Cuevas financieras: sostienen los procesamientos de los imputados
En el marco de la megacausa que investiga delitos por parte de una organización acusada por “la venta ilegal de divisas, asociación ilícita y lavado de dinero”, se desarrolló este lunes una extensa audiencia que contó con la palabra de 12 abogados defensores y del fiscal Daniel Adler, acompañado por la fiscal del caso Laura Mazzaferri. Las defensas de los imputados realizaron sus exposiciones y realizaron diversos cuestionamientos a la investigación.
Los jueces que integran la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata deberán ahora resolver, por un lado, los procesamientos de los 25 acusados en el marco de la megacausa por cuevas financieras, y por otro, deberán expedirse sobre el recurso fiscal sobre la no fijación de aquellas prisiones preventivas solicitadas.
Los magistrados Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel escucharon en primer lugar a todos los abogados defensores, quienes cuestionaron los procesamientos de sus defendidos, pidieron la revocatoria y su sobreseimiento.
Entre los principales fundamentos, cuestionaron las escuchas telefónicas como pruebas y hablaron de vínculos entre los imputados “no probados”. La mayoría negó la intervención de sus clientes en la asociación ilícita y adujeron que no se describió la misma ni cómo afectó al orden público; y cuestionaron la aplicación de la figura de intermediación financiera.
Por otra parte, adujeron que los millones encontrados eran fondo propio y coincidieron algunos en que se afectaron garantías constitucionales. Hablaron dos de ellos de informes ideológicamente falsos de la Gendarmería Nacional a cargo de las tareas de inteligencia y casi todos repararon en una falta de precisiones en los hechos imputados.
“Estamos frente a una estructura criminal aceitada que ha estado oculta, porque no había antes normativa que permita la intervención de la Justicia. Son delitos de cuello blanco”, sostuvo por su parte el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones, Daniel Adler, acompañado por la fiscal del caso, Laura Mazzaferri.
Según recordó el representante del Ministerio Público Fiscal, la causa se inició a través de una presentación de representantes del Banco Central ante la Procelac, donde revelaron no sólo posibles irregularidades en el régimen penal cambiario sino también la comisión de delitos federales como la intermediación financiera.
Adler planteó más adelante que las casas de cambio involucradas no tenían autorización del Banco Central para las operaciones de intermediación financiera que realizaban ni las operaciones de cambio, que se realizaron –entonces- “al margen de la ley”.
El fiscal general habló de la estructura que sostenía la asociación ilícita que se les imputa a los acusados en esta causa. Marcó en una primera instancia a las agencias que “bajo fachadas legales, realizaban actividades ilegales”, como Transcambio, Jonestur y Eurocity/Intercambio, cuyos directivos quedaron implicados. En un segundo rol, dijo, están aquellas personas que llevaban dinero entre las empresas: “Había una provisión común de la masa monetaria”, señaló. En el tercer eslabón del gráfico estaban los denominados “arbolitos”, quienes actuarían con tenencia de armas y connivencia policial, de acuerdo a la investigación del MPF. “Estamos frente a una estructura perfectamente organizada”, afirmó el fiscal.
A su vez, el fiscal ante la Cámara de Apelaciones mostró a los jueces y abogados defensores una serie de imágenes, que constan en el expediente, y que dieron sustento a su presentación. Se mostró la zona de avenida Luro entre Independencia y Catamarca, allí donde los “arbolitos” tenían dominio territorial, ofrecían cambio y los autos en doble fila eran parte del paisaje, ante la inactiva presencia policial.
Cabe señalar que la hipótesis del Ministerio Público Fiscal fue –desde un comienzo- un posible vínculo de esta organización con el lavado de dinero, y así lo avaló un reciente informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), donde se habla de una “altísima probabilidad” de que este flujo de dinero sea producto del lavado.
En un tramo de su alocución, el fiscal remarcó en relación a las intervenciones telefónicas, la necesidad de acudir a este elemento de prueba, precisamente porque se está frente a criminalidad organizada, a delitos de cuello blanco; y citó todas aquellas acciones por las que no se habían producido violaciones de las garantías constitucionales que objetaron las defensas.
