Cesantearon a tres agentes municipales condenados por licencias truchas

El intendente Carlos Fernando Arroyo definió cesantear a tres agentes municipales involucrados en la causa penal por licencias de conducir adulteradas, comenzada en 2014.

Por Redacción

martes 17 de enero, 2017

El intendente Carlos Fernando Arroyo definió cesantear a tres agentes municipales involucrados en la causa penal por licencias de conducir adulteradas, comenzada en 2014.

Esta decisión pone punto final a la investigación administrativa, y a través de la misma, se desafectó a Brenda Nerea Burgos Calle, Ester Aída Machín y Jorge Carmelo Rubilar, declarados culpables en la causa penal "Belmonte, Juan Carlos y otros. Asociación ilícita, falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La medida fue adoptada por el Jefe Comunal tras la ardua tarea de la Dirección de Sumarios dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, y rubricada por el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente. Por otra parte, fue “sobreseída definitivamente” la agente Sabrina Soledad Morel en razón de “haber revestido solo el carácter de indagada”.

En el sumario administrativo se han utilizado, entre otros, elementos probatorios recolectados en la causa penal con fecha 15 de septiembre de 2016, cuando el juez Pablo Viñas resolvió condenar a Burgos Calle a la pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos en razón de hallársela coautora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y cohecho pasivo.

Por su parte, Machín fue condenada a la pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso e inhabilitación especial por el plazo doble de la condena para el ejercicio de cargos públicos, más multa de mil pesos, en razón de hallársela coautora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y autora de delito de tenencia ilegal de arma de uso civil.

En tanto, Rubilar resultó condenado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos en razón de hallárselo coautor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación ideológica de documentos públicos y cohecho pasivo.

 

 


 

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