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Buscan identificar a quienes realizan amenazas de bomba en escuelas

Autoridades judiciales, educativas y policiales manifestaron su “preocupación” este mediodía ante la ola de hechos que se registraron en las últimas semanas. En este mes, ya hubo 17 casos. El fiscal Eduardo Amavet lleva adelante una causa e intensifica las labores para conocer el origen de los llamados anónimos. “Tenemos esperanza de dar con resultados”, afirmaron.

Por Redaccion

miércoles 30 de agosto, 2017

Ante la ola de amenazas de bomba en escuelas, desde la Justicia impulsaron una causa en para intensificar las labores investigativas con el objetivo de esclarecer el origen de los llamados telefónicos anónimos e identificar a las personas que estarían involucradas en los hechos, que se han repetido con frecuencia en distintos establecimientos educativos de la ciudad en las últimas semanas.

“Hay un universo de más o menos 17 casos en aproximadamente un mes. Esto supera los registros normales que se suscitan todos los años y ya pasa a una preocupación mayor porque la cantidad de casos ha aumentado”, advirtió el fiscal Eduardo Amavet, que se puso al frente de la causa.

En el marco de una conferencia de prensa que brindó este mediodía junto a autoridades educativas y policiales en la sede de la Departamental local, el funcionario aclaró que serán “prudentes” pero ratificó que ya se impulsaron “líneas investigativas tendientes al esclarecimiento de los hechos”.

“Estoy haciendo investigaciones documentadas de la cantidad de llamadas entrantes, la carta de llamados al 911, situación que hace con los adelantos tecnológicos que contamos permiten certificar certeramente de dónde provienen las llamadas y quiénes son los titulares”, explicó.

Asimismo, el fiscal informó que en uno de las amenazas en la que intervino la policía, las pruebas indicarían que habría un menor implicado, que es alumno de la escuela que se vio afectada. “Sin perjuicio, estamos haciendo las averiguaciones por el resto de los casos”, aseveró.

“Esto no es fácil ni sencillo, pero tengo esperanza de llegar a la fuente”, remarcó, y agregó con respecto a las posibles penas aplicables ante estos casos: “Si son menores adultos, que van de 16 a 18 años, hay que determinar si cabe la pena por intimidación pública y si son punibles estos hechos”.

Amavet remarcó la preocupación que existe desde la Justica y los distintos actores políticos involucrados. “Tenemos iniciativas conjuntas que hasta han excedido las atribuciones o facultades concretas de cada sector; hemos charlado con una informalidad altruista de poder colaborar para garantizar que se den las clases como corresponde y que no se cumplan los ciclos lectivos”, garantizó.

 


 

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