Mientras el Gobierno se mantiene imperturbable ante la catarata de cuestionamientos de la oposición por la designación en comisión de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, la Corte Suprema se reunirá hoy en su plenario habitual y podría decidir si accede a tomarle juramento a los dos nuevos integrantes del tribunal, una respuesta que en la Casa Rosada esperan con ansiedad.A través de canales informales, el Poder Ejecutivo le hizo saber ayer a la Corte que espera que formalice con la ceremonia de juramento la incorporación de Lijo y García Mansilla antes del sábado, cuando el presidente Javier Milei hable ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.¿Qué puede resolver la Corte ante este pedido? Aceptarlo, rechazarlo o aplicar el remedio de la “cronoterapia”, el nombre que el ex juez de la Corte Carlos Fayt le daba a una de las herramientas que el tribunal tenía para evitar pronunciarse sobre los reclamos de alta trascendencia política.<h2 style="margin-left:0px;">El aval unánime de la Cámara</h2>Sin embargo, la forma en que los seis jueces de la Cámara Federal avalaron ayer por unanimidad el pedido de licencia del juez Lijo para integrar la Corte, le agrega complejidad al tema. ¿Por qué? Porque la resolución firmada ayer por el titular del tribunal, Mariano Llorens, junto a sus pares Eduardo Farah, Roberto Boico, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Martín Irurzun, se inclinó por otorgarle a Lijo la “licencia extraordinaria sin goce de haberes para asumir como Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, decidiendo así resolver el caso sin enviarlo a la Corte Suprema, para que ésta se pronuncie sobre el pedido. Durante el acuerdo de la Cámara se barajó esa opción pero fue descartada.En la resolución votaron por “hacer lugar a la petición”, “comunicar al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”, y “remitir copia de lo actuado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante oficio de estilo”. Es decir, que la Corte no recibió el pedido para pronunciarse, sino que sólo fue notificada. Esto significa que -a menos que decida abrir el caso para cuestionar la decisión de todos los jueces de la Cámara federal- no podría pronunciarse.¿Qué podría pasar entonces en el plenario de hoy? La posición de uno de los tres jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti es conocida públicamente, en cuanto que avala los nombramientos de Lijo y García Mansilla. Pero la incógnita es la respuesta que darán al pedido oficial el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz. Si no hay respuesta y la jura se dilata, el tribunal se encamina al comienzo de una crisis institucional.<h2 style="margin-left:0px;">Dos posturas en el Gobierno</h2>Dentro del Gobierno hay sectores “duros” que están dispuestos a ir a fondo para que se ejecute el decreto, pero otra ala de la Casa Rosada busca una solución que evite un conflicto de poderes entre Milei, como titular del Poder Ejecutivo, y Rosatti, como cabeza del Poder Judicial, si se retrasa la asunción.En ese juego de extremos, ayer por la tarde trascendió que el jefe de Estado estaría dispuesto a tomarle juramento a Lijo si en la Corte decidieran desconocer su potestad para designarlo en comisión. Es una posición de máxima, que los negociadores anoche pusieron en duda. Es que el artículo 112 de la Constitución Nacional establece taxativamente que el juramento solo lo puede tomar el presidente de la Corte por acordada o por acto formal.Sin embargo, una voz clave admitió la posibilidad de que sea el presidente de la Nación el que, efectivamente, les tome a Lijo y García Mansilla el juramento de estilo. En LN+ y ante la consulta de Luis Majul sobre si ambos juristas van a estar en la apertura de sesiones del sábado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respondió: “Primero tienen que jurar y luego asumen formalmente el cargo, van a su despacho y a partir de ahí participarán de todos los actos oficiales (...) La licencia se pide a la Cámara, luego de eso tiene que haber un acto de juramento, sea ante la Corte, sea ante el Presidente, sea ante la Cámara de Casación o ante quien sea. A partir de que un juez presta juramento se lo pone en funciones”.<h2 style="margin-left:0px;">Decenas de presentaciones</h2>A la par de esta decisión que debe tomar la Corte, ya hay decenas de presentaciones desde diversos sectores, y ayer una ONG, Red de Mujeres para La Justicia, que reúne a juezas de todo el país, pidió un per saltum al alto tribunal, es decir, que este intervenga directamente en el tema. También se pronunció en contra el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que preside Ricardo Gil Lavedra, a través de una declaración institucional.Cuando recién la semana pasada se calmaron las aguas por fallo Levinas, que otorga más poder a la Corte de la Ciudad y provocó la reacción en unánime de las Cámaras nacionales de distintos fueros, la Corte parece sumergida nuevamente en una encrucijada.<h2 style="margin-left:0px;">El decreto</h2>Tras casi un año sin acuerdo político para cubrir las dos vacantes, el martes el presidente Milei firmó el decreto para nombrar en comisión al juez federal Lijo y al jurista García Mansilla en la Corte, y completar así el número de cinco jueces que debe tener por ley el tribunal. Con la publicación en el Boletín Oficial de los nombramientos, comenzaron a correr horas cruciales.Fue sobre el filo del período en que el Congreso está “cerrado”, debido a que no hay sesiones extraordinarias y las ordinarias recién se inauguran el sábado. Se trató del desenlace de un proceso complejo que empezó en marzo del año pasado, con la comunicación de las nominaciones, y se trabó la semana pasada por diferencias con el kirchnerismo en el Senado.La discusión sigue abierta y en el plenario de hoy la Corte podría avanzar en la discusión interna para definir si Lijo y García Mansilla pueden jurar como nuevos miembros de la Corte Suprema.Fuente: Infobae.

Reunión clave de la Corte Suprema: podría decidir si le toma juramento a Lijo y a García Mansilla esta semana

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reafirmó que los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla “están designados en comisión” y dijo que esa “es la decisión” de Javier Milei, a la vez que indicó que “no hay mucho más que aclarar”.“Los jueces están designados en comisión y esa es la decisión del presidente y es lo que está ocurriendo y se seguirán los pasos legales que se requieran para que esto efectivamente sea así. No hay mucho más para aclarar, después de un año que el Senado teniendo pliegos de dos personas, que cumplían con los requisitos técnicos y de idoneidad, no han logrado avanzar y, por supuesto, está dentro de las atribuciones constitucionales del Presidente, está de más aclararlo”, expresó.Además, dijo: ”Nosotros lo hemos dicho siempre: la instancia de nombrar jueces en comisión iba a estar siempre sujeta a que entendamos que la Justicia podía tener algún tipo de inconveniente en su funcionamiento y entendemos también que prácticamente ha pasado un año desde la presentación de los pliegos y que, habiendo pasado todas las instancias necesarias, no se ha logrado que el Senado apruebe efectivamente los pliegos o que le dé curso a los pliegos, lo cual nos apena mucho y entendemos que, efectivamente, era el momento de nombrarlos en comisión, en tanto y en cuanto dure el período legislativo ordinario”.<blockquote>“El resto del proceso que tenga que seguir en la Cámara de Senadores es un tema que sigue siendo responsabilidad de la Cámara de Senadores, no entendiendo bien las razones… habiendo cumplido con los requisitos técnicos y de idoneidad que haya ocurrido lo que ocurrió, porque, en definitiva, no estamos hablando de cuestiones partidarias, estamos hablando de cuestiones técnicas y de idoneidad, las cuales están cumplidas de sobremanera por ambos”, aseveró.</blockquote>Además, dijo: “De hecho uno de los dos llegó a tener dictamen. Así que, simplemente es la decisión del Presidente de avanzar y de que la Justicia sea, en el caso de la Corte Suprema, con la importancia que reviste el máximo tribunal, por supuesto, de tener a todos sus miembros después de un año sin que esto avance como corresponde en el Senado. Así que, veremos cómo se siguen desenvolviendo los hechos. No hay mucho más para… no hay futurología para hacer acá”.<section class="noteSuggested" data-id="88800" data-title="Puede interesarte"></section>

“Los jueces están designados en comisión y esa es la decisión del Presidente”, dijo Adorni

El presidente Javier Milei hablará por cadena nacional el próximo 1 de marzo a las 20:45, en el marco de la Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso. La transmisión, que se extenderá hasta las 23:00, será obligatoria para todos los servicios de comunicación audiovisual y señales periodísticas del país, según lo establece la Ley N° 26.522.<blockquote>El anuncio de esta cadena nacional llega en un momento clave para el Gobierno, en medio del escándalo por el Criptogate $LIBRA y la designación de jueces para la Corte Suprema, temas que han generado fuerte debate en la esfera política y mediática.</blockquote>Según la notificación oficial, LS 82 TV Canal 7 y LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires serán las estaciones cabeceras de la transmisión. La difusión deberá realizarse de manera íntegra, sin alteraciones ni agregados, tal como lo establece la normativa vigente aprobada por Decreto N° 1225/10.<section class="noteSuggested" data-id="88723" data-title="Puede interesarte"></section>El mensaje de Milei será su tercera cadena nacional, luego de la emitida en diciembre pasado tras el aniversario de su asunción y el del 1° de marzo de 2024.

Javier Milei confirmó que hablará por cadena nacional

El Gobierno le pidió a la Justicia de Estados Unidos que se investigue cómo se nacionalizó la petrolera YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner. Lo hizo al responder a una solicitud de la jueza, Loretta Preska, en el caso por la que sentenció al país a pagar US$16.000 millones.La magistrada solicitó a la Argentina y a los beneficiarios del fallo que opinaran sobre la presentación de la entidad Republican Action for Argentina (representado por el abogado Fernando Irazu) ante Preska por la que la semana pasada pidió intervenir en el caso y que se anule la millonaria sentencia.En su respuesta al pedido de Preska, el Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro, reiteró “su compromiso con que se investiguen los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”.También expresó “la firme voluntad de este gobierno en colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto, sin que ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso”.La estrategia de defensa del Gobierno está a cargo del Subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalija. Desde el Ejecutivo plantean que asumieron “la defensa del Estado Argentino basado en hechos de los cuales ninguno de sus integrantes ha participado y en una etapa procesal sumamente avanzada".Destacaron que “frente a esta situación heredada" harán “todo lo que está a su alcance para buscar alternativas de solución que permitan, a pesar de la enorme dificultad que ello presenta, revertir la sentencia o mitigar su impacto" y que el país hará “uso de su derecho de legítima defensa y agotando instancias judiciales en pos del bienestar de todos los argentinos".El Gobierno manifestó en su presentación que “se toma muy en serio todas las acusaciones de corrupción y está comprometido a investigar a fondo cualquier denuncia creíble”. Destacaron: “Debido a su firme compromiso en la lucha contra la corrupción, la República apoyaría y cooperaría plenamente con cualquier investigación que el Gobierno de los Estados Unidos pudiera llevar a cabo sobre los asuntos planteados por RA4ARG, sin perjuicio de sus argumentos de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las demandas de los demandantes en este caso”.Fuente: TN.&nbsp;

Juicio por YPF: el Gobierno le pidió a la Justicia de EE.UU. que investigue cómo fue la nacionalización

Finalmente, tal como había trascendido, el presidente Javier Milei firmó los decretos para designar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema.“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel Garcia-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos. El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”, anunció en un comunicado Presidencia.En ese sentido, el Gobierno resaltó que “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos".De hecho, en el comunicado recordaron que “cuando una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema en sus mandatos, durante meses han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.<section class="noteSuggested" data-id="88778" data-title="Puede interesarte"></section>A solo cuatro días de asumir la Presidencia, el 14 de diciembre del 2015, Mauricio Macri designó en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatt, 72 horas después de que se hiciera efectiva la renuncia de Carlos Fayt al máximo tribunal, que sumada a la de Raúl Zaffaroni de un año antes, había dejado a la Corte con Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco como sus únicos miembros.De todos modos, tras críticas de la oposición, Rosenkrantz y Rosatti esperaron para tener el aval del Senado y recién ahí jurar en la Corte.En el caso actual, el proceso de nominación se inició el 20 de marzo de 2024, cuando el Ejecutivo envió al Senado los pliegos de los candidatos para su correspondiente acuerdo. Posteriormente, el 15 de abril, se publicaron en el Boletín Oficial los antecedentes de ambos juristas y se activaron los procedimientos de consulta y participación ciudadana. Luego de cumplirse todas las instancias requeridas, la administración remitió los mensajes al Senado el 27 de mayo de 2024 para solicitar su aprobación.El 21 y 28 de agosto se llevaron a cabo las audiencias de Lijo y García-Mansilla, respectivamente. Tras estas instancias, ambos candidatos quedaron en condiciones de obtener dictamen y ser sometidos a votación en la Cámara Alta. Sin embargo, sus pliegos no fueron tratados durante el período ordinario de sesiones, y ante esta situación, el presidente optó por incluir la cuestión en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, aunque el Senado tampoco dio curso al proceso.Debido a “la inacción del Senado y al prolongado estancamiento del proceso”, el Ejecutivo decidió avanzar con la designación en comisión de los jueces, amparado en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que faculta al presidente a realizar nombramientos transitorios en caso de vacantes durante el receso legislativo. La medida estará vigente hasta la finalización del próximo período legislativo.&nbsp;Fuente: Infobae

Javier Milei designó por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema

El Tribunal de Goya condenó a 12 años de prisión a Leonardo Cositorto, el fundador de Generación Zoe, por los delitos de estafa y asociación ilícita en la provincia de Corrientes.El viernes los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte ya lo habían declarado culpable.Este martes, el Tribunal dio a conocer la pena que deberá cumplir el líder del grupo y, además, sentenció a sus socios, Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino a 8 años de cárcel.Si bien la condena no quedó firme, y las defensas de los imputados pueden apelar el fallo ante Casación, Cositorto deberá volver a la prisión de Bower, en Córdoba, donde estaba detenido antes de que comenzara el juicio.Esto se debe a que el acusado tiene que afrontar otros procesos penales, entre ellos la causa madre contra Generación Zoe, que tramita en la Justicia de Villa María, ante la fiscal Juliana Companys.Fuente: TN.&nbsp;

Condenaron a Leonardo Cositorto a 12 años de prisión por la megaestafa de Generación Zoe

La Justicia suspendió el decreto del Gobierno que transforma el Banco Nación en Sociedad Anónima. El juez federal, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar que frenó la disposición del Gobierno. En su fallo, el magistrado argumentó que “la decisión del Ejecutivo podría contradecir la voluntad del Congreso”.<blockquote>La semana pasada el Gobierno dispuso “la transformación del ente autárquico Banco de la Nación Argentina en Banco de la Nación Argentina Sociedad Anónima (BNA SA)”, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei.</blockquote>El fallo responde a una causa iniciada el 11 de junio del año pasado, con el objetivo de que se declarase “la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA nº 348 así como de todo acto que tenga por objeto avanzar con la privatización de esa entidad bancaria”.<section class="noteSuggested" data-id="88608" data-title="Puede interesarte"></section><h3>Las claves de la suspensión del decreto de Javier Milei que transforma el Banco Nación en Sociedad Anónima</h3>La resolución judicial que suspendió el decreto de Milei que transforma el BNA en Sociedad Anónima determinó “como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del DNU 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”.<blockquote>El fallo además dispuso “requerir a las autoridades públicas demandadas que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzcan un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de medida cautelar efectuada por la actora en fecha 20/2/2025″.</blockquote>Mencionó que “el artículo 1 de la Carta Orgánica del Banco establece expresamente que el BNA es una entidad autárquica con autonomía presupuestaria y administrativa, cuyo régimen no se encuentra sujeto a las normas generales de la administración pública nacional”.Aclaró que “dicha previsión impide que el Ejecutivo pueda modificar su estructura sin una ley específica del Congreso, ya que la delegación legislativa conferida por la Ley 27.742 es de carácter general, y no habilita una transformación de esta magnitud sin norma expresa”.Destacó que “el Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional” y que “por lo tanto, es éste el único Poder que tiene la facultad de revocar dicho carácter y cualquier decisión sobre la modificación del estatus de autarquía de una entidad creada por el Congreso Nacional debe emanar exclusivamente del Poder Legislativo”.Advirtió que “el decreto 116/2025 del P.E.N. se trataría de un decreto delegado dictado en exceso, en tanto la interpretación del alcance de la delegación fijada en el art. 3 de la ‘Ley Bases’ debe ser integrada con el resto de la norma, en especial con el capítulo ‘II. Privatización’, en el que se excluyó al Banco de la Nación Argentina, como así también con el modo en que se desarrolló y se alcanzaron los consensos durante el debate parlamentario”.Ramos Padilla explicó que “será la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata la que, en definitiva, deberá decidir si corresponde o no mantener la decisión oportunamente dictada en esta causa que, además de considerar abstracta la cuestión, declaraba que la modificación de la situación jurídica de la entidad bancaria solo puede llevarse adelante mediante una ley formal dictada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y, eventualmente, analizar cómo afecta el ‘hecho nuevo’ incorporado por la actora, teniendo en consideración las alegaciones efectuadas por las partes y lo resuelto en su momento por este Tribunal".

La Justicia suspendió el decreto de Milei que transforma el Banco Nación en Sociedad Anónima

Juan José Cabanillas, abogado criminalista, analizó la investigación por la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el nene de 3 años que fue visto por última vez el sábado en un paraje cercano a la ciudad cordobesa de Bell Ville.En CNN Primera Mañana, contó que el padre del menor declaró “que no descarta que alguien tenga al niño retenido, se hace más fuerte el secuestro”.El letrado aseguró que “el fiscal federal, supongo, está tratando de ver que nombre le van a poner a la carátula. Una cosa es que se haya perdido de forma voluntaria y otra que se lo hayan llevado”.Además, contó que recorrió la zona de la desaparición y afirmó que es una zona “de fácil acceso, pero en un extravío tiene distintas dificultades. Cerca hay siembra de maíz, con más de 1 metro 70 de altura, eso dificultaría en caso de estar ahí, de encontrar el niño”.Juan José Cabanillas aseguró que “han perdido vista del menor de edad y pasó la desaparición del nene”.<blockquote>Sobre la aparición de una camioneta banca en la zona, afirmó que “un vecino contó que vio una chata blanca, la justicia ya ha tomado contacto con ese vehículo y ordenó allanamientos para dar con el dueño, pero también hay otros dos vehículos que se declararon en la zona, de la chata se sabe que entró en el predio”.</blockquote>Explicó que “están peritando si el niño estuvo en el vehículo, el caso es muy similar a Loan Peña, hay cosas para analizar, aunque en el caso de Loan había una preparación previa, pero en este caso parece que fue algo al azar”.El abogado criminalista también remarcó que “la fiscalía desplego un operativo rápido, se actuó de manera rápida, y al otro día estaba vigente la alerta Sofía”.Por último, adelantó que “los operativos de búsqueda se van a intensificar, se va ampliar la zona, pero con menos personas”.

Continúa la búsqueda de Lian y se investiga un posible secuestro

Un hombre, oriundo de Rosario, admitió haber originado el incendio forestal en el cerro Meta, Bariloche, el cual se desató el sábado y gracias a las lluvias y la labor de los brigadistas pudo ser combatido.En las últimas horas efectivos de la Comisaría 42° de Bariloche detuvo a un hombre de 45 años por provocar el incendio en el cerro Meta, el cual queda frente al lago Gutiérrez, al suroeste de Bariloche.<blockquote>Según se supo, en medio de la labor de los brigadistas, el sujeto señaló que el foco se inició al perder el control de una fogata que había encendido para secar la ropa que estaba mojada.</blockquote>En este sentido, el hombre señaló que nunca tuvo la intención de provocar un incendio, si no que la fogata que prendió se salió de control, por lo que dio aviso a las autoridades.De este modo, se concretó su detención y ahora la causa quedó en manos de la Justicia Federal, debido a que el incendio se desató dentro de un Parque Nacional.Medios locales informaron que, pese a que el foco ya fue contenido, las autoridades del parque Nahuel Huapi restringieron hasta nuevo aviso las actividades náuticas.Una buena noticia en torno al pronóstico de tiempo, es que para esta semana no se esperan ráfagas de viento que compliquen la labor de los brigadistas y expertos.

Un hombre admitió haber originado el incendio forestal en el cerro Meta

Los sindicatos docentes rechazaron la oferta del Gobierno de subir a $500 mil pesos el sueldo mínimo de los maestros (que es de $420.000 desde agosto pasado), mientras que las organizaciones del sector que integran la CGT ratificaron el paro nacional de 24 horas del próximo miércoles 5 de marzo.“Rechazamos la paupérrima propuesta salarial del Gobierno, repudiamos la pretensión de cerrar por decreto las negociaciones y confirmamos el paro nacional del 5 de marzo”, dijo Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT y líder de la Unión Docentes Argentinos (UDA).La reunión de la Mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado se realizó esta tarde en la Secretaría de Trabajo, con la presencia de los gremios del sector, el comité ejecutivo del Consejo Federal de Educación (CFE), integrado por los ministros de Educación provinciales, y representantes de las secretarías de Educación y de Trabajo, dependientes del Ministerio de Capital Humano.En un comunicado de prensa difundido tras la reunión, Capital Humano afirmó que, “a pesar del diálogo, siempre abierto por las Secretarías de Educación y de Trabajo de esta cartera durante el verano y que evidenciaba indicios de entendimiento, los sindicalistas rechazaron la propuesta sostenida por las 24 jurisdicciones y mantuvieron un paro claramente político, ya que las paritarias son provinciales, mientras perjudican a millones de niños y sus familias”.Fuentes oficiales aseguraron que los sindicalistas sabían que iba a hacerse el encuentro de esta tarde de la paritaria nacional docente cuando el jueves pasado anunciaron una huelga de 24 horas por el tema salarial, que hoy afectó de manera dispar el inicio de las clases en provincias como Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, San Juan, San Luis y Santa Cruz.<section class="noteSuggested" data-id="88736" data-title="Puede interesarte"></section>El paro del 5 de marzo complicará el comienzo de las clases en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.Esta tarde, la comitiva de los gremios docentes de la CGT estaba integrada por sus secretarios generales (Romero, de UDA; Sara García, de AMET, y Fabián Felman, CEA), pero no concurrieron los titulares de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso y Roberto Baradel, representados por otros dirigentes de la entidad. Por el Gobierno asistieron el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el de Trabajo, Julio Cordero, mientras que los ministros de Educación provinciales se conectaron de manera virtual.CTERA hizo un paro de 24 horas este lunes y rechazó la oferta del Gobierno, pero aún no decidió otra huelga nacional para el 5 de marzo. Lo debatirá en un congreso que tendrá lugar este jueves.Para el Ministerio de Capital Humano, según señaló en el comunicado de prensa, “la participación (en la reunión) tuvo el objetivo de colaborar en el diálogo de las provincias con los gremios para compensar la dispersión salarial entre los docentes de las 24 jurisdicciones, de manera que tengan un piso común equitativo”.“El mínimo ofertado por las provincias, a través del órgano de representación que es el CFE, para un docente de media jornada (4 horas) fue de 500 mil pesos desde febrero. Si bien las autoridades nacionales promovieron el diálogo entre las partes -agregó-, no se llegó a un acuerdo debido al rechazo de los gremios y al uso político de las medidas de fuerza en un contexto en que las paritarias provinciales aún están en plena negociación en varias jurisdicciones”.<section class="noteSuggested" data-id="88743" data-title="Puede interesarte"></section>De acuerdo con la declaración oficial, además, “Torrendell y Cordero señalaron que las puertas del Ministerio que dirige Sandra Pettovello están abiertas para el diálogo tripartito de manera de evitar la pérdida de días de clase de millones de niños, que es el bien superior a cuidar”.La última vez que se actualizó el salario mínimo docente fue en agosto de 2024, cuando el gobierno nacional lo llevó a $420.000. Las cifras de los salarios docentes muestran una enorme dispersión: en enero, en Catamarca el sueldo mínimo fue de $420.000, en línea con el piso salarial nacional –por debajo de la línea de indigencia–, mientras que en Río Negro fue de $931.186,El reclamo sindical incluye también la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una porción del salario que financiaba la Nación, y que fue interrumpida por el actual gobierno.&nbsp;Fuente: Infobae

Los sindicatos docentes rechazaron la oferta del Gobierno y ratificaron el paro del 5 de marzo

En una compleja votación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei quedó alineado por completo a la postura de Donald Trump, que buscó sin éxito que se aprobara una resolución más suave frente a Rusia. Es decir, que no mencionara como causal de la guerra en Ucrania la invasión de las fuerzas de Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022.Había dos resoluciones. La primera, una propuesta por Ucrania y la Unión Europea, en la que con el lenguaje tradicional desde hace tres años se condenaba la invasión. En esa votación, al igual que Estados Unidos, Argentina se abstuvo.La segunda resolución es un texto modificado que habían presentando los representante de Trump. Y como fue endurecido a través de una enmienda, tuvo 93 votos a favor, 8 en contra y 73 abstenciones, entre ellas las de Estados Unidos y Argentina.En la resolución original que propuso Estados Unidos, mucho más light y con el voto de Rusia -fruto del acercamiento de Trump y Putin-, Argentina acompañó, cambiando su posición histórica -la que condenaba siempre la invasión y los textos duros hacia Moscú-, ya que Milei era un aliado de Joe Biden en la arena internacional y también de Volodimir Zelenski.Las enmiendas fueron presentadas por Europa y Ucrania para endurecer la propuesta de Estados Unidos y poder votarla. Es decir, el texto de Trump, que ahora llamó "dictador" al presidente ucraniano y le reclama "minerales" de su país para ayudarlo, pedía un final rápido del conflicto sin hacer referencia a la integridad territorial de Ucrania, pero con las enmiendas de países europeos se introdujo esta referencia a la integridad territorial y pedían una "paz justa". Por eso, los representantes de Trump se abstuvieron, al igual que el representante argentino Francisco Tropepi por orden de la Rosada.<section class="noteSuggested" data-id="88736" data-title="Puede interesarte"></section>La otra resolución que aprobó la Asamblea General de la ONU es la que reitera su apoyo a Ucrania y a su integridad territorial. Recibió 93 votos a favor y 18 en contra, entre ellos el de Estados Unidos, Rusia, Nicaragua, Niger, Burundi, y 65 abstenciones, entre ellas la de Argentina, junto a Cuba, China, Brasil y Argelia. Pero el Gobierno, que estaba a favor de la resolución light, no apoyó, como Estados Unidos.El texto fue impulsado por Ucrania y sus aliados. Reitera el "compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania".Se podrían más cosas. Hasta hoy, Estados Unidos lideraba la posición que condenaba la invasión de Rusia y la imposición de sanciones en consonancia con Unión Europea y algunos países de otras regiones. Este lunes hizo un giro en ello de 180 grados, pero perdió las votaciones.<section class="noteSuggested" data-id="88722" data-title="Puede interesarte"></section>Con sus abstenciones, Argentina se acercó en todo a la posición de Trump porque no condena la invasión rusa. No copatrocinó como antes lo hacía las resoluciones presentadas por Ucrania. No se apega al principio de "integridad territorial" que utiliza el país en su reclamo al Reino Unido por Malvinas y ya no juega con Occidente, sino de manera personalizada con el presidente republicano.Milei se encontró tres veces con Volodimir Zelenski -la primera cuando el ucraniano vino a su asunción el 10 de diciembre de 2023- y hablaron por teléfono en varias oportunidades. Argentina comprometió un apoyo militar que al final no prosperó.&nbsp;Fuente: Clarín

El Gobierno se alineó con Estados Unidos en la ONU y se abstuvo de considerar que Rusia invadió Ucrania

Mariel Fornoni, directora de Management &amp; Fit, se refirió a la encuesta realizada luego de la crisis por la promoción de la criptomoneda $Libra por parte del presidente Javier Milei.En CNN Primer Mañana, afirmó que “tuvo un tráfico en redes muy, muy, amplio. Este fue un tema que se mantuvo en el tráfico en redes y en las noticias”.Explicó que la encuesta fue hecha en “en el AMBA ente el martes y miércoles y 9 de cada 10 sabían de la noticia, tuvo un alto impacto”.La analista política afirmó que “los resultados, son bastante fuertes, tienen que ver con este nivel de conocimiento del tema y que no aprueban que el presidente promueva estas inversiones, 8 de de cada 10 dicen que no es correcto”.Agregó que “cuando se pregunta la responsabilidad, casi el 50% cree que el presidente es el responsable, mientras que el entorno y los responsables de la criptomoneda aparecen con el 19 y el 16%”.Además, detalló que la encuesta de Management &amp; Fit marca que “tampoco creen que las respuesta del presidente fuera la apropiada, casi el 50% cree que fue inapropiado”.No obstante, Mariel Fornoni analizó que “hay que ver cuánto implica esta situación en el nivel de confianza del presidente, el 50% dice que ya no confía igual, en el largo plazo este tipo de cosas va mellando la confianza”.Detallo que “la gira por Estados Unidos podría haber sido más exitosa, estuvo mezclada con el criptogate, sumado a la situación en el Congreso que se habían dado pasos adelante para el nombramiento del juez Ariel Lijo y vuele para atrás. Estas cosas después hay que ver cómo afectan en su imagen y en lo electoral”.<blockquote>En este sentido, aseguró que “hubo otros temas como el financiamiento universitario o los aumentos a los jubilados que no afectó a la imagen presidencial o en su apoyo”.</blockquote>La analista, además, afirmó que “esto es un error no forzado, es algo que podría haber sido totalmente evitable, y la respuesta de Milei, disruptiva y poniendo la responsabilidad en el otro, también impacta”.<section class="noteSuggested" data-id="88588" data-title="Puede interesarte"></section>Explicó que “cuando se pregunta sobre la responsabilidad, la mayor parte se la lleva el presidente, creo que la estrategia de Santiago Caputo fue echarse la culpa el mismo para servir de para rayos”.Mariel Fornoni concluyó que “en otras situaciones con errores más ínfimos se ha echado a los responsables y esta vez no se tomo ninguna decisión”.

“Casi el 50% cree que el presidente es el responsable” del escándalo de la criptomoneda

Adrián Troccoli, abogado previsionalista, se refirió al aumento de las jubilaciones del 2,2% para marzo de 2025, según la movilidad jubilatoria implementada desde abril de 2024, que se ajusta mensualmente por inflación.En CNN Primera Mañana, el letrado afirmó que “la inflación se traslada a las jubilaciones, y la revisión que hizo el gobierno, es que le han ganado a la inflación porque la vienen pagando con demora de un mes el aumento, y el arrastre fue favorable, pero no para aquellos que cobran el bono”.Destacó que “el bono se mantiene por todo este año, lamentablemente sigue siendo una situación excepcional, y se mantiene en 70.000 pesos”.El abogado aseguró que “hay un haber mínimo, que se suma una suma fija de hasta 70.000 pesos. El haber mínimo está en 273.000. El que cobra más cobra una cifra para completar los 343.000 pesos”.Detalló que “en el último año, las jubilaciones que no cobra bono mejoraron un 16%”.Adrián Troccoli explicó que “el gobierno separa los que cobraron jubilación sin bono, como que tienen aportes de toda la vida, y tienen una pequeña mejora, y a los que tienen bono le hacen perder 4%”.Remarcó que “separa a los jubilados, según ellos, de los que tuvieron moratoria, y no diferencia a los que fueron autónomos toda la vida y quizás aportaron”.Además, el abogado previsionalista afirmó que “la persona que tiene 30 años de aporte cobra el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil o del haber básico, el mejor”.Y concluyó que “no se recuperaron los salarios de los años anteriores, a pesar de que este año pudieron mejorar”.

Las jubilaciones tendrán un aumento del 2,2% en marzo

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) dejó sin efecto la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2024 para la operación de la Vía Navegable Troncal Hidrovía, el principal corredor fluvial del comercio exterior argentino.La decisión, que se tomó en medio de fuertes controversias por la falta de competencia en el proceso, incluye además la remisión del caso a la Justicia para investigar posibles maniobras anticompetitivas. &nbsp;<blockquote>La licitación solo recibió una oferta, proveniente de la empresa belga Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME), tras la sorpresiva deserción de Jan de Nul, actual concesionaria del mantenimiento del dragado de la Hidrovía. En un escrito dirigido a las autoridades, Jan de Nul argumentó que se retiró del proceso debido a impugnaciones de sus competidores, una “durísima campaña mediática” en su contra y la exigencia de condiciones que, según la firma, excedían el alcance tradicional del servicio. &nbsp;</blockquote>La decisión de anular el proceso generó incertidumbre en la administración de Javier Milei. Funcionarios de la agencia realizaron frenéticas consultas con Casa Rosada luego de recibir una única propuesta, lo que terminó por definir la cancelación de la licitación. Ahora, el Gobierno deberá decidir cómo garantizar la continuidad del servicio en un tramo clave de la Hidrovía, que moviliza el 80% del comercio exterior del país y es fundamental para la competitividad frente a Brasil. &nbsp;<h3>El rol de Iñaki Arreseygor en la ANPYN &nbsp;</h3>El organismo encargado de llevar adelante la licitación y su posterior anulación está bajo la conducción del “honesto” Iñaki Miguel Arreseygor, abogado con un máster en administración de negocios y con trayectoria tanto en el sector público como en el privado. &nbsp;<blockquote>Arreseygor inició su carrera política como asesor en Asuntos Constitucionales y de Medios en el Senado de la Nación y luego trabajó en estudios jurídicos de renombre, como M&amp;M Bomchil y Marval, O’Farrell &amp; Mairal. Durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño, ocupó el cargo de gerente de Compras y Contrataciones en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. &nbsp;</blockquote>Su ascenso en la función pública se consolidó durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, donde en 2015 fue designado director provincial de Compras y Contrataciones en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Luego, pasó a ocupar un lugar clave en el sector empresarial como representante del Estado en Mirgor, empresa de Nicolás Caputo dedicada a la producción de aires acondicionados y celulares, en la que la Anses tiene participación accionaria. &nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="88663" data-title="Puede interesarte"></section>En mayo de 2024, reemplazó a Pablo Piccirilli como subsecretario de Puertos y Vías Navegables y, tras la disolución de la Administración General de Puertos (AGP SAU), fue designado como director ejecutivo de la ANPYN, el nuevo ente autárquico encargado de la gestión de la Hidrovía y los puertos nacionales. &nbsp;Ahora, bajo su gestión, la administración Milei enfrenta el desafío de rediseñar el proceso licitatorio para el mantenimiento de la Hidrovía en un contexto de fuerte incertidumbre y sospechas de competencia desleal. El Gobierno sigue esperando explicaciones de otras empresas que no participaron del proceso, mientras que aún no hay precisiones sobre cuándo se lanzará una nueva licitación. &nbsp;

El gobierno de Javier Milei anuló licitación de la Hidrovía

Desde el Comité Nacional de Defensa de Usuario Vial (CONADUV) un recurso de amparo con medida cautelar relacionado con los corredores viales concesionados bajo el régimen de peaje directo con cabinas de cobro en ruta.La presentación, que llega con la firma de Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, integrante del CONADUV, tiene como finalidad solicitar la eliminación definitiva de las estaciones de peaje y sus respectivas casillas de cobro existentes en los distintos corredores viales nacionales concesionados.Según fundamenta el texto, que cayó en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a cargo del Juez Hernán Sergio Viri, estas rutas son “caminos del dominio público abonados con creces con impuestos, sin caminos alternativos libres de pago y por la doble imposición a partir del Impuesto a los Combustibles”.<section class="noteSuggested" data-id="88683" data-title="Puede interesarte"></section>“El mayor objetivo es resguardar a los usuarios viales directos e indirectos de los abusos que sufrimos con un sistema de ‘falso peaje’ que actúa como un impuesto al tránsito, claramente inconstitucional, injusto, antieconómico e inviable técnicamente por el bajo caudal de tránsito, generando serios perjuicios sociales y económicos que afectan al usuario vial a toda la sociedad en su conjunto”, indicó Cadoppi.Además agregó que “se presentó un amparo contra el sistema de peaje que se pretende seguir implementando, por ser groseramente inconstitucional e inconvencional con relación al contrato de concesión de las rutas concesionadas, incluyendo todos los derechos reglamentarios dictados en consecuencia por resultar contrarios a los derechos contemplados en la Constitución Nacional, los tratados Internacionales de derechos humanos jurídicamente vinculantes”.Por su parte, desde el CONADUV se reitera la necesidad de implementar un “verdadero” Proyecto Vial, que contemple toda la red caminera del país, exhortando al Gobierno y a los legisladores, a que se asignen en forma efectiva los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles para el objeto que le dio origen.<section class="noteSuggested" data-id="88663" data-title="Puede interesarte"></section>“De esta manera se puede lograr el sostenimiento y mejoramiento del Sistema Vial Argentino garantizando condiciones óptimas de transitabilidad, ‘sin barreras’ y sin pago de peaje por parte de todos los usuarios viales”, señala el comunicado.

Presentaron un amparo contra el peaje en corredores viales nacionales

En el final de su discurso ante el CPAC, el presidente Javier Milei dijo que la Argentina “quiere ser el primer país del mundo en sumarse a este acuerdo de reciprocidad que pide la administración Trump en materia comercial”. Y agregó que si la Argentina no estuviera restringida por su pertenencia al Mercosur, una Unión Aduanera, “ya estaría trabajando en un nuevo Acuerdo de Libre Comercio con EEUU, que sea mutuamente beneficioso y que no cargue sobre la espalda de los trabajadores argentinos pero también de los americanos”.“Solo trabajando juntos aquellos que queremos un mundo libre podremos salir de la pesadilla del Estado omnipresente”, dijo el presidente argentino, que durante varios pasajes fue vitoreado por los asistentes al evento de la agrupación conservadora.El principio de “reciprocidad comercial” que propone Trump consiste en que dos países que comercian entre sí deben aplicarse recíprocamente el mismo nivel de tarifas producto por producto. Por caso, si el arancel de importación de hierro en EEUU es del 3%, el arancel para el hierro que aplique un país que comercia con EEUU debe ser también del 3 por ciento. Y de no ser así, está expuesto a algún tipo de represalia comercial por parte de Washington.<h2 style="margin-left:0px;">Advertencia</h2>Estados Unidos es uno de los países con más bajos aranceles del mundo, por lo que el principio significa que Trump está advirtiendo a casi todos los países del mundo que están a tiro de sus medidas de represalia comercial. En su campaña, Trump dijo una vez que la palabra “Tariffs” (tarifas, que es como en EEUU se refieren a los aranceles) es la palabra que más le gusta del diccionario.Un problema es que, como han señalado publicaciones influyentes y prestigiosas en materia de economía y política internacional como The Economist y Financial Times, el principio trumpista rompería con los principios de la OMC y del sistema de comercio internacional, que pivotea sobre la llamada cláusula de “Nación Más Favorecida”, que significa no que los países deban aplicarse aranceles recíprocamente iguales para los mismos productos, sino que un país no puede aplicar a otros países tarifas más altas de los que aplica al resto, salvo que se trate de asociaciones de tipo regional, como acuerdos de Libre Comercio o Uniones Aduaneras.Debe tenerse en cuenta también que los obstáculos o barreras que más dificultan el acceso de bienes argentinos al mercado norteamericano no son los aranceles, sino una miríada de regulaciones (fitosanitarias, ambientales, etc), cuotas y aplicación de medidas “compensatorias” y “antidumping” que suelen dejar fuera de la cancha, o limitar su espacio en la misma, a productos argentinos como los biocombustibles, el aceite de soja, las carnes, los cítricos frescos o en jugo concentrado, la miel y el maní. Recientemente, además, Trump anunció aranceles extraordinarios del 25% al acero y al aluminio, sin excluir a la Argentina, a los cuales ya aplica un monitoreo y limitación a través de los sistemas SIMA (Steel Imports Manufacturing Analysis) y AIM (Aluminium Import Monitoring). Este sobre-arancel empezaría a regir el 12 de marzo y afectaría las colocaciones de Tenaris (empresa del grupo Techint) y de Aluar en EEUU. En el caso de esta última, se trata de casi USD 600 millones anuales, que explican el 55% de sus exportaciones totales.Por otra parte, el principio de reciprocidad se vería adicionalmente complicado por el hecho de que EEUU consideraría al IVA (impuesto que no aplica internamente) en sus cálculos. Además, como el propio Milei reconoció, si la Argentina no puede, por su pertenencia al Mercosur, negociar un Acuerdo de Libre Comercio con EEUU, la pertenencia al bloque sudamericano también le complicará o impedirá su eventual adhesión al principio de “reciprocidad comercial”, porque este también rompería el principio de arancel externo común que implica la pertenencia al Mercosur.A continuación, una enumeración sobre los tipos de acuerdos de integración comercial o económica más comunes.Acuerdo de Complementación EconómicaSe realizan entre algunos países, pero limitados a ciertos productos.Un acuerdo de ese tipo haría, por caso, que la Argentina rebaje aranceles a la importación de ciertos productos con EEUU a cambio de un mejor acceso al mercado norteamericano. Claro que para eso la Argentina debería previamente lograr algún tipo de dispensa o permiso de sus socios del Mercosur, una Unión Aduanera, que implica un arancel externo común respecto del resto del mundo. O salir del Mercosur.En 2016 el entonces ministro de Producción, Francisco Cabrera, junto con una comitiva integrada por el entonces embajador en EEUU, Martin Lousteau, y representantes de 40 empresas radicadas en la Argentina que comercian activamente con los EEUU firmó con la secretaria de Comercio de los EEUU, Penny Pritzker un “Acuerdo de Flexibilizacion del Comercio”, en el marco de las normas de la OMC, que formaban parte del Acuerdo de Diálogo Empresarial. Declaraciones previas de Cabrera habían generado la expectativa de un “Acuerdo de Libre Comercio”, que el propio Cabrera debió desactivar. La “flexibilización comercial” tampoco fue muy lejos.Acuerdo o Tratado de Libre ComercioEs un paso mucho más avanzado pues implica llevar a cero los aranceles de importación en todas las posiciones arancelarias para el comercio entre los países firmantes.A su vez, este tipo de acuerdos es más flexible que la Unión Aduanera pues permite que los socios del Acuerdo puedan, a su vez, firmar acuerdos de Libre Comercio con otros países, pero no extensibles a sus socios del acuerdo inicial.Claro que este tipo de reglas está sujeto a las leyes del poder. El propio Trump fue quien redefinió, en su primer gobierno, los términos del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (más conocido aquí como “Nafta”) en un nuevo acuerdo, conocido como USMCA, en referencia a sus tres firmantes, EEUU, México y Canadá. Sin embargo, apenas asumió su segundo mandato, los primeros países a los que impuso aranceles (aunque luego los “pausó” por 30 días) fueron a México y Canadá.Unión AduaneraEs un paso adicional en el grado de integración pero limita los grados de libertad sus socios para negociar con terceros países. El caso más a mano es el Mercosur que conforman la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: implica en principio la rebaja o eliminación de aranceles al comercio entre los miembros del bloque (aunque el Mercosur está plagado de excepciones sectoriales, como el acuerdo automotor) y la imposición de aranceles externos comunes respecto del resto del mundo.Es esta última condición la que en principio impediría a la Argentina firmar un Acuerdo de Libre Comercio con EEUU y a la vez seguir siendo miembro del Mercosur. Y es la crítica principal que Milei le hace al Mercosur, del que piensa que se convirtió en una suerte de “fortaleza” proteccionista.Unión Monetaria y PolíticaEs el nivel más avanzado de integración. El ejemplo más claro al respecto es la Unión Europea tras un recorrido de varias décadas que se inició precisamente con un acuerdo de complementación, la “Comunidad Europea del Carbón y del Acero”, un tratado firmado en 1951 entre solo seis países (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos) pero que con el tiempo dio lugar, vía sucesivas extensiones y redefiniciones, a la Unión Monetaria y Política.Esta implica no solo libertad de comercio (arancel cero) entre los miembros, sino también una moneda, una política monetaria común (e incluso pautas fiscales) comunes, algo que en el caso europeo se dio a través la creación del euro y el Banco Central Europeo (BCE) y de una serie de acuerdos y reglas, desde movimiento de personas y acuerdos fronterizos, de transporte, sanitarios, etc, a partir de negociaciones a nivel del bloque y de la constitución de cuerpos de tipo legislativo y ejecutivo como lo son el Parlamento y la Comisión Europea.<h2 style="margin-left:0px;">Lo que más hay</h2>El experto Marcelo Elizondo recordó a Infobae que los Acuerdos o Tratados de Libre Comercio, cuya proliferación se aceleró a principios de los 90s, tras la caída del Muro de Berlín, son el tipo de acuerdo comercial más frecuente, al punto que la Organización Mundial de Comercio lista actualmente 372 en vigencia, desde los menos de 90 que había a principios de aquella década.Elizondo también recordó que, según datos del Banco Mundial, el 70% del comercio mundial de bienes y servicios se realiza con arancel cero o aranceles reducidos por algún tipo de acuerdo entre las partes, algo que se explica por la tendencia a la globalización que en el siglo XXI agregó además la estandarización de cuestiones regulatorias, ambientales, fitosanitarias y hasta de género, algo que genera el fuerte rechazo de jefes de Estado como Donald Trump y Javier Milei.Fuente: Infobae.&nbsp;

Qué significa el acuerdo de “reciprocidad comercial” de Trump al que quiere sumarse el gobierno de Milei

Los vehículos particulares nuevos deberán someterse a su primera inspección técnica obligatoria una vez que hayan transcurrido 60 meses desde su registro como 0 km, según las recientes modificaciones anunciadas en la Ley Nacional de Tránsito. Este cambio redefine el calendario de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida también en diversas regiones como Verificación Técnica Vehicular (VTV), con la intención de establecer nuevos periodos para las revisiones de los automóviles.En cuanto a los vehículos con entre 5 y 10 años de antigüedad, las inspecciones técnicas deberán efectuarse cada 24 meses, lo que representa una variación respecto al esquema vigente hasta ahora. Por otro lado, se mantendrá la obligatoriedad de las revisiones anuales una vez que el vehículo supere los 10 años en circulación, lo cual coincide con la normativa que venía aplicándose en esa categoría.Los cambios en esta normativa fueron anunciados recientemente, y los detalles se conocieron a lo largo de esta semana. Las modificaciones buscan optimizar los plazos establecidos para garantizar la seguridad y mantenimiento del parque automotor en el país, adaptándose a las necesidades de los conductores y sus vehículos.Según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, el actual sistema de inspecciones técnicas vehiculares en Argentina podría experimentar cambios significativos. Entre las propuestas, se prevé la descentralización de estas verificaciones, permitiéndose realizarlas no solo en dependencias estatales sino también en talleres particulares habilitados y concesionarias oficiales. Adorni calificó el proceso vigente como “engorroso y muy costoso”, lo que ha impulsado la intención de optimizarlo.En cuanto a los vehículos de uso comercial, se establece que deberán someterse a inspecciones técnicas una vez cumplidos los dos primeros años desde su fabricación. Posteriormente, estos controles serán obligatorios cada dos años hasta que el vehículo alcance los diez años de antigüedad. Sin embargo, es relevante aclarar que la implementación de estas modificaciones dependerá de las decisiones adoptadas por cada provincia, ya que tienen la facultad de adherirse o no a las reformas propuestas.Con esta medida, las autoridades buscan agilizar el sistema de inspección y reducir los costos asociados, aunque el debate sobre su adopción está sujeto a las normativas locales en cada jurisdicción del país.

Cuáles son los nuevos plazos para la VTV, dónde se puede hacer y qué pasará con las licencias

Luego de que el Gobierno declarara nulo el proceso de licitación del dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná, el ex presidente Mauricio Macri apuntó contra Santiago Caputo y lo acusó de estar detrás de una "comisión trucha que termina siendo un sobrecosto monumental para los productores"."Nosotros, en nuestro gobierno hemos hecho miles de licitaciones de las cuales nunca alguien impugnó. Ellos tienen que explicar por qué fracasó", sostuvo Macri sobre la licitación que el Gobierno de Milei declaró nula, en medio de acusaciones contra él por supuestas presiones para favorecer a una empresa."Ellos tienen que explicar por qué fracasó esa licitación y yo le voy a contestar la semana que viene. El señor Caputo es el único responsable de haber constituido esa comisión oscura con un río oscuro que evita la competencia", siguió el ex mandatario, en una visita que hizo hoy a Arrecifes.A través de una cuenta que se le atribuye en las redes sociales, Caputo había apuntado directamente contra Macri. "¿Cómo que la misma empresa que denunció direccionamiento en la licitación de la Hidrovía es la única que se presentó para manejar la Hidrovía?", dijo el asesor presidencial.Puntualmente, desde un sector de La Libertad Avanza deslizaban que Macri buscaba favorecer a la firma neerlandesa Boskalis, por su cercanía con la reina Máxima Zorreguieta. Si bien la Justicia le dio la razón al Gobierno y rechazó los planteos que hizo contra la licitación la empresa belga Dredging Environmental and Marine Engineering NV (DEME), un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), basado en denuncias de la Coalición Cívica generó ruido por las supuestas "irregularidades" del proceso.<section class="noteSuggested" data-id="88662" data-title="Puede interesarte"></section>Pero las críticas de Macri no se quedaron solamente en la figura de Caputo, sino que también señaló a los otros integrantes del triángulo de hierro: Javier y Karina Milei.Sobre el actual mandatario, se quejó del "destrato y la descalificación" que recibe el PRO en las negociaciones por una eventual alianza electoral con La Libertad Avanza. Recordó que el PRO, "que no es oficialismo", ayudó a LLA en el balotaje para "ganar, fiscalizar y darle gobernabilidad durante todo este año y medio". En ese sentido, también destacó los votos negativos en el Senado para la conformación de una comisión investigadora contra Milei por el escándalo cripto.Y sobre una eventual alianza electoral PRO-LLA, aseguró: "No estamos tan bien en las probabilidades"."El presidente el otro día dijo que, de 1 a 10, él quiere una alianza en un nivel 10. El problema es que él dice que se maneja con un triángulo de hierro y parece ser que los otros dos -por Karina Milei y Caputo- quieren cero", expresó. Entonces, evaluó Macri, "no es muy difícil: 10 más 0, más 0, es igual a 10, dividido tres da 3,33, así que no estamos tan bien en las probabilidades de la alianza electoral", aseguró Macri.<section class="noteSuggested" data-id="88658" data-title="Puede interesarte"></section>El miércoles 12 de enero, el Gobierno declaró nula la licitación de la Hidrovía, después de que en la apertura de sobres se presentara una sola compañía.Se trata de la oferta que hizo la empresa belga Dredging Environmental and Marine Engineering NV (DEME), que desde el principio denunció que el pliego estaba confeccionado para que ganara la también belga Jan de Nul, anterior licenciatario de la concesión hasta 2021 y que sigue dragando la Hidrovía.Las otras interesadas, además de Boskalis, eran la neerlandes Van Oord y la china Shanghai Dredging Company (SDC), esta última excluida desde el comienzo.El Gobierno, a través de Manuel Adorni, informó que investigarían a DEME, el único oferente. El armado de esa comisión investigadora es lo que despertó el enojo de Macri y las críticas que el expresidente lanzó contra Santiago Caputo desde Arrecifes.Se estima que el negocio podría dejar en 30 años entre 7.500 millones y 20.000 millones de dólares.En las últimas horas, el director ejecutivo de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, redobló los cuestionamientos del Gobierno nacional. Denunció ante la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados un "sabotaje" coordinado por empresas y actores de la política al proceso de licitación.<section class="noteSuggested" data-id="88637" data-title="Puede interesarte"></section>Se refirió a intereses para "voltear" el procedimiento. A criterio de Arreseygor, fue “una operación sin precedentes” y apuntó, entre otros nombres, al "ex ministro de Transporte (Guillermo) Dietrich, por supuesto el ex presidente Mauricio Macri" y a estudios de abogados.&nbsp;Fuente: Infobae

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