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Intermediación Financiera: buscan que la Corte defina sobreseimientos

Los abogados que defienden a los 25 imputados en la causa presentaron en los últimos días un recurso extraordinario federal, para que el máximo Tribunal de Justicia de la Nación intervenga en el caso y de marcha atrás con la resolución de los jueces de Casación, que en diciembre pasado revocaron los sobreseimientos de todos los acusados.

Por Redaccion

viernes 2 de marzo, 2018

Las defensas de los 25 imputados en la megacausa que investiga una presunta organización acusada por intermediación financiera y/o lavado de dinero a través de gestiones en Casas de Cambio, cuevas financieras y en vía pública, mediante “Arbolitos” elevaron una presentación en los últimos días para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación de marcha atrás con la revocatoria de los sobreseímientos que había resuelto en diciembre pasado el tribunal de Casación Penal.

“Todos los abogados que representamos a alguna persona vinculada al grupo Transcambio ya hemos interpuesto contra la resolución de Casacion un recurso extraordinario federal”, le confirmó a El Marplatense Gustavo Marceillac, uno de los letrados.

El representante legal en la causa por parte de la imputada Ana María De Rosa explicó que se “pretende llegar hasta la Corte para denunciar una resolución arbitraria”. “Lo entendemos así porque los fundamentos esgrimidos son incorrectos. Concretamente, entendemos que no hay fundamentos“, remarcó.

Según explicó el abogado, en esta instancia recursiva, serán los jueces de Casación los que analizarán, en primer lugar, si corresponde hacer lugar al recurso interpuesto para proceder con la posterior elevación al máximo Tribunal de Justicia de la Nación. “Ellos evaluarán si se interpuso en término, si cumple con los requisitos formales, y a partir de ahí dirán si lo conceden y lo elevan”, detalló.

En este sentido, Marceillac confió que la resolución de los jueces ya debería conocerse en el transcurso de este mes. “La Corte igual también tendrá que hacer su análisis de admisibilidad del recurso”, aclaró, e indicó: “La vía recursiva se va acotando a medida que uno va subiendo en la etapa recursiva. Es decir, no por cualquier cosa uno puede pretender que la Corte se expida”.

En caso de que el Tribunal de Casación no acceda a la elevación del recurso extraordinario presentado, el abogado dijo que aún quedaría una vía más, que se conoce como “queja extraordinaria”. “Es la manera que uno tiene de recurrir directamente al Tribunal al que uno quiere llegar diciendo que el inferior no lo quiere conceder de manera arbitraria”, comentó, y señaló: “Entonces el Tribunal superior analiza directamente la admisibilidad del recurso y si lo admite, ordena al inferior que lo conceda y lo eleve nuevamente”.

LA CAUSA

En abril pasado, los jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata entendieron que el informe no estableció fehacientemente a las personas que fueron alcanzadas por las escuchas telefónicas en el marco del inicio de la causa, generando que haya firmas que no estén realmente involucradas con la maniobra que estaba siendo analizada y, ante ello, habían resuelto el sobreseimiento de los imputados.

Sin embargo, los magistrados intervinientes de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, consideraron, entre otras cuestiones, que aquella circunstancia no revestía un vicio con entidad suficiente para nulificar el proceso.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, los 25 procesados intervinieron “en crímenes de los denominados ‘de guante blanco’ en los que quienes participan cuentan con todas las ventajas de aquella trama oscura para no ser descubiertos y para lograr la naturalización de situaciones que no hacen otra cosa que generar pobreza e inseguridad”.

En diálogo con el programa Hoy Es Mejor de Radio Mitre Mar del Plata, Laura Mazaferri, a cargo de la Fiscalía Federal N°1, había indicado que los investigados “hacían operaciones financieras marginales, por fuera del mercado formal de divisas”.

Consultada acerca de cómo actuaba la organización y sobre qué significa “Intermediación Financiera”, había respondido: “El delito de Intermediación Financiera es cuando alguna entidad funciona, como si fuese un banco, pero sin el permiso del Banco Central. Hacían varias operaciones como descuentos de cheques, préstamos y sin autorización del Banco Central. No había control del Estado. No había prevención, ante el posible lavado de dinero”.

Para los investigadores, “existían colocaciones de divisas como en paraísos fiscales como en Andorra”. “Para individualizar cada una de las operaciones, entre ellas la de Andorra, exige el análisis de una por una de la documentación secuestrada y de la apertura de los aparatos informáticos, donde se registraban esas operaciones”, había remarcado la fiscal, quien aclaró que estos trabajos “llevaron mucho tiempo y recursos”.

Los 25 imputados en la causa son Sergio Fares, Alberto y Fabián Durotovich, Donato Lamorte, Oscar Rigano, Juan Carlos García Navarro, Jorge Tuduri, Gerardo Irigoin, A.M.D.R, Ana María Touriño, Daniel Fernando Peña, Andrés González Fernández, Matías González Porini, Ángel Rojas, Marcelo Velázquez, Matías Ale, Rolando Gabriel Todaro, Rubén Salitori, Carlos y Ángel Morán, Santiago Indrigo Pastore, Federico Indrigo, David Brañeiro Quiñones y Facundo Fernández Baloira.

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