Juan Porco -un productor frutihortícola de la ciudad que era juzgado desde 2014 por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre de cinco personas, una de ellas menor de edad- fue absuelto este martes por la Justicia Federal marplatense mediante una sentencia que, según el sector, "es un documento muy importante para el futuro", ya que, entienden, sienta un precedente.

Ricardo Velimirovich, titular de la asociación que nuclea a los productores en General Pueyrredon, aseguró a El Marplatense que, en este fallo, "queda plasmado por el propio fiscal la falta de una legislación para la registración de los frutihortícolas, y los funcionarios lo admiten".

"Hoy el sector frutihortícola tiene un problema de desamparo a nivel de registración porque el sistema de mediería no tiene un sistema de contrato y desde la asociación se ha pedido constantemente que esto salga. Quedó plasmado en una causa y va a ser importante para el futuro", agregó.

En octubre pasado, los productores del sector frutihortícola de Mar del Plata denunciaron ante el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, una persecución de la justicia federal en casos por trata de personas para explotación laboral que, entienden, no fueron justificados.

Este proceso judicial que terminó con la absolución empezó en 2014 con el allanamiento al campo de Porco. "Pasó a juicio oral y pudimos -como asociación- dar nuestra declaración, para que se conozca realmente cómo es el sistema frutihortícola. Nosotros tratamos de masificarlo porque el problema va a ser para otros también. El fiscal retiró la acusación en virtud de las declaraciones y porque no había las pruebas suficientes como para seguir acusando a Porco", destacó Velimirovich.

Los trabajadores frutihortícolas trabajan mediante el sistema de mediería, que establece el pago a porcentaje y no mediante sueldos de montos fijos. "El mediero es aquella persona que trabaja al 30%. Es normal, es histórico, es nacional y funciona así desde que nació la producción frutihortícola. Los trabajadores no quieren cambiar esa metodología, eso también quedó en la causa. No quieren estar en relación de dependencia, quieren seguir trabajando a porcentaje", sostuvo el productor.

Según el productor, desde el sector han presentado varios proyectos para legalizar el contrato de mediería, pero aún no han recibido una respuesta favorable del Estado. "No hay una forma de registrarlos, entonces quedamos expuestos. El contrato de mediería es la principal herramienta del sistema. Ya hemos presentado seis modelos de contratos que hemos ido cambiando en base a lo que los funcionarios veían bien o mal. Siempre nos pusimos a la mano de ellos, pero, hasta el día de hoy, nadie lo ha firmado y por eso estamos en el estado que estamos", detalló.

"No hay conflictos entre los trabajadores y los productores. La realidad es que hoy la vulnerabilidad es en general del sector, donde, claramente, una cadena de comercialización muy distorsionada hace que el productor gane muy poco. El precio, incluso, no lo pone el productor. Hay un desconocimiento total de algunos funcionarios que piensan que los precios los pone el productor y no es así", manifestó.

"Esto nos permitió plasmar un montón de detalles y los productores no son ni hacen lo que están acusados. Ahora tendremos que remontar un montón de otras causas. Los demás, que están viendo lo que está pasando, también están preocupados. Es grave la situación y el Estado lo admitió en esta causa", concluyó Velimirovich.

Porco fue representado en esta causa por las abogadas defensoras Carolina Ramasco y Marcela González. "Asumimos la defensa de Juan y de todos los productores bolivianos del sector frutihortícola que están siendo sujetos pasivos de una persecución, de allanamientos, en el medio de un injusto porque lo único que hacen es trabajar", dijo Ramasco.

"Es una comunidad que vive con miedo. No les dan un marco legal, no pueden registrar a los trabajadores de forma correcta, no se pueden ajustar a derecho y viven años de angustia y de miedo", manifestó y su colega agregó: "Hay un Estado ausente en regular y asistir. Pretenden solucionar con una cuestión penal, algo que debe solucionar el Poder Legislativo".

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