Buscan prohibir nombramientos y contrataciones de familiares en cargos públicos

El diputado Guillermo Castello elevó un proyecto que prevé la prohibición de aquellas designaciones de familiares en el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cuestionó el aprovechamiento de funcionarios para nombrar a parientes en cargos jerárquicos.

Por Redacción

viernes 21 de octubre, 2016

El diputado provincial por Cambiemos, Guillermo Castello, presentó esta semana un proyecto de ley que prohíbe los nombramientos y contrataciones de parientes por parte de los funcionarios públicos de los tres poderes y de las empresas del estado provincial.

En una conferencia de prensa realizada en el local partidario de la Coalición Cívica, el diputado marplatense explicó los alcances de su proyecto de ley: “establece que todos los funcionarios públicos provinciales tendrán prohibido realizar nombramientos y designaciones permanentes o provisorias de parientes consanguíneos o por afinidad, cónyuges o parejas convivientes, quedando exceptuados los casos en que mediaren procesos de selección competitivos o meritocráticos, como concursos públicos”, especificó Castello.

El proyecto también dispone sanciones para quienes contraten o designen parientes: “Las designaciones efectuadas en violación de la ley serán nulas, y el que efectúe el nombramiento, como así también su beneficiario, podrán ser sancionados con inhabilitación para ejercer la función pública por hasta cinco años, además de tener que devolver lo percibido indebidamente”, puntualizó el legislador de la Coalición Cívica.

En tanto, Castello dijo: “El proyecto prohíbe y sanciona los nombramientos en el sector público motivados por el parentesco porque constituyen una variante de clientelismo político, son una manifestación de corrupción estatal y un abuso de poder que perjudica a postulantes idóneos y competentes que tienen una real vocación por acceder a la función pública”

Finalmente, Castello detalló los objetivos de su proyecto de ley: “Apunta a promover una meritocracia republicana, a garantizar la autonomía de la Administración Pública respecto al poder político, a consolidar una burocracia profesional y a promover la igualdad de oportunidades para acceder al empleo público en la Provincia”.

 


 

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