Juicio por Analía Magliaro: la fiscalía pidió perpetua para los represores

Así lo solicitaron los fiscales Juan Manuel Portela y María Eugenia Montero al Tribunal Oral Federal, contra los ex militares Alfredo Arrillaga y Leandro Marquiegui. Las defensas oficiales, en tanto, pidieron su absolución.

Por Redacción

martes 18 de abril, 2017

Los fiscales Juan Manuel Portela y María Eugenia Montero solicitaron la pena de prisión perpetua para los ex militares Alfredo Manuel Arrillaga y Leandro Edgar Marquiegui, quienes están acusados por el homicidio, agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, de Analía Delfina Magliaro. Las defensas oficiales, en tanto, pidieron su absolución.

Analía Magliaro fue secuestrada en La Plata el 19 de mayo de 1976. Estuvo detenida junto a Alicia Carriquiriborde de Rubio y Graciela De La Torre en el centro clandestino de detención conocido como El Vesubio: durante dos meses fueron alojadas las tres en el sótano del lugar, en condiciones infrahumanas y sometidas a reiteradas sesiones de tortura. Luego fueron llevadas a distintas comisarías de la Capital Federal; el destino de Magliaro había sido la número 34. Sus compañeras de cautiverio fueron trasladadas a la cárcel de Devoto, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pero ella fue enviada a Mar del Plata.

Cuando abrió el alegato, Portela planteó lo atípico del caso que se estaba juzgando: en la mayoría de los debates que se realizaron en la jurisdicción, las víctimas eran de la zona o se encontraban escapando de otros lugares, fueron detenidas y trasladadas. Cabe recordar que ambos imputados formaron parte de la plana mayor de la Subzona 15, que tenía su sede en la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea (AADA) 601

Según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal, el 4 de agosto un capitán del Ejército la buscó en la comisaría 34 para llevar a la joven hasta Mar del Plata en avión: fue entregada y puesta a disposición de la AADA 601.

Casi un mes después, el 2 de septiembre, su cuerpo fue encontrado acribillado en la vía pública, en el barrio Constitución de la ciudad balnearia. El cadáver de Magliaro tenía varios impactos de bala, y en su boca llevaba marcas posiblemente de tela adhesiva por haber estado amordazada. Además, el cuerpo daba cuenta de hematomas en las muñecas, el pecho y la vagina, y las marcas de quemadura de la picana eléctrica.

En la prueba reunida para el juicio, se citaron los informes de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (ex Dipba) y las notas periodísticas de la época, que dan cuenta de las tareas de seguimiento realizadas sobre Magliaro, y permiten aseverar  que las fuerzas represivas consideraban que ella había participado en el atentado que le costó la vida al coronel Rafael Raúl Reyes, entonces jefe de la Subzona 15. Su muerte había traído hasta la ciudad al Comandante del I Cuerpo del Ejército, el general Carlos Guillermo Suarez Mason. El propio Jorge Rafael Videla acudió al sepelio en el Cementerio de la Chacarita.

“Esto explica el despliegue del operativo para trasladar en la forma en que se hizo a Magliaro hasta Mar del Plata”, apuntó Portela, y agregó sobre el traslado de la joven: “Ahora bien, no me equivoco en afirmar que en el interín las fuerzas represivas advirtieron que Magliaro era ‘pedida’ y ‘buscada’ por la Subzona 15. Y es allí donde se dispone y ‘cambia’ su destino”.

Portela detalló los elementos de prueba que surgieron del debate, que abonan la hipótesis de la fiscalía en torno al asesinato de Magliaro: hay numerosos testimonios, y además consta, por ejemplo, el documento que firmó el oficial Valentín Rezett al recibir a la víctima. Ese militar fue condenado a prisión perpetua por este homicidio y estaba bajo la órbita directa de Marquiegui. También sumó el acta de defunción de la joven y los informes de la Comisión Provincial por la Memoria en base a los archivos de la ex Dipba.

Por su parte, el defensor oficial Manuel Bailleau pidió las absoluciones de sus defendidos. Acompañado por su colega José Galán –quien hizo un planteo de prescripción del homicidio-, pidió la nulidad de las audiencias de debate por la incapacidad sobreviniente de Marquiegui, un tema que fue resuelto en un incidente previo al comienzo del juicio. Además, sostuvo que la hipótesis del Ministero Público Fiscal no había sido probada con grado de certeza suficiente para llegar a una sentencia.

 


 

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