La detención de un menor de edad por el presunto asesinato de un playero de una estación de servicio de Rosario puso el foco, una vez más, sobre a posibilidad de bajar la edad de imputabilidad.

El debate ya había surgido en enero cuando el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció que impulsará un proyecto para modificar la Ley vigente en la Argentina, para que los menores puedan ser condenados a partir de los 14 años.

Asimismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, secundó la idea propuesta a través de sus redes sociales donde días atrás aseguró que "ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.

Este hecho enfrentó opiniones sobre cómo deben ser tratados los menores de edad que incurren en el delito. Organizaciones de Derechos Humanos aseguraron que esta medida lejos de disminuir la inseguridad, "profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez".

La situación en la ciudad

En Mar del Plata se ha registrado un aumento de los delitos cometidos por menores de edad en los últimos meses. Principalmente, los hechos de público conocimiento refieren a robos o daños de propiedades privadas. Sin embargo, no son los únicos casos.

El fiscal Walter Martínez Soto, de la UFI Penal Juvenil, manifestó que "los delitos que más comenten suelen ser contra la propiedad, desde robos simples, a veces acompañados, pero es el mismo porcentaje que los delitos por encubrimiento de motos".

Principalmente "los robos de motocicletas dejadas en la vía pública y cosas que se dejan dentro de los autos, son los que encabezan la lista. Lo del encubrimiento, si bien es un delito menor, tiene que ver con esto porque generalmente la policía no los agarra con las manos en la masa, como generalmente dicen en Flagrancia, sino que tiempo después cuando el ladrón se la dio a otro para que cometa algún delito".

Por otro lado, "hay un porcentaje realmente alto que se relacionan con los abusos con y sin acceso carnal, se incrementó el número en el último tiempo y son por parte de los jóvenes", apuntó.

En un balance, Martínez Soto declaró que "hemos notado que del año pasado a este hubo alrededor de un 25% de incremento de delitos, y en particular en los últimos años, relacionados con el abuso con acceso carnal o simple hacia mujeres".

¿Hasta dónde hay que bajar la edad de imputabilidad?

La pregunta sobre qué lleva a un niño a cometer un delito es la que resuena es distintos análisis sobre la baja de edad de imputabilidad en Argentina. Los contextos sociales y económicos juegan un rol fundamental en la construcción de la niñez.

En este sentido, el fiscal Walter Martínez Soto, señaló que "las edades han ido bajando considerablemente, el porecentaje la estadística no lo muestra, pero por lo que hemos podido recabar desde la fiscalía estamos en un 15% fácil de menores de 16 años que han cometido delitos".

Al analizar la situación actual y la postura del gobierno, anticipó que "nos estamos preparando porque entendemos que hay un acuerdo a nivel del Congreso donde va a haber una reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, lo que se verá reflejado en el incremento de nuestro trabajo".

El trabajo de la fiscalía se realiza en conjunto con el Centro Especializado de Atención o el CAD, "espacios donde debe haber una derivación directa de todo joven que sea encontrado en el marco de un delito penal", explicó.

"La convención de la ley penal juvenil habla que la policía que interviene en primera instancia, debe tener el mínimo e indispensable contacto como para chequear el delito y después haya un grupo especializado", continuó.

Razón por la cual, "el lugar de detención no es como algo especializado de tratamiento, sino que deriva para un conocimiento de la situación y a partir de ahí se hacen ciertos abordajes, ya sea desde el servicio local 102 o el servicio zonal donde se amplía el tipo de tratamientos", determinó.

El rol estatal y judicial

En la discusión, toma un papel relevante el rol del Estado en el acompañamiento de los jóvenes y el actuar judicial ante la aparición de delitos cometidos por menores de edad. Muchas veces las instituciones implicada no logran establecer un trabajo en conjunto para evitar la reincidencia.

"Es verdad que hay una disociación en cuanto a los abordajes, que desde la óptica del poder judicial implica que no alcance lo que uno pretende. La reiteración es un ejemplo, no todos tienen sentencias condenatorias para hablar de reincidencia, pero se repiten las conductas", señaló el fiscal.

El segmento del que se encarga el poder Ejecutivo "resulta muy complejo, por más que haya buena voluntad de todos los operadores. No es que se le da un abordaje y el joven está completamente ajeno, sino que vuelve al lugar de su familia, al barrio y a veces no son los mejores espacios", indicó.

"Obviamente, y con esto no hay que ser ingenuo, la droga ha entrado de semejante manera que realmente atenta contra la salud de los jóvenes y estos, muchas veces, por decir el 90%, están movidos a la comisión del delito, ya sea por compromiso de pertenencia o querer pertenecer a una banda para pasarla mejor en el barrio, o tener la retribución de quienes se encargan de la comercialización de estupefacientes para tener el dinero para comprarlo o hace el favor necesario", agregó.

No obstante, "el acompañamiento es por demás comprometido por parte de los operadores, pero escasea personal y al ser una actividad tan compleja, con tantas arista y desviaciones que se producen en la vida diaria, que afecta a una porción muy importante de la sociedad".

Desde su perspectiva, "es una tarea realmente titánica, requiere mucha coordinación y obviamente que todos hablen un mismo lenguaje en cuanto a lo que se pretende. A veces las distintas condiciones políticas no nos ayudan", reflexionó.

Las reglamentaciones vigentes y los contextos sociales

La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece en su artículo N°3 que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

En el mismo apartado, declara que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños deben cumplir las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Con estos lineamientos, “el poder Judicial cambia la posibilidad de juzgamiento, antes era una situación donde había un juez omnipotente que también tenía competencia civil y aquello que arrancaba por lo penal, quizás terminaba con lo civil”, afirmó.

Sin embargo, “hoy no es así, en el Fuero Penal Juvenil, solo se tratan temas de derecho penal bajo la teoría general del delito, en cuanto que sigue el hecho que se le atribuye implica ciertas consecuencias, se aplica una sanción que se traduce en pena. Muchas veces acompañadas de tratamiento, reinserciones sociales y demás”.

Estas circunstancias “hacen que el Poder Judicial tenga acotada la función porque de hacer algo más implicaría violar la Constitución. Es un proceso penal como el de adultos reducido en cuanto a los años y las expectativas de la pena”, pronunció.

Por eso “resulta muy difícil a la luz de la Convención de los Derechos del Niños considerar penas muy largas, de hecho están prohibidas las penas de perpetuidad, y que esta cuestión sea la única solución”.

Sin dudas, “debería haber una coordinación entre la función de jurisdiccional y de prevención social, por parte del poder ejecutivo, para evitar que aquello que está en órbita de derecho penal sea la primera alarma para el abordaje de los jóvenes con derechos vulnerados”, advirtió.

“La mayoría obviamente tienen los derechos vulnerados a la salud, a la educación. Hemos detectado en un principio, cuando comenzó el fuero en el 2008 que generalmente eran jóvenes que tenía serios problemas de contención familiar por los padres, tenían una representación parental vinculada a delito o que estaban presos”, aclaró.

Por lo que hoy se ve en una medida bastante importante “en comparación a quien tiene una buena contención en el grupo familiar, lo que pasa es que muchas veces están envueltos en el marco de barrios donde asola el delito” destacó.

“No es por estigmatizar, pero es sabido que hay determinados barrios donde todas las semanas hay noticias de que desbarataron un point de droga, lugares muy complejos donde el Estado está ausente por la poco organización y la falta de servicios básicos”, concluyó.

Fiscalía