En noviembre de 2018 irá a juicio una banda por estafas inmobiliarias
En noviembre del próximo año se realizará el juicio contra 23 personas acusadas de formar parte de una banda que, durante cinco años, obtenía información sobre inmuebles que solían estar desocupados, o directamente abandonados, para luego apropiárselo con documentaciones apócrifas, y así, venderlos. Se juzgarán más de 20 casos que la fiscalía de Delitos Económicos logró verificar, aunque la cifra aumentó, por lo que habrá denuncias que se tratarán de manera particular en otro momento.
Según consta en la investigación, que tuvo acceso El Marplatense, un grupo de personas se dedicaba a realizar gestiones para poseer el material legal suficiente para adueñarse de lotes de propietarios que se encontraban lejos de la ciudad o ya fallecidos, por intermedio de la falsificación de firmas de los titulares registrales y sellos impositivos. Para esas maniobras, colocaban sus propias firmas, o bien la de testaferros, quienes, de manera voluntaria o involuntaria, figuraban con sus datos personales.
En diálogo con este medio, el fiscal de la especialidad, Javier Pizzo, explicó el caso: “Particularmente tenemos esta organización en la cual se transfería ilegítimamente, inmuebles, propiedad de terceros mediante la utilización de documentación falsa, en donde tenemos 21 hechos más otros seis de una causa vinculada”.
“Tenemos alrededor de 20 personas imputadas por un importante número de hechos y los roles se distribuían claramente. En principio por Asociación Ilícita tenemos imputados a cuatro personas, dos de ellas profesionales del derecho, abogadas, que eran las encargadas de materializar dentro de determinados procesos civiles de acompañar la documentación falsa que de alguna manera permitía a los compradores de mala fe o algunos inclusive buena fe, hacerse un inmueble que no les pertenecía a quienes cedían los derechos sobre ellos”, detalló el investigador, quien recibió la denuncia a raíz de un planteo hecho por un abogado.
Según contó Pizzo, los miembros de la organización “detectaban terrenos que estaban abandonados”, maniobra que no pudo ser verificada fehacientemente: “ No pudimos detectar el modo pero supuestamente utilizando información de fuentes oficiales, municipal u Obras Sanitarias, son hipótesis que tendrán que confirmarse en el marco del debate oral, lo cierto es que una vez que determinaban que esas personas titulares habían fallecido o se encontraban en otra ciudad se apropiaban de los inmuebles y posteriormente cedían los derechos de esos inmuebles”.
“Una vez hecho esto, la organización a través de abogados se encargaba de iniciar demandas, juicios de escrituración, en donde consignaban información falsa, aportaban documentación falsa, incluso fraguaban documentación del juzgado federal de La Plata, sobre todo respecto de los domicilios de las personas que debían notificar y con eso materializaban después la transferencia. Intentaban darle un marco de regularidad al inmueble”, agregó.
Para el fiscal, “están consumados muchísimos hechos”, mientras que “otros han quedado en grado de tentativa que, por supuesto, vamos a terminar de dilucidar en el marco del debate oral que tenemos”.
Consultado sobre si había responsabilidades de algunos controlares a la hora de la entrega de la documentación, respondió: “No, porque evidentemente la documentación, o las mentiras vertidas dentro de un proceso civil, tenían un grado de idoneidad suficiente como para engañar al propio juez”. Al respecto, señaló que había un sistema “bien elaborado”.
Acerca de los roles en la banda, indicó que “la mayoría eran prestanombres, testaferros o personas que participaban de un modo”, aunque puso de resalto a cuatro integrantes, dos de ellas letradas, que eran quienes confeccionaban la identificación de los inmuebles permeables a ser usurpados.
Ante la pregunta vinculada acerca de la posterior venta de esos terrenos, señalaba que el rédito económico no necesariamente pasaba por inmobiliarias, sino que tenían “otro modo de venderlas distinto a otras organizaciones criminales sobre las cuales también estamos investigando”.
Pizzo, quien en la causa interviene junto a sus pares Fernando Berlingeri y Carlos David Bruna, sostuvo que el modus operandi “duró muchos años”: “Tenemos establecido un periodo que va casi a cinco años asique estamos investigando hechos del 2008, 2009 hasta el 2013 en el cual a partir de la denuncia que hace un profesional, u abogado en la matrícula en Mar del Plata nosotros pudimos desandar la organización”.
En referencia a más casos que estén estableciéndose en la actualidad, aclaró que existen “más causas paralelas” que no pudieron ser corroboradas en su totalidad en la investigación por lo que correrán con un curso particular, con posibilidades de sumarse luego en la causa original.
Las calificaciones
Las abogadas Melina Evaristo, Paula Bahlcke junto a Luis Rodríguez y Carlos Guarde están imputados por el delito de "Asociación ilícita, falsedad de documentos privados públicos y falsos, uso de documento público, estafa y estafa procesal". En tanto, el resto de los acusados se encuentran sometidos a la misma caratula, salvo la de "Asociación Ilícita", es decir que no formaban parte de la confección de las ocupaciones, sino que participaban con roles secundarios.
