Piden enjuiciar a un hombre por explotar laboralmente a siete personas

Las víctimas, entre ellas dos menores, trabajaban en un campo de la zona de Sierra de los Padres, con jornadas laborales abusivas, sin elementos de seguridad, registración ni remuneración certera y vivían en condiciones precarias. Además, se solicitó el embargo del predio.

Por Redacción

miércoles 20 de septiembre, 2017

El fiscal federal Nicolás Czizik solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 60 años, acusado del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de víctimas. En total son siete las personas afectadas, dos de ellas menores de 13 y 14 años.

Además, se lo acusa por el delito de reducción a la servidumbre y haber facilitado la permanencia irregular de dos personas captadas en Bolivia, abusando de su necesidad. Asimismo, se solicitó el embargo del campo de la zona de Sierras de los Padres donde las víctimas eran explotadas.

El imputado “minimizaba el costo laboral para la producción en su predio rural a expensas de la dignidad de los trabajadores, que por necesidad y una comprobada situación de vulnerabilidad, no podían rechazar”.

Basado en las medidas de prueba colectadas en el expediente, Czizik pidió que el responsable del emprendimiento sea juzgado en juicio oral y público, por los delitos cometidos en el predio rural, de unas 4 hectáreas, donde era “dueño” o “patrón”, daba las órdenes, organizaba las jornadas, anotaba la producción diaria de cada trabajador, entre otras cuestiones.

Las imágenes que constan en la causa son por demás elocuentes respecto a las condiciones de habitabilidad del predio. En los cuartos de las precarias casitas dormían las familias enteras –una mujer boliviana vivía allí con sus hijos de 2, 5 y 7 años-; las camas eran armadas con cajones de verdura, y a veces allí dormían varias personas, los techos son de chapa, y el baño es un pozo ciego improvisado fuera de las viviendas, que además debían compartir. Como agua caliente no había, cargaban jarros que calentaban a leña, que sacaban de un “tacho grande” ubicado a la intemperie.

“La mano de obra de la que se valía  para minimizar sus costos, tenían en común la situación de extrema pobreza y de vulnerabilidad previa, la condición de migrantes (de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Ciudad de Buenos Aires y Bolivia), la lejanía de su grupo familiar, la escasa formación académica y que sus sueldos iban de la mano de la cantidad de producción o carga que realizaban a diario”, fundamentó el fiscal, quien reparó en que los procesos migratorios los habían iniciado “con la expectativa de incrementar sus posibilidades de conseguir trabajo y ante la necesidad de subsistencia”.

Los pagos que se hacían eran por cantidad de cajones recolectados y no por horas trabajadas, y lejos estaban de una registración acorde a las leyes vigentes, sin cobertura médica ni aportes a la seguridad social. Incluso el imputado se valía de mano de obra infantil, y todos los trabajadores y trabajadoras se quedaban sin remuneración básica que les garantice sustento en casos de no poder trabajar por circunstancias ajenas a su voluntad, por ejemplo ante inclemencias climáticas o enfermedad.

Una niña con “las manos llenas de tierra” del cultivo

La causa se inició a través de las actuaciones que el Juzgado de Familia N°1 de Mar del Plata elevó a la Justicia Federal por la situaciones que habían relatado dos de las víctimas –madre e hija-, que podían encuadrarse en el delito de trata de personas. De allí se desprendía que la niña –que entonces tenía 13 años- tenía “signos físicos de trabajo” y las “manos llenas de tierra”. Luego de las tareas de investigación realizadas por personal de la Policía Federal Argentina y las pruebas reunidas, se dispuso el allanamiento en marzo de 2016. El dueño entonces quedó detenido para su declaración indagatoria, en la que optó por no brindar explicaciones. Diez días después, fue procesado por el Juez Santiago Inchausti, que dirigía la instrucción.

El caso llegó así a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a instancias de la apelación de la defensa. El tribunal que dispuso en diciembre de 2016 el sobreseimiento del único imputado por el delito de trata de personas, afirmando su inexistencia, y la falta de mérito por el delito migratorio. Esa decisión fue recurrida por el fiscal general Daniel Adler, sosteniendo la hipótesis del fiscal y del juez de primera instancia, y la Cámara Federal de Casación Penal resolvió revocar el sobreseimiento y la falta de mérito, confirmando el procesamiento de primera instancia con todos sus alcances.


 

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