“Vamos a cobrar menos que hace dos meses, es un delirio, genera más malhumor. En todo caso que lo descuenten en cuotas”. El que habla es un diputado con una alta exposición mediática que acaba de chequear la liquidación provisoria de su sueldo de marzo y que confirmó por sistema que deberá devolver el aumento que les habían otorgado el mes pasado a los legisladores y que, por pedido de la Casa Rosada, Martín Menem y Victoria Villarruel tuvieron que deshacer con una resolución conjunta, incluso a pesar de la resistencia, pública y privada, que ofreció, sin éxito, la Vicepresidenta.

Algo más de $900.000 es el salario neto que, por ejemplo, un diputado del peronismo tendrá acreditado la semana próxima en su cuenta, más otros casi $200.000 en concepto de “desarraigo”, un plus que reciben aquellos legisladores que son del interior. Es decir, algo más de $1 millón, según la constancia que constató este medio. Muy por debajo del sueldo en torno a los $2,2 millones que percibieron en febrero con el aumento dispuesto por Menem y Villarruel antes de dar la marcha atrás, pero incluso una cifra mucho menor a los $1,7 millones que, en promedio, cobraron en enero.

“Dejar sin efecto, a partir del 1 de enero de 2024, la RC 13/11 suscripta por Amado Boudou y Julián Domínguez, en lo que respecta a la equiparación y movilidad automática de la Dieta, Gastos de Representación y Desarraigo que perciben los diputados y senadores nacionales”, firmaron el presidente de la Cámara baja y la Vicepresidenta el 11 de marzo después de convalidar la actualización salarial de los legisladores junto al aumento al personal legislativo de fines de febrero. Una medida que Javier Milei ordenó desactivar para no alterar la construcción de su relato público de ajuste y “motosierra”. En plena licuación salarial.

Según el economista Matías Surt, de referencia de la Coalición Cívica, desde el 2018 el salario de los diputados había caído un 55% hasta enero. Más que la caída promedio de los trabajadores registrados -en torno al 39%- y en línea con las jubilaciones. La diputada Silvia Lospennato, de hecho, tiene un proyecto presentado para igualar escalas entre los poderes del Estado, y actualizar en base a salarios mínimos y jubilaciones.

Desde que se resolvió ir para atrás con los aumentos, los legisladores están muy fastidiados, y el malhumor se expandió en los últimos días en todos los despachos del Parlamento. La semana próxima, cuando se depositen los sueldos, el tema volverá a ser motivo de conversación obligado puertas adentro. La semana pasada, por ejemplo, se discutió en la reunión de bloque de Unión por la Patria. La misma situación se repite en el Senado, aunque hasta ayer algunos de los senadores consultados por Infobae aseguraron que todavía no habían visto el descuento a través del sistema, que permite visualizar una liquidación previa de los haberes. “Se habla acá de que vamos a cobrar con descuento”, abundó un senador del PJ. Todavía no recibieron ninguna notificación.

“No llegamos a los 2 millones. Por todo concepto cobro alrededor de $1,8 millones”, explicó, por su parte, un colega de la UCR.

En el Congreso reconocen que es un debate antipático. No solo por la bajísima estima que la sociedad le tiene al Poder Legislativo, según la mayoría de los sondeos, a la que Milei colaboró de manera sistemática con su recurrente alusión a “la casta”. El cenit de esa construcción comunicacional fue cuando se refirió al Parlamento como un “nido de ratas”.

Lejos de poner el grito en el cielo, la mayoría de los parlamentarios hicieron silencio. Es que, en este contexto, la dirigencia reconoce que, al menos por ahora, oponerse al Presidente no es gratis. Más bien lo contrario. Lo puede decir el gobernador Ignacio Torres que en su afrenta pública a la Casa Rosada por el recorte de fondos ganó popularidad, pero perdió algo de simpatía en el electorado oficialista.

Le pasó en su momento a María Eugenia Vidal cuando ganó la gobernación bonaerense y se encontró con sueldos bajísimos: nunca se animaron a dar la discusión pública, en un sistema que alienta la proliferación de cajas y contrataciones con escasos controles. En el caso de Diputados, solo Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel López, entre otros, se quejaron públicamente, y en el Senado Villarruel sí formuló un airado reproche que llevó la semana pasada a la explosiva entrevista que le concedió a TN, con la cosechó la aprobación de los senadores.

Pero el malhumor no es propio del Congreso: en el Poder Ejecutivo también hay una molestia acumulada por la decisión de Milei de congelar los aumentos salariales para la alta planta política después del traspié que significó la marcha atrás del último incremento salarial firmado por decreto a fines del mes pasado, en torno a un 48% entre enero y febrero que llevaba el sueldo presidencial de $4 a $6 millones, el de un ministro de $3,5 a $5,3 millones y de un secretario de Estado de $3,2 a $4,8.

El decreto fue ventilado por la diputada Victoria Tolosa Paz, furiosa por la marcha atrás de Menem y Villarruel. Cuando la situación se hizo pública, el mandatario se desentendió del tema, pidió deshacer el aumento y bajó la orden de alinear el discurso interno. Según el último estudio de Opina Argentina, de Facundo Nejamkis, el 52% de los consultados no le creyó al gobierno cuando instaló que se trató de un “error involuntario”.

Días después, aprovechó para despedir por televisión al ex secretario de Trabajo Omar Yasin, que le aseguró a su entorno que no había sido el responsable de ese decreto. Hacía rato que el ex funcionario, que reportaba a la ministra Sandra Pettovello, estaba en la mira del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Pettovello y Posse se llevan pésimo.

La confusión interna, sin embargo, no quedó ahí. La renuncia de Armando Guibert, ex secretario de Transformación del Estado de la Jefatura de Gabinete, la semana pasada, aportó más nerviosismo. Guibert se había sumado al gabinete por pedido de Posse. Era un funcionario muy ligado al jefe de ministros -en las oficinas de Libertador y Cerrito, antes de desembarcar en Casa Rosada, tenía su propia oficina al igual que Guillermo Francos, el resto ocupaba espacios compartidos- que ahora deberá resolver su situación contractual en el Banco Nación: hasta ahora, tenía un rol ad honorem.

Según fuentes libertarias, Posse le habría pedido a Guibert que redactara una renuncia mucho más extensa con referencias a la polémica por el incremento en los sueldos, pero el ex funcionario se negó: solo escribió que dejaba el cargo por “motivos personales”. Con él se fue también Martín Boccacci, del área de Empleo Público, que le reportaba de manera directa. Prevé recalar próximamente en la subsecretaría de Vivienda, a cargo de Rodrigo Aybar.

El control de Posse sobre la gestión, el gabinete y sus ramificaciones es total. Puertas adentro lo sindican a Gonzalo Pascual, director del Banco Nación, como su mano derecha en ese rubro. Además de José “Cochi” Rolandi, a cargo, en buena medida, de las negociaciones políticas con los bloques aliados por la Ley Bases junto al ministerio del Interior.

Lo cierto es que, en el caso del Congreso, la inquietud de los legisladores se aceleró en las últimas semanas. “Hay una construcción de que somos todos millonarios, y no es así”, se desahogó un diputado. Es cierto que hay un grupo que sí lo es, pero la mayoría de los diputados y buena parte de los senadores necesitan sus dietas para vivir, con un agravante para el caso de los legisladores que deben trasladarse desde sus provincias, más allá de que el Parlamento costea los pasajes: necesitan alquilar departamentos o reservar habitaciones de hoteles.

Un senador, por ejemplo, le confío a este medio que, solo por el alquiler de un departamento modesto y las expensas, debe desembolsar unos 750 dólares. En un bloque aliado en la Cámara baja resaltaron, además, que las habitaciones de hoteles en las que duermen cuando vienen a la ciudad de Buenos Aires son cada vez de menor calidad.

Pero hay más: legisladores remarcaron que hay colegas que ya avisaron que no estarán en las reuniones de comisión por la situación salarial. La semana pasada, por caso, en la conformación de algunas comisiones hubo algunos que ya decidieron no volar a Buenos Aires. Es el comentario de pasillo. El fastidio es doble cuando se comparan las dietas con lo que reciben asesores de las más altas categorías o incluso empleados legislativos: en muchos casos, con haberes superiores.

El último aumento de los legisladores había sido en noviembre pasado. En la Cámara baja circuló, en ese sentido, que el propio Menem le habría avisado a los jefes de bloque que les adelantaran al resto que les descontarían el último incremento. En materia de malhumor generalizado, los próximos días prometen ser reveladores.

Fuente: Infobae.