Juicio por YPF: el Gobierno le pidió a la Justicia de EE.UU. que investigue cómo fue la nacionalización
Hubo una presentación de una ONG que reclamó a la jueza Loretta Preska que se anule la sentencia millonaria contra el país. Los beneficiarios del caso rechazaron la solicitud. La Procuración del Tesoro reclama que se analice la compra de las acciones de la petrolera por parte de la familia Eskenazi.
El Gobierno le pidió a la Justicia de Estados Unidos que se investigue cómo se nacionalizó la petrolera YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner. Lo hizo al responder a una solicitud de la jueza, Loretta Preska, en el caso por la que sentenció al país a pagar US$16.000 millones.
La magistrada solicitó a la Argentina y a los beneficiarios del fallo que opinaran sobre la presentación de la entidad Republican Action for Argentina (representado por el abogado Fernando Irazu) ante Preska por la que la semana pasada pidió intervenir en el caso y que se anule la millonaria sentencia.
En su respuesta al pedido de Preska, el Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro, reiteró “su compromiso con que se investiguen los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”.
También expresó “la firme voluntad de este gobierno en colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto, sin que ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso”.
La estrategia de defensa del Gobierno está a cargo del Subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalija. Desde el Ejecutivo plantean que asumieron “la defensa del Estado Argentino basado en hechos de los cuales ninguno de sus integrantes ha participado y en una etapa procesal sumamente avanzada".
Destacaron que “frente a esta situación heredada" harán “todo lo que está a su alcance para buscar alternativas de solución que permitan, a pesar de la enorme dificultad que ello presenta, revertir la sentencia o mitigar su impacto" y que el país hará “uso de su derecho de legítima defensa y agotando instancias judiciales en pos del bienestar de todos los argentinos".
El Gobierno manifestó en su presentación que “se toma muy en serio todas las acusaciones de corrupción y está comprometido a investigar a fondo cualquier denuncia creíble”. Destacaron: “Debido a su firme compromiso en la lucha contra la corrupción, la República apoyaría y cooperaría plenamente con cualquier investigación que el Gobierno de los Estados Unidos pudiera llevar a cabo sobre los asuntos planteados por RA4ARG, sin perjuicio de sus argumentos de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las demandas de los demandantes en este caso”.
Fuente: TN.
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