La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata ratificó los procesamientos de cuatro imputados por trata de personas que explotaban sexualmente a, al menos, trece mujeres en un prostíbulo ubicado en Colón y 20 de septiembre.
El Ministerio Público Fiscal respondió los agravios de las defensas, quienes hablaron de “autogestión” y desestimaron la situación de vulnerabilidad de las víctimas: todas estaban atravesadas por carencias sociales y económicas, cinco de ellas vivían en los mismos cuartos donde eran explotadas, algunas eran extranjeras y a todas se les retenía más del 50% del dinero de los “pases”.
El Fiscal Federal Nicolás Czizik, argumentó a favor de la consideración del caso como uno de trata de personas agravado. Para ello se hizo hincapié en la retención del 50% del dinero de los pases, en la existencia de reglas de conducta y horarios dentro del establecimiento, en que muchas de las mujeres vivían en el mismo lugar donde eran explotadas, que el prostíbulo funcionaba las 24 horas del día, y la situación de vulnerabilidad de todas ellas, repasando alguna de las evidencias recolectadas durante la instrucción, a cargo del Juez Santiago Inchausti.
Entre los procesados se encuentran la persona indicada como administrador del prostíbulo, una mujer que prestó su nombre para el contrato de locación, y la fiadora de este contrato, sindicada por la acusación como la real dueña del ilícito emprendimiento.
La audiencia en la que se trataron estas cuestiones se realiza luego de que la Cámara Federal de Casación Penal, a partir de los recursos del Ministerio Público Fiscal, anulara una decisión anterior de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que había enviado el caso a la justicia provincial, descartando la concurrencia del delito de trata de personas.
En la causa, que se había iniciado a través de una denuncia en la línea nacional, gratuita y anónima 145, se encuentran procesadas cuatro personas, mientras que dos permanecen con falta de mérito, y una mujer fue sobreseída en función del artículo 5 de la ley de prevención y sanción de la trata de personas.
