Piden tres años de prisión en suspenso para Amado Boudou

Así lo determinó la fiscal Estela Maris Scandura por la presentación de papeles truchos que hizo el ex vicepresidente para la transferencia de un auto. Asimismo, la Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento por la compra de 20 vehículos para el Ministerio de Economía cuando era titular de la cartera.

Por Redacción

jueves 29 de junio, 2017

La fiscal Estela Maris Scandura solicitó tres años de prisión en suspenso para el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por presentar papeles truchos para la transferencia de un auto. Asimismo, la Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento por la compra de veinte vehículos para el Ministerio de Economía, cuando era titular de dicha cartera.

La fiscal pidió la misma pena para su novia en ese momento, Agustina Seguìn, para la titular del registro automotor donde se realizaron los trámites, Graciela Taboada de Piñero, y para el gestor Andrés Soto.

Asimismo consideró, al exponer en la primera audiencia de alegatos, que Boudou incurrió en el delito de “falsedad ideológica” en grado de “participe o cómplice” por aportar datos falsos para inscribir en el año 2003 un vehículo Honda CRX modelo 1993.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de la Capital anticiparon que dictarán el veredicto el 1º de agosto, cuando podría surgir una condena al ex vicepresidente, que ya espera otro juicio oral por la llamada “causa Ciccone”.

El delito de falsedad ideologica tiene una escala penal de tres a ocho años de prisión, pero la fiscal aclaro que pedía el mínimo y en suspenso dado los ocho años transcurridos desde el inicio de la causa.

Para la fiscal quedó probado que los cuatro acusados acordaron la falsificación del formulario 04 con un domicilio apócrifo, y las firmas del 08 y el 012 donde no se consignó un cambio de motor hecho al auto.

La fiscalía pidió la misma condena para la ex novia de Boudou, Agustina Seguí, así como para la titular del Registro Automotor 2, Graciela Taboada de Piñeiro y el gestor Andrés Soto, aunque en el caso de estos últimos como autores directos del delito.

El proceso se inició en 2009 por una denuncia de la misma titular del registro, y por tratarse de una funcionaria pública, la fiscal pidió su inhabilitación por seis años.

Fuente: Télam

 


 

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