrasia, para el argentino medio es cool ser trasgresor en muchos sentidos, estacionamos en lugares prohibidos, si tenemos que pedir un permiso municipal par alguna actividad puntual, primero lo hacemos y después pedimos el permiso, y obviamente en la medida que podemos evadir y/o eludir impuestos tenemos una tendencia idiosincrática a realizarlo.

La segunda cara de este problema cultural esta dado por el colapso del estado de bienestar argentino que se viene produciendo hace más de 50 años, que se traduce en una baja calidad de varios servicios públicos estatales como la seguridad, la educación y la salud. Esto último llevo a gran parte de la clase media argentina a comprar esos servicios en forma privada, y genero fuertes desincentivos para el pago de impuestos.

Y por último, y dentro de un esquema en el cual solo aproximadamente el 65% de los argentinos tienen blanqueados sus ingresos y actividades, hay un efectos de miedo de entrar al zoológico, es decir, si blanqueo y los demás no blanquean es posible que quede atrapado en un sistema perverso que exige como en Suecia pero brinda servicios de Uganda.

Con semejante desincentivo cultural, los incentivos económicos que brinde el Estado Nacional para que el blanqueo laboral sea exitoso deberían ser enormes, es decir, sin un fuerte incentivo de baja de impuestos laborales es imposible pensar en que la medida estudiada por el gobierno alcance márgenes de exteriorizaciones razonables.

Hoy de cada $ 100 de salario, un trabajador recibe $ 84, y el empleador paga en su nómina $ 134,6, es decir que por cada peso que recibe el trabajador en su mano, el Estado Nacional percibe $ 0,5, de los cuales 16 centavos los aporta el empleado, y 34 centavos el empleador. Esta enorme carga tributaria sobre el empleo es el factor fundamental no solo del elevado trabajo argentino en negro, sino de la falta de incentivo de las empresas para generar trabajo genuino.

¿En que utiliza el Estado esa enorme masa de recursos? La utiliza para solventar las jubilaciones y pensiones; el pami; las obras sociales; las asignaciones familiares; el fondo nacional de desempleo y el sistema de ART, entonces el incentivo económico que debería ser una fuerte baja en los impuestos al trabajo que permita blanquear trabajo en negro para adelante, está condicionado a no desfinanciar el núcleo del gasto social que actualmente realiza el Estado Nacional.

En definitiva, y para contestar la pregunta que nos hicimos, el entusiasmo del gobierno dado el blanqueo de capitales no puede trasladarse a un blanqueo laboral, previamente hay que generar las condiciones que permitan poder bajar los impuestos al trabajo sin desfinanciar el núcleo del gasto social argentino, que en la práctica significa racionalizar el gasto público general del Estado Argentino, recortando el enorme gasto improductivo que posee en su estructura.

 

Lic. Roberto Manuel Ortea


Aclaración: los conceptos vertidos de quienes opinan son absoluta responsabilidad del firmante.


 

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