Estafas Inmobiliarias: se sumaron 18 casos y hay un “arrepentido”
Suma fojas día a día la investigación sobre la megabanda que realizaba millonarias estafas inmobiliarias en Mar del Plata y la zona, mediante sentencias judiciales apócrifas. En diálogo con El Marplatense, el fiscal de Delitos Económicos Javier Pizzo, confirmó que se corroboraron 18 nuevos casos en los cuales miembros de la organización se adueñaban de casas, departamentos o campos, por intermedio de documentación trucha que era convalidada por el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires. De esta forma, ya son 46 hechos que la fiscalía logró “probar”, aunque la cifra va en aumento: “Cada semana el número crece”.
“Desde el punto de vista de materialidad de hechos, a través de la auditoria que solicitamos al registro propio de inmueble, nos ha informado de 18 inmuebles transferidos con la misma mecánica. Una mecánica ilícita dado que los expedientes que se mencionan en supuestas subastas no existen. Con esto alcanzamos un número de inmuebles ilegítimamente transferidos, con la misma modalidad, de 46. No descartamos nada porque semana a semana este número crece. Hemos tenido denuncias de algunos escribanos que estuvieron involucrados en un principio de buena fe. No descartamos que haya nuevas denuncias o detectemos medidas similares”, señaló el investigador.
“Las imputaciones que se han hecho oportunamente ya han prestado declaración indagatoria. Varios han efectuado su descargo y otros han dado sus versiones. La causa continúa, estamos en el proceso investigativo, es mucha la información que hay que colectar, varias pericias dispuestas. Son plazos que nos ponen los peritos, no dependen de nosotros”, explicó el fiscal.
Consultado sobre cuáles siguen siendo los destinos utilizados por los imputados para llevar adelante las ilícitas maniobras, destacó: “En Mar del Plata, Miramar y Balcarce, un caso en Florencio Varela y estamos en contactos con fiscales de otros departamentos judiciales que prefiero no adelantar”.
Por otra parte, informó que hubo “un arrepentido” en la causa. Se trata del encargado de la imprenta en la cual se conseguían sellos falsos de jueces, sumado a la elaboración de papelería judicial específica. Si bien solicitó acoplarse a la “Ley del Arrepentido”, en la legislación bonaerense no está reglamentada, lo cual no será posible. “Una persona expuso el conocimiento que tenía y solicitó estar bajo el amparo de la ley del arrepentido. Circunstancia que por el momento nos vemos imposibilitados de acceder hasta que se reglamente en la provincia de Buenos Aires. Por eso tenemos limitaciones para conceder este beneficio a las personas que puedan tener ánimos de colaborar y acogerse a estos beneficios”, detalló.
“Los mecanismos de investigación de delitos complejos en Argentina están muy atrasados. La ley del arrepentido es nueva desde la legislación nacional, y por eso las provincias deben que reglamentarla para que podamos aplicarlas. La normativa recién hoy se está actualizando, para que los fiscales o jueces que investigan este tipo de maniobras puedan hilar un poco más fino en lo que puede ser una investigación común. Como cualquier declaración, hay que analizarlo en el contexto del resto de la prueba y establecer si lo que se dice es veraz o se corrobora con elementos periféricos. Desde el punto de vista legal, su situación es igual a la del resto de los imputados”, opinó Pizzo.
En tanto, remarcó que desde el Registro de la Propiedad e Inmueble se dejó sin efectos los plazos administrativos por los cuales ingresaban los expedientes judiciales, uno de los principales pasos para los acusados para consumar la estafa: “Lo que se hacía era presentar documentos falsos en el registro y lo que establecimos desde la investigación hizo que se extremaran los recaudos. Hoy el actual titular del Registro de Propiedad e Inmueble, este tipo de maniobra se ha imposibilitado hacer por aquellos que tienen ánimo doloso. Desde esa perspectiva hemos cumplido una función. Las organizaciones criminales se adaptan e intentarán otro tipo de mecánica. Pero desde esta perspectiva la hemos terminado”.
“Las próximas instancias son tratar de agotar la investigación en los plazos que nos rigen por ley. Son cuatro meses desde la primera declaración, prorrogable por otros seis. Estamos en una situación de marco investigatorio, analizando hechos, estableciendo responsabilidades penales de quienes ya hemos imputado y algunas personas que pueden venir a proceso a partir de nuevos hechos y elementos colectados”, indicó el fiscal, quien aclaró que son 36 involucrados: “No descartamos que las cosas hayan siendo modificadas porque algunos han dado una versión que puede ser exculpatoria y creíble, y otras que no estaban involucradas pueden venir al proceso”.
“Las personas vinculadas a la asociación ilícita tienen prohibida la salida al país, tienen deber de comparecer en la seccional de su jurisdicción en un lapso de tiempo”, concluyó.
