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Situación de calle: el Ejecutivo presentó los informes a la Justicia

Tras algunas demoras que acusaron autoridades judiciales federales, desde la Secretaría de Desarrollo Social brindaron información sobre el personal y los paradores disponibles en el marco del programa de Atención y Asistencia para personas sin hogar. El Municipio aseguró que, en el año, asistió a un total de 230 indigentes.

Por Redaccion

lunes 21 de agosto, 2017

El Ejecutivo local presentó en las últimas horas información a la Justicia Federal sobre el abordaje que realiza por las personas que se encuentran en situación de calle en la ciudad, ante la insistencia de las autoridades judiciales por el “desconocimiento de la existencia de un plan estratégico e integral” ante la problemática.

En el informe al que tuvo acceso El Marplatense, el Municipio brindó precisiones sobre la cantidad de paradores y profesionales disponibles en el marco del programa de Atención y Asistencia para Personas Sin Hogar.

“Los mecanismos son asistencia alimentaria, de ropa, de acceso a la salud, de documentación, de acceso a la identidad y a la educación primaria y secundaria”, detallaron respecto del abordaje.

Con la reciente apertura del centro que está ubicado en Laguna de los Padres, desde la Secretaria de Desarrollo Social ratificaron que los sitios municipales de albergue permiten dar alojo a más de 100 personas.

Asimismo, la dependencia que hoy tiene a cargo Patricia Leniz informó que los registros oficiales dan cuenta que, en el transcurso de este año, se ha asistido a 230 personas en situación de calle.

 

La solicitud de la Justicia Federal se fundamentaba en la carencia de “estadísticas oficiales que releven cuantitativa y cualitativamente la dimensión social de la problemática, desconociéndose la existencia de un plan estratégico e integral de abordaje, conforme a la Ley Provincial 13.956 para la Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle”.

El Municipio presentó los informes después de haber vencido el primer plazo inicial. Desde las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO) habían advertido que, en caso de no concretarse ninguna respuesta, se evaluaba el inicio de una acción penal o de amparo contra la administración local.

 

 


 

 

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