Por Marcelo Marcel

A pocos días de celebrarse el Día Internacional del Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas las instituciones que llevan adelante programas de recuperación y asistencia de las adicciones de las personas siguen buscando que el Estado les dé las respuestas a muchas inquietudes que se vieron reflejadas en reclamos y pedidos hechos, por lo menos, en los últimos 10 años.

Muchas de ellas, asociaciones civiles, ONG e instituciones que atienden la problemática del consumo están encolumnadas en un claro pedido: la implementación de la Ley 26657 que -aseguran- “representa un claro avance en términos de acceso a derechos de usuarios de servicio de salud”.

Desde la FONGA, Federación de ONG de Argentina para el tratamiento y la prevención en el abuso de Drogas, hicieron un relevamiento del sector y tras ello diagramaron un “Relevamiento de las herramientas y estrategias desarrolladas por las ONG para garantizar el cuidado de las personas en tratamiento y la continuidad de la atención psicosocial y educativa en el contexto del COVID-19”.

De ese informe, al que El Marplatense tuvo acceso, se desprende que “en las organizaciones vinculadas a FONGA se atienden actualmente 3458 personas entre dispositivos ambulatorios y residenciales. De ellas 2941 son varones, 517 son mujeres y 2 responden a otra orientación sexual. En la modalidad residencial se encuentran alojadas 2091 personas, mientras que en las diferentes modalidades ambulatorias realizan tratamiento 1344 personas”.

El relevamiento, de alcance nacional, da cuenta que “la distribución geográfica indica que la mayoría de las instituciones se encuentra en provincia de Buenos Aires (19), CABA (8) y Santa Fe (4). El resto se encuentra en Chubut, Chaco, La Pampa, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja y Ushuaia. Todas están habilitadas por autoridad sanitaria nacional, provincial y municipal, y cumplen con las normativas establecidas por la autoridad para su funcionamiento y supervisión”.

En cuanto a la situación actual de pandemia, solo hubo dos casos sospechosos de COVID-19 entre los residentes de todas las instituciones, que luego fueron descartados. Y solamente un familiar dio positivo para COVID-19. En todos los casos se cumplieron con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.

En cuanto a las preocupaciones que manifiestan las organizaciones respecto del futuro inmediato, la situación económica/financiera es una preocupación alta para el 70%, junto a incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones de obras sociales y organismos del estado (67,5 %).

También existe una preocupación por los criterios a utilizar para el ingreso de pacientes tanto a tratamientos ambulatorios como residenciales (57,5%). La definición de la fecha de inicio y finalización del período de adecuación de las organizaciones a la ley Nacional de Salud Mental y Adicciones es la preocupación del 43,5% de las instituciones. El stress de los equipos es otra de las cuestiones que preocupan a las instituciones (50%).

El otro punto que señalan las organizaciones es la definición de la fecha de inicio y finalización del proceso de adecuación de las instituciones a las normativas de la ley Nacional 26657. Aún no se han tomado decisiones formales sobre este punto, y la preocupación se potencia con las condiciones que impone la cuarentena. Se torna necesario como mínimo posponer para fines del 2021 la fecha tope para la presentación de los planes de adecuación de las organizaciones (en la medida en que las condiciones económicas generales hayan mejorado sustancialmente). Y junto con esto replantear la categorización de las instituciones que trabajan con el modelo de Comunidad Terapéutica como monovalentes. Esta categoría perteneciente al campo médico/hospitalario no permite dar cuenta de manera adecuada del abordaje multidimensional que se ofrece en estos dispositivos.

Una institución referente en Mar del Plata es Posada del Inti. Ellos llevan a cabo una función social que tiene en ejecución distintos programas como “Cooperación Institucional”, un convenio e intercambio con actores sociales de la Municipalidad de General Pueyrredon, la Universidad Atlántida Argentina, el Instituto Superior Acontecer y la Universidad Nacional, entre otros. Tiene áreas de Investigación para generar artículos de interés en la temática y estadística institucional.

Posada del Inti tiene 5 sedes, cuenta con 80 empleados y atendiendo cerca de 200 usuarios tiene un presupuesto mensual de $ 4 millones y “el Hospital Bonaparte del Estado tiene $42 millones mensuales. Tiene 50 camas… 42 millones contra 4 y nosotros atendemos el triple de pacientes”, reclama Fabián Messina.

Desde allí aseguran que ha mutado la forma de consumo: antes era de 18 años y ahora aparecen chicos de 9 o 10 años.

Messina viene reclamando desde hace tiempo políticas claras en relación al tratamiento de personas con adicciones. “Pedimos una Ley de adicciones integral. Nos quieren poner como monovalentes y nos bajan el precio…”, reclama.

“Nosotros somos un polivalente social porque en este esquema de crisis estamos haciendo los primeros controles clínicos a los pibes que nunca pisaron un hospital, no tienen DNI”, refleja en diálogo con este medio.

Se pregunta Messina, “¿cuál es el enfoque? No solo atendemos adictos, sino a personas que tienen un desamparo social que es multifactorial y por ende tenemos que tener médicos, asistentes, talleristas porque el abordaje tiene que llegar a esas falencias”.

La Mesa Nacional de organizaciones que trabajan en la drogadependencia elevó un pedido a la Honorable Cámara de Diputados, a través de su comisión de adicciones que preside el legislador nacional Luis Di Giácomo.
Durante el mes de junio, en el escrito presentado allí detallaron una serie de peticiones que resumieron en 11 puntos:
1) Prevención de las adicciones, haciendo eje en la reducción de la demanda.
2) Derogación del art. 4 de la Ley 26.657.-
3) Abordaje integral de derecho que incluya tanto al sujeto como su centro de vida.
4) Definir financiamiento y partidas presupuestarias para políticas eficaces, para empoderar y desarrollar los tres niveles de atención en salud para la adicción (entendiendo primer nivel: trabajo comunitario, prevención, primer escucha, etc.; el segundo nivel: tratamiento ambulatorio u hospital de día, etc.; y tercer nivel: atención crítica, internación en Comunidad terapéutica, inclusión social e inserción en la comunidad, etc.).
5) Medidas de protección para quienes por su problemática adictiva y psicosocial se encuentran en situación de incapacidad temporal, previendo su inclusión en el listado de patologías ley 22.431.
6) Protocolizar e implementar normas de calidad en los dispositivos para el abordaje integral y tratamiento, para las personas que padecen uso, abuso y adicción a sustancias.
7) Implementación de los diversos recursos de alternativas a la penalización y el proceso que brinda la Justicia Terapéutica, siendo uno de ellos los Tribunales de Tratamiento de Drogas en aquellos casos de delitos que concurren o es motor el consumo abusivo severo de sustancias.
8) Incluir dentro del sistema penitenciario dispositivos para los tratamientos de las toxicomanías.
9) Protocolizar la responsabilidad social en los medios de comunicación y audiovisuales respecto al consumo de drogas con la finalidad de disminuir la tolerancia social y reducción la demanda.
10) Implementar una política de beneficios impositivos para organizaciones que incluyan campañas de marketing y publicidad para disminuir la tolerancia social y la reducción de la demanda del consumo de drogas en la población. Asimismo, ejerza acciones de responsabilidad social empresaria y la implementación de medidas sanitarias para la prevención de adicciones en el ámbito laboral.
11) Inclusión en los planes de estudios y capacitación, en todos los niveles de educación, en la formación de contenidos para el abordaje integral de las adicciones con eje en la reducción de la demanda. Reglamentación de la ley 26.586.

Esta Mesa está compuesta por la Pastoral Nacional sobre Adicciones y Drogadependencia. Conferencia Episcopal Argentina, A.C.I.E.R.A. (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina) F.O.N.G.A. (Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas) Programa Vida. (Red Nacional Cristiana de Rehabilitación; Capacitación y Prevención de Adicciones) UNI.FE (Unidad Federal de Madres contra el Paco (línea fundadora) y Organizaciones Sociales contra las adicciones) Madres contra el Paco, Madres Territoriales, Cámara CIPRA (Cámara de Prestadores de atención en adicciones y Vulnerabilidad Social) A.E.A. (Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones) CAAVS.(Cámara Argentina de Adicciones y Vulnerabilidad Social) Foro de Habitantes a ciudadanos. Equipo de Adicciones

En otro tramo del informe presentado, comentan que “La provincia de Buenos Aires contaba con tres Comunidades Terapéuticas, las mismas han sido cerradas. Posee una red de Centros ambulatorios (CPA) totalmente desmantelados” que “el Presupuesto de SEDRONAR del año 2019 fue de $ 1.192.134.374” y que “El gobierno Nacional cuenta con un solo dispositivo, el Hospital Laura Bonaparte. El presupuesto original de dicho Hospital para el año 2019 fue de $ 534.701.167 y para el año 2020 es de $ 504.766.000. Lo que da un presupuesto de $ 42.063.833 por mes”.

Desde la mesa Nacional de organizaciones que trabajan en la Drogadependencia trazan una comparación con otros efectores: señalan que “una Secretaría Nacional (que tiene que establecer las políticas públicas, otorgar becas de tratamientos, realizar prevención y llevar adelante las estadísticas oficiales en la materia) tuvo para el año 2019 solo un 120% más de presupuesto que un solo efector, que posee una 50 camas, tratamientos ambulatorios y brinda algunos cursos de capacitación)”

“Una Comunidad Terapéutica con 50 camas promedio facturaría con el monto de la beca que paga SEDRONAR (que es de $ 20.000, aprox.) $ 1.000.000 por mes. Contra $ 42.000.000 por mes que cobra el Bonaparte. Es decir que al estado le sale 42 veces más un efector estatal que una Comunidad Terapéutica”, resumieron en el informe presentado.

A modo de balance, la Mesa se analizó que “Finalmente si lo vemos de manera anual, nos da para una Comunidad terapéutica $ 12.000.000 por año, contra $ 504.766.000 del hospital Bonaparte que tiene la misma cantidad de camas” y se pregunta: ¿Cuánto le saldría al estado si se implementaría lo que establece la ley de salud mental que plantea que los tratamientos se deben llevar adelante en una red pública?

“Estamos superados de una manera sorprendente”, detalla Messina. ”La Ley de salud mental es superadora. Es sabido que las Comunidades Terapéuticas (CT) se encuentran en las antípodas de la mirada manicomial, por concebir a los usuarios como agentes activos de sus propios procesos, por incorporar procesos horizontales en su gestión, por pensar la problemática de manera interdisciplinaria e integral y finalmente, por desterrar la involuntariedad en los destinatarios de sus intervenciones”, reclama.

Analiza que “por ser miembro de la FONGA y de haber participado de mesas nacional y estado en situaciones de discusión de estas miradas, puedo hablar con cierta claridad y te digo que el estado no esta preparado para hacer movimientos. El 80% de la demanda a nivel nacional la seguimos recepcionando el tercer sector”.

Messina, en su análisis, confirma que 17000 usuarios están en tratamiento de todo el país, sólo de FONGA y la mesa nacional. “Esa cifra multiplicala por 4 que es el grupo familiar, solo con una mesa de trabajo que tiene 60 instituciones que representa una porción importante pero no todo. Y el estado no está presente”.

Conocedor del tema, aclara que “pasaron 10 años de esta Ley y el estado no da las respuestas. Se habla ahora de una prorroga de 3 años y ahí es donde nosotros decimos, basta ya. Venimos hace tiempo en el aire y somos nosotros los que estamos atendiendo las necesidades y respuestas. El nivel de incertidumbre no se puede proyectar a futuro. Las comunidades terapéuticas es un modelo superador al manicomial que se pretende combatir. No somos una clínica psiquiátrica. Muchas veces desde lo ambulatorio se generan vulneración de derechos con sistemas rígidos que suelen ser perjudiciales a los esquemas familiares”

“En este vivir de prestado, también se precariza la prestación. Las ONG´S terminamos pidiendo permiso para subsistir y los $20 mil pesos no terminan alcanzando para nada. Hay que darle un corte a esta cuestión: definir si van a seguir con contando con nosotros y el traatamiento residencial y comunidad terapéutica o que presenten un proyecto superador”, finalizó.

Una problemática que se instala en la sociedad y que tiene su foco en los sectores más vulnerables. Si bien el rango de edad oscila entre los más jóvenes, se pudo comprobar, de acuerdo a los últimos análisis, que el promedio ha aumentado. Y, mucho más, desde la situación de pandemia y aislamiento social.