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Procesan a un matrimonio y su hijo por trata laboral en quintas

La Justicia constató que nueve personas eran explotadas laboralmente. Se ordenó el decomiso preventivo de los predios y la registración de los trabajadores.

Por Redacción LP

jueves 18 de agosto, 2016

Nueve personas eran explotadas laboralmente por una pareja y su hijo en dos emprendimientos agrícolas en la zona de Sierra de los Padres. En la resolución también se hace hincapié en la situación de vulnerabilidad que se encontraban las víctimas.

Una investigación de la Fiscalía Federal Nº2, a cargo de Nicolás Czizik, terminó con un allanamiento donde se encontraron nueve personas que eran explotadas laboralmente, en su mayoría de Bolivia, en dos emprendimientos agrícolas situados sobre la ruta 226, camino a Sierra de los Padres. Los tres responsables de las quintas fueron detenidos.

Luego de las declaraciones testimoniales prestadas y la inspección realizada en el lugar por las autoridades judiciales, el juez federal Santiago Inchausti resolvió el procesamiento, sin prisión preventiva, de Severino Villarrubia, Cresencia Sánchez Orosco y Erwin Villarrubia Sánchez, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de víctimas, por la participación de tres personas y por el abuso de su situación de vulnerabilidad.

El magistrado señaló “el deterioro de las condiciones de vida” y “la extensión abusiva de las jornadas laborales, la falta de horas y días de descanso, retribuciones por debajo de los mínimos que rigen la actividad y con modalidades de pagos abusivas”.

Además, la resolución judicial reparó en que las víctimas, a excepción de una trabajadora, son migrantes, y la gran mayoría tiene primario incompleto.

La causa se inició a través de una denuncia anónima de una persona que acudió a la sede de la Dirección Nacional de Migraciones que explicó lo que se vivía campo adentro, “cobrando un jornal ínfimo en virtud de las deducciones que el encargado le realiza en concepto de alimentos y servicios”.

Los allanamientos se realizaron el 14 de junio, a partir de la investigación y las tareas de inteligencia desarrolladas por personal de la Prefectura Naval Argentina. Nueve días después, se hizo la inspección judicial: “El acta labrada en dicha oportunidad da cuenta de las condiciones precarias -habitacionales, servicios básicos y necesarios en lo cotidiano- en que habitan las personas y grupos familiares que allí trabajan y viven”.

En la resolución, el juez ordenó dar continuidad a las medidas que garantizan una correcta materialización de los derechos de las víctimas, como asegurar la vivienda a los trabajadores que se hallan en el predio allanado; y regularizar la situación laboral y salarial conforme a la ley vigente.

A su vez, resolvió un embargo sobre los bienes y/o dinero de los imputados y dispuso el decomiso preventivo de los predios rurales allanados y de los elementos de trabajo.

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