Por Marcelo Marcel

A partir del primer día del año, los docentes municipales comenzaron a percibir la Bonificación que consagra el plus salarial, conocida como código 59, que les otorgó el gobierno del intendente Guillermo Montenegro cuando sancionó el Decreto 7/2020 y mediante el cual dispuso expresamente consagrar ese beneficio, que había sido interrumpido durante la gestión de gobierno de Carlos Arroyo, generando una importante polémica con ese sector.

Justamente a raíz de esa interrupción, en el mes de diciembre de 2018, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza que obligaba al Ejecutivo a pagar el mencionado Código 59.

Por esa razón se suscitó un conflicto de poderes, entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo municipal, que tramitó en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente se resolvió por el máximo tribunal bonaerense el pasado 5 de agosto a través de una sentencia que declaró abstracta la controversia.

En términos prácticos, significa que la disputa judicial no fue favorable a ninguna de las partes, pues al zanjar la cuestión, la Corte Provincial, fundando su decisión en el decreto del intendente Montenegro, no le ha dado la razón ni al órgano legislativo, ni al ejecutivo.

Y estableció, además, que las costas deberán asumirse "en el orden causado". Quiere decir que cada parte afrontará el costo de su representación letrada, de acuerdo a las fuentes con llegada en los tribunales de la capital provincial, que fueron consultadas por El Marplatense.

Ahora la situación que deberá definir el gobierno comunal es "si accede a la intención manifestada por un sector del Sindicato de Trabajadores Municipales para el pago de la bonificación mencionada pero con efecto retroactivo", señalaron fuentes judiciales consultadas. O sea, antes de su consagración en el citado Decreto 7/2020.

"Ya en el mes de noviembre del año pasado, antes de asumir la gestión, el responsable del área de Educación Sebastian Puglisi había desechado esta posibilidad, en declaraciones a medios locales", recordaron a este medio.

Por consiguiente, la cuestión, que parecía cerrada con el fallo judicial que emitió la semana anterior la Suprema Corte, podría tener una nueva instancia de reclamos por parte del sector gremial que encabeza Alejandra Ayek en tanto se pretenda, "desde el gobierno de Montenegro, mantener la postura de no abonar ese beneficio con retroactividad", confiaron.