La Defensoría reitera su preocupación por el aumento de denuncias por violencia de género

En un comunicado en el que manifiestan la problemática, insisten en que "el otorgamiento de prisiones domiciliarias sin las garantías adecuadas va en contra de las medidas de protección para las víctimas".

Por Redacción

domingo 10 de mayo, 2020

La Defensoría del Pueblo de la Nación emitió un comunicado en el que vuelve a manifestar el marcado incremento de denuncias de casos de violencias de género en el marco de las situaciones complejas a las que muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes se ven enfrentados por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, como así también por la alarmante persistencia de femicidios registrados durante el mismo periodo.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) ha desplegado una amplia variedad de medidas para mitigar estos efectos no deseados, como el fortalecimiento de la Línea 144 y nuevos canales de comunicación a través de correo electrónico y whatsapp.

Tal como fue contado en este medio, los llamados al 144 aumentaron un 39% desde que empezó la cuarentena, los femicidios no frenaron, y el aislamiento agrava la situación de las víctimas.

A raíz del otorgamiento de prisiones domiciliarias, la Defensoría del Pueblo insiste en que las mismas, “sin las garantías adecuadas va en contra de las medidas de protección establecidas”. Al no haberse adoptado un análisis minucioso de cada caso, se han visto beneficiados con estas excarcelaciones personas condenadas por delitos graves, violaciones, violencia de género.

La jueza de Ejecución Penal N°1 del Departamento de Quilmes, Dra Julia Márquez declaró que fueron excarcelados 176 detenidos con condenas por delitos contra la integridad sexual.

En el comunicado donde expresan la disconformidad y reiteran la preocupación expusieron casos de detenidos que cumplían condenas por violencia de género y que han vuelto a sus casas para cumplir prisión domiciliaria, revictimizando de esta forma a los dañados, sin que le avisaran a la familia o al abogado en cumplimiento de la Ley 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

Y fundamentan: “Si bien es cierto que las medidas de excarcelación se fundan en el Comunicado 66/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el organismo recuerda a los Estados su especial condición de garante frente a las personas privadas de libertad, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en nuestro país, Roberto Valent, ha marcado una clara advertencia a la que esta Defensoría suscribe, “establecer una ‘coordinación transversal’ en las medidas de contención social y de mitigación del COVID-19 que ‘incluya a todas la regiones y a todos los sectores de la vida política y económica, pública y privada’”.

Es decir, "evitar que medidas acertadas tomadas por un sector de la administración, en este caso el Poder Ejecutivo Nacional a través del MMGyD, se vean anuladas o perjudicadas por acciones de otros poderes u organismos, por ejemplo, el Poder Judicial”.

Asimismo, recomendaron que al considerar nuevos otorgamientos de prisión domiciliaria no sólo se tengan en cuenta los antecedentes de la persona privada de libertad, sino también que se haga un informe ambiental del domicilio donde cumplirá la medida, dado que en muchos casos las condiciones de vulnerabilidad de los mismos por hacinamiento, falta de infraestructura adecuada, situación de pobreza o indigencia de los convivientes, hacen que no sólo no se logre el objetivo de garantizar los derechos humanitarios del condenado, sino que se ponga aún en un mayor riesgo a otras personas y se incrementen situaciones de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

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