Procesan a un hombre y a su suegra por explotar trabajadores en una quinta

Están acusados de sacar provecho de la situación de pobreza de nueve ciudadanos de Bolivia, al explotarlos en un predio de Sierra de los Padres. Entre los empleados, habría tres menores y una de ellas estaba en situación migratoria irregular.

Por Redacción

jueves 16 de marzo, 2017

Un hombre y su suegro fueron procesados en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal N°2 por estar acusados de sacar provecho de la situación de pobreza y vulnerabilidad de nueve empleados de nacionalidad boliviana en un predio de Sierra de los Padres, entre quienes había tres que eran menores y una de ellas se encontraba en situación migratoria irregular.

En el marco de la causa, luego de escuchar los testimonios de las víctimas y los imputados, recolectar toda la prueba y realizar una inspección ocular en el predio allanado, el juez Santiago Inchausti resolvió procesar a Toribio Jesús Gareca Gutiérrez (con prisión preventiva) y Lucrecia Arenas Baldiviezo (sin prisión preventiva por tener niños a cargo), quien resulta ser la madre de la esposa de su coimputado.

La investigación surgió a partir del testimonio de una niña de 15 años, quien había logrado escaparse de la quinta de la zona de Sierra de los Padres donde era explotada. Un taxista encontró a la adolescente llorando en el centro de la ciudad y la llevó hasta la sala de salud “La Peregrina” para pedir ayuda. Lo que tenía claro era que a la “Quinta Gareca” no quería volver: contó que allí sus hermanos le habían pegado, que tenía que trabajar 14 horas diarias, limpiar la casa, cocinar y hacerse cargo del cuidado de sus sobrinos, bajo la mirada cómplice del dueño del lugar de explotación. Tenía prohibido salir, y la desobediencia le costaba agresiones y amenazas. Ella había llegado con 13 años y el anhelo de estudiar pero nunca pudo ir a la escuela.

El avance de la pesquisa derivó en varios allanamientos, entre ellos el del predio rural conocido como “Quinta Gareca” –y el predio de enfrente- ubicado a tres kilómetros de la ruta provincial 226, a la altura del kilómetro 17,7, Pasaje El Coyunco, sobre la mano que va sentido a Tandil. Allí, se encontraron ocho personas captadas en Bolivia –entre ellas dos adolescentes de 17 años, uno con una situación migratoria irregular- que vivían en precarias condiciones habitacionales y en situación de explotación.

El magistrado, además, mandó a trabar embargos sobre los bienes y dinero de los procesados por un millón de pesos y el decomiso preventivo –que garantice el reparo a las víctimas- del predio rural y de la camioneta 4x4 de los dueños de la quinta.

Consentir la explotación

Si bien algunas de las víctimas manifestaron hallarse a gusto trabajando y viviendo en el predio, o querer seguir allí al menos hasta el final de temporada, a pesar de las condiciones en que se encontraban, el juez Inchausti señaló: “Sus expresiones y el consentimiento que directa o indirectamente hubieran prestado para su acogimiento en el lugar, deben ser analizados partiendo del contexto social al que pertenecen, su situación económica, cultural, administrativa, su pertenencia a la población trabajadora de origen extranjero y/o migrante, lo que los ubica entre los colectivos más vulnerables al empleo irregular y a la explotación laboral”.

Enseguida marcó que tal suerte de “voluntad”, “no implica la ausencia de indicadores de trata y reducción a la servidumbre, sino la presencia de otros elementos, como las carencias sufridas en sus lugares de origen y una situación de vulnerabilidad y desamparo extremas que, en un país y una sociedad completamente ajenas, viene a robustecer, en la víctima, la percepción de ausencia de mejores opciones de vida y su no reconocimiento de tal condición”.

 


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