El uso de la Emergencia, entre la necesidad y el discurso por “la herencia”
Se habló mucho de “La Pesada Herencia”. Desde el Gobierno nacional, provincial y municipal aseguraron haber recibido una administración “devastada”, sin recursos y con “bombas en el camino”, lo que obligaba a dar pequeños pero firmes pasos para evitar mayores inconvenientes. En este contexto, los respectivos funcionarios de cada órbita informaron que debieron tomar medidas que tengan como fin revertir en el corto plazo una pálida situación en muchas áreas propias del Estado y también de aquellos sectores que sufrieron los últimos años.
Una de las medidas empleadas ante el razonamiento que usó el Gobierno fue la utilización de decretos de emergencia, mediante órdenes directamente de presidencia o bien pasando por las instancias legislativas correspondientes.
La emergencia es un recurso que puede impulsar el Ejecutivo o proponer algún sector político. Suele pensarse y ejecutarse cuando se requiere, por ejemplo, una mayor atención en determinada área estatal o sector en particular o bien un uso de esos fondos más veloz y eficaz, dejando de lado la denominada burocracia. Es decir, que una licitación para una obra, por hacer una mención, puede omitirse para dar lugar a una compra directa, evitando engorrosos plazos.
También suelen designarse comisiones especiales entre el ámbito público y privado para dar seguimiento a una serie de medidas especiales que anteriormente no eran contempladas. Se prevén asistencias nuevas del Estado como exenciones de impuestos, entre otras modalidades que pueden ser bien específicas o generales.
Esta herramienta fue considerada en diversas oportunidades por Cambiemos, desde diciembre de 2015. Desde el presidente Macri, pasando a la gobernadora Vidal o bien el propio intendente Carlos Arroyo, quien no tardó en difundir en qué estado recibió la comuna. “Trabajamos casi sin recursos, con las ruinas que recibí”, aseguró el jefe comunal en distintas conferencias de prensa, en la cuales se lo vio preocupado, pero convencido de sus actos.
Pese a algunos escollos, que la oposición o que el propio Gobierno trató de impedir, las emergencias terminaron saliendo. Ahora, su implementación no ha tenido el impacto esperado, al menos así lo afirmaron una serie de entrevistados que consultó Radio Mitre Mar del Plata, que dialogó con distintos referentes que han estado involucrados en áreas sensibles para la ciudad y la Provincia. Al respecto, vamos a escucharlos y saber cuál está siendo su presente, con sus respectivas emergencias ya aprobadas y homologadas.
A mediados de diciembre pasado, el Gobierno nacional declaró hasta 2018 la Emergencia en Adicciones con el objetivo de dar a la compleja problemática un “abordaje integral”, según se explicaba en el decreto publicado en el Boletín Oficial. Sin embargo, a nivel provincial, ese tratamiento no se vio reflejado en avances y sólo parece vislumbrar un difuso horizonte.
A finales de enero, Patricia Segovia presentó su renuncia a la Subsecretaría de Adicciones y, desde entonces, el cargo permanece acéfalo. Pero con la salida de la funcionaria provincial, tampoco se ha podido aprobar una ordenanza clave, con la cual se busca regular la habilitación de los centros de días dedicados al tratamiento de adicciones.
La reglamentación es esperada en Mar del Plata, ya que la reapertura del paraje San Francisco, que pretende dar contención a cientos de jóvenes, depende de ello. Sin embargo, pese a estar en un contexto de emergencia desde hace 3 meses, aún no hay novedades y preocupa la falta de políticas en una temática tan sensible.
Fabián Messina, titular de Posada del INTI, la ONG especializada en el tratamiento de personas adictas, manifestó a El Marplatense su preocupación sobre el escenario que atraviesa al abordaje de adicciones a nivel local.
Otro de los sectores que no ha visto los buenos frutos de la “emergencia” ha sido el frutihortícola. Desde septiembre pasado, con el fuerte vendaval que azotó a la ciudad y la región, que las producciones locales se han visto seriamente afectadas. Fue en ese marco que el Gobierno provincial decidió declarar la emergencia del sector para brindar un “auxilio” más rápido a todo el cordón frutihortícola.
Sin embargo, los productores aseguran que aún están a la espera de que lleguen los insumos prometidos desde el año pasado por parte de Provincia. La situación se agravó todavía más con el último temporal de febrero, que en una de las mayores épocas productivas ocasionó graves pérdidas que aún son motivos de lamentos en la producción local.
A más de un mes de aquel temporal, tampoco llegó la ayuda “extra” que había sido prometida desde el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, según denunciaron desde la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredon.
El cordón frutihorticola pide por la prórroga de la emergencia, que vence este 31 de marzo, pero no oculta dudas sobre si eso garantizará el respaldo que exigen desde hace meses al Gobierno. El presidente de la asociación, Ricardo Velimirovich, se refirió a la situación que atraviesa a los productores y aseguró que “hoy en día el Estado no está preparado para atender en emergencias”:
En materia social también abundan las críticas. A mediados de diciembre el Congreso dio sanción a la ley de Emergencia Social pero, a la fecha, si bien el Gobierno desmiente demoras en su reglamentación, diversas organizaciones sociales apuntan contra la falta de avances que se registra en la temática y han visibilizado su malestar con diversas movilizaciones en los últimos meses.
En este marco, el Ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, brindo detalles al programa Hoy Es Mejor de los alcances que contempla la declaración de Emergencia Social y señaló que se encuentra en los pasos finales para que ya se reglamentada en la Provincia:
Por su parte, Rodrigo Hernández, referente del movimiento social Barrios De Pie, reconoció demoras en la aplicación de la ley y critico la falta de abordaje social:
Distinto es el panorama que se traza a nivel local sobre la violencia de género. Después de lo que había sido la multitudinaria marcha de Ni Una Menos, en junio pasado el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto que declaraba la emergencia en la materia dando los recursos y herramientas para ampliar, entre otras cuestiones, la protección a las víctimas de este tipo de violencia.
Consultada por este medio, la titular de la Dirección de la Mujer, Susana Mercado, aseguró que hubo aspectos positivos desde la puesta en marcha de la ordenanza y enumeró los principales avances logrados en los últimos meses:
En la misma sintonía se manifestó el Secretario de Hacienda de la comuna, Gustavo Schroeder, quien trazó un balance positivo de la emergencia económica, financiera y administrativa, que fue prorrogada por seis meses más a fines de diciembre pasado.
En diálogo con El Marplatense, el funcionario reconoció que la herramienta fue de utilidad para el Ejecutivo municipal, en un contexto delicado para la realidad de las arcas comunales. Pese a ello, aclaró que la emergencia no es por sí sola una solución a la cuestión de fondo ni una “medida suficiente” como para lograr reducir los montos del déficit y la deuda:
Si bien según el sector y el contexto los resultados pueden merecer críticas y cuestionamientos varios, el uso de la herramienta de la “emergencia” sigue siendo una dinámica de trabajo solicitada y que se busca como la “solución” que permitirá atender los reclamos de distintos frentes.
Durante su reunión a principios de febrero con el Presidente Mauricio Macri, empresarios portuarios vieron con muy buenos ojos la posibilidad que planteó el mandatario de declarar la emergencia del Puerto local, ante la necesidad de imperiosas respuestas en el sector.
Así se manifestaba a Radio Mitre Mar del Plata el gerente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas, Oscar Fortunato, tras el encuentro con Macri:
A 16 meses de la asunción del Gobierno de Cambiemos en la órbita nacional, provincial y municipal, surgen más dudas que certezas ante el cumplimiento de muchas emergencias que fueron sancionadas con premura y que solo han quedado en un expediente. No son todos los casos, quedó evidenciado en el informe. No obstante, la pregunta obligatoria es ¿Por qué no se han implementado teniendo los recursos a disposición?. Es un interrogante que desde el oficialismo se intenta justificar con la “pesada herencia”, que es real y ha causado daños difíciles de modificar en el corto plazo.
No obstante, ya esa frase ha quedado en el olvido para la gran mayoría de las personas, que exigen gestión, no por caprichos, sino por la necesidad imperiosa de salir adelante antes que sea tarde.
