La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó preocupación por “la selectividad del sistema penal argentino”, tras una visita oficial al país que tuvo lugar entre el 8 y el 18 de mayo.

El estudio preliminar fue realizado por los integrantes del grupo de trabajo Elina Steinerte  (Letonia) y el Sètondji Roland Adjovi (Benín), recorrieron las provincias de Buenos Aires, Chubut y Jujuy. Visitaron 19 centros de privación de la libertad y entrevistó a unas 200 personas alojadas en dichas instituciones.

En este marco, manifestaron su preocupación por la selectividad del sistema de justicia penal argentino en relación con las personas de diferentes orígenes socioeconómicos y de quienes participan en protestas sociales. En su visita, tomaron conocimiento de las amplias facultades de la policía para privar a personas de su libertad por la sospecha de haber cometido un delito o a fines de verificar su identidad.

La delegación señaló que la policía tiene amplias facultades de detención y que se usa en exceso la prisión preventiva, con un 60 por ciento de los detenidos en esta categoría.

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Para tomar las conclusiones, se reunieron con funcionarios de gobierno nacional, autoridades provinciales, la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, ONGs, miembros de la sociedad civil y detenidos en diversos penales ubicados en las provincias recorridas.

“Aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como los niños, el colectivo LGBTI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía por la sospecha de haber cometido un delito o ‘demorados’ para verificar su identidad”, aseguró Steinerte, quien continuó diciendo: “Resulta particularmente alarmante la respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden ante las manifestaciones realizadas por los pueblos indígenas”.

Sètondji Roland Adjovi  expresó: “Exhortamos a las autoridades argentinas a que se abstengan de emplear una fuerza desproporcionada y reanuden el proceso de diálogo con las comunidades indígenas.”

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“A menudo las comisarías se utilizan para alojar personas en prisión preventiva e incluso condenadas. No obstante, las comisarías no están equipadas para tal fin y el personal policial no es idóneo ni se encuentra capacitado para llevar adelante las funciones de agentes penitenciarios”, enfatizó el grupo.

“Alentamos a las autoridades a aplicar medidas alternativas a la detención en todos los casos posibles y, en especial, en aquellas instancias en que las personas enviadas a un centro de detención irán a un entorno inadecuado o en condiciones de hacinamiento, lo que en sí mismo sería una forma de castigo”, señalaron.

El Grupo de Trabajo observó que, en el caso de menores de edad, la excepcionalidad en la privación de la libertad no se aplica como corresponde en la Argentina. “Durante nuestra visita, recibimos testimonios de casos de privación de la libertad y maltrato de menores de 16 años por parte de las fuerzas de seguridad”.

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También destacaron la situación de los denominados ‘pacientes sociales’ o personas con discapacidad psicosocial que no cuentan con los recursos ni con las redes sociales como para poder vivir con sus familias o en la comunidad y, por ende, están confinados a instituciones psiquiátricas durante años e inclusive décadas, sin perspectivas reales de liberación.

En relación con la detención de migrantes, el Grupo de Trabajo lamentó la adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2017, que modificó las disposiciones de la Ley sobre Política Migratoria Argentina N° 25.871 y eliminó salvaguardas importantes.

“La detención de migrantes debe ser excepcional, y puede justificarse únicamente si persigue un fin legítimo, es proporcional además de necesaria, y cuenta con el control judicial apropiado”, agregaron los expertos.

En septiembre de 2018, el Grupo de Trabajo presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

 


 

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