Cárcel de Batán: denuncian que hay más muertes por enfermedades

El juez de garantías, Juan Tapia, indicó que en el Servicio Penitenciario se repiten los casos de fallecimientos por tuberculosis y distintas patologías que emergen por falta de higiene y ventilación. Además, señaló que “en casi todas las celdas faltan colchones y hay internos que duermen en el piso”

Por Redacción

sábado 29 de abril, 2017

Las malas condiciones en las que viven los internos del Servicio Penitenciario de Batán generan cada vez más muertes por enfermedades. Así lo afirmó el juez de Garantías Juan Tapia, quien aseguró que se repiten los casos de fallecimientos por tuberculosis y otras patologías que los reclusos contraen en un contexto de hacinamiento. “Hay una situación de falta de higiene y de ventilación que es un caldo de cultivo para esas enfermedades. Son combos explosivos que derivan en el fallecimiento de internos”, explicó Tapia en diálogo con El Marplatense.

Por otra parte, el juez aseguró que las particulares condiciones de encierro del Servicio Penitenciario no hacen más que alimentar la violencia. En esa línea, afirmó que hay falta de colchones y que, ante el aumento de la población carcelaria, son varios los internos que duermen en el piso.

Las condiciones se mantienen idénticas a como vienen  siendo los diagnósticos años tras año, no solamente de los relevamientos judiciales, sino también de los informes de organismos de derechos humanos, como la Comisión Provincial por la Memoria. En ese sentido, hay un problema adicional,  que es el faltante de colchones. En casi todas las celdas faltan colchones, los internos duermen en el piso”, aseguró Tapia. “Eso es una situación que anteriormente se podía manejar, pero el aumento de la población carcelaria hace que en celdas donde había cuatro internos, sobre todo en la Unidad Penal 44, haya entre seis o siete internos, con lo cual dos duermen en el piso y, si no tienen colchón, duermen en esas condiciones”, agregó.

Al momento de profundizar sobre su diagnóstico, Tapia señaló que “en el último tiempo hubo relevamiento de  distintos sectores de muertes no traumáticas, que han tenido que ver con patologías que se adquirieron en la Unidad Penal. Particularmente, casos de fallecimiento por tuberculosis o enfermedades que emergen en contextos de hacinamiento, y donde hay roedores, una situación de falta de higiene y de ventilación, que es un caldo de cultivo para esas enfermedades. Son combos explosivos que derivan en el fallecimiento de internos.”

El juez de Garantías puso el foco en la responsabilidad estatal. “El primer problema es la cantidad de muertes por cárceles que hay, donde Batán configura en el esquema provincial uno de los complejos penitenciarios con mayor cantidad de personas fallecidas en contextos de encierro. Y eso siempre es responsabilidad estatal. Ya sea porque es una muerte traumática, producto de una pelea que no fue evitada, o que no fue prevenida o que a veces puede ser alentada; o ya sea por una situación de salud. Esa persona está en un ámbito de custodia estatal, por lo cual el Estado tiene que brindar las herramientas para resguardar la integridad física del interno”, explicó.

-¿Qué otros problemas se observan en el Servicio Penitenciario?

-El segundo nivel de preocupación son las particulares situaciones de encierro. Un encierro que propicia la violencia difícilmente sea un período apto para una resocialización, al menos en términos constitucionales. La violencia multiplica la violencia y las posibilidades de trabajo y de educación en la Unidad Penal son bastantes restrictivas, están bastante acotadas a un segmento poblacional muy reducido. Eso significa que gran parte de los internos  están en forma ociosa en su celda gran parte del día. En esas condiciones, encerrado, el trastorno psicológico y las posibilidades de reproducir la violencia se multiplican.

-¿Se han brindado herramientas para que esa situación cambie?

-Hubo buenas iniciativas que se propician, como el deporte o el programa casa por cárceles, pero son situaciones que abarcan a una población muy reducida de los internos. La problemática sigue vigente y, de alguna manera, a gran parte de la sociedad no le interesa lo que pasa en las cárceles. Tiene otras prioridades, mira de  costado, adopta el discurso de “que se pudran en la cárcel”. Pero esas personas en algún momento van a recuperar su libertad y, lo que hacemos con ellas y la manera en que las tratamos, después va a repercutir en la forma en la que se integran o no a la vida comunitaria.

-Ante las enfermedades que contraen los internos, ¿cómo actúa el sistema de salud en la cárcel?

-La atención es problemática desde el punto de vista de que faltan recursos humanos e insumos. Eso no escapa a las falencias del sistema de salud pública. Esas falencias son aún más graves y más visibles en un lugar de encierro. Hay carencia de personal médico, hay a veces problemas para detectar enfermedades, por la propia dinámica del encierro. A los pabellones, no ingresan los profesionales médicos. Hay que remarcar que las muertes en las cárceles no son menores, porque no se trata de una pena de muerte por azar. El Estado coloca a  la persona en ese lugar para resocializarlo, para darle  las herramientas para que cuando  recupere la libertad no vuelva acometer un  delito

LAS CÁRCELES BONAERENSES, DESBORDADAS

Por otra parte, Tapia destacó las medidas tomadas por el gobierno provincial para combatir la corrupción en el Servicio Penitenciario, aunque dejó en claro que la situación de las cárceles en la provincia adquirió una gran complejidad, sobre todo por el aumento de la población penitenciaria.  “Hay  una buena iniciativa  a nivel  provincial en  torno  a revisar los  casos  de corrupción que en el último tiempo  se  fueron  detectando  en  el  Servicio Penitenciario.  Creo que ese  es un  dato muy  favorable.  Pero  hay  una situación que es mucho más amplia y que es  estructural.  Se necesita un  financiamiento  para modificar esas estructuras, de lo contrario  vas  poniendo  parches  a través de  acciones  judiciales,  que obviamente son  necesarias, pero que no solucionan lo  estructural.  Y si  a eso se suma el  aumento de la población penitenciaria,  que en los  últimos tiempos  ha  tenido una curva  ascendente, con ya más  de 34  mil  detenidos  en la provincia de  Buenos   Aires, lo  que  es un  récord  absoluto,  se produce una  situación  de  desborde que  genera condiciones que multiplican  la violencia”, concluyó.

 

 

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