Investigan irregularidades en un plan de tratamiento de residuos

Luego de una investigación en los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), entre 2013 y 2015, comprobaron serios incumplimientos. Más de un año después de haber sido relevados, ya son parte de una causa judicial que hizo desfilar por Comodoro Py a Aníbal Fernández , Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, y en la que se espera que casi un centenar de intendentes sean llamados a indagatoria.

Auditores de la Sigen y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable visitaron distritos, y en algunos de ellos, como Quilmes y Río Gallegos, comprobaron que las obras que debían realizarse con fondos nacionales brillaban por su ausencia.

El 11 de febrero de 2016, un equipo compuesto por personal de la Sigen y del programa Girsu visitó Río Gallegos. Los acompañó el actual intendente, Roberto Giubetich. En 2012, cuando gobernaba la capital santacruceña Raúl Cantín, que renunció en julio de 2015, la municipalidad solicitó fondos para instalar "una planta de transferencia, clasificación, compactación y acopio" de residuos, según consta en el informe de auditoría que obtuvo LA NACION a través de un pedido de acceso a la información pública. Se"aprobó un desembolso de $ 25.176.903,60". El municipio hizo una primera rendición, pero después pidió más fondos y cambió el proyecto. En octubre de 2015, Jefatura de Gabinete "aprueba un segundo desembolso de $ 34.278.245,25".

La visita del equipo de auditores a la capital santacruceña dejó como resultado, tal como plantea el informe de auditoría al que accedió este diario, que "no se construyó la planta de transferencia proyectada", que "el proyecto original no resolvía problema alguno", que "se efectuó el segundo desembolso sin que se haya aprobado la rendición de la primera transferencia" y que "se han gastado más de $ 38 millones sin que se haya mejorado en nada el tratamiento de los residuos sólidos urbanos".

En un último punto del informe se remarcó que "las nuevas autoridades del municipio consideran, tal cual está previsto, inviable el proyecto, por lo que el gasto improductivo aprobado por las autoridades municipales cuya gestión finalizó el 10 de diciembre pasado [de 2015] llegaría a superar los $ 88 millones y para el Tesoro Nacional, los $ 38 millones".