Quieren prohibir la libertad condicional para delitos graves
Casi un año después de que Mauricio Macri creara la comisión redactora, el Gobierno ya tiene listo el anteproyecto de reforma del Código Penal, que -entre muchos cambios trascedentes- endurece penas para la mayoría de delitos, limita el beneficio de la libertad condicional y el margen de interpretación de los jueces.
Entre tantos cambios, la comisión se enfocó en evitar uno de los reclamos de la sociedad en torno a la Justicia: la discrecionalidad. "No puede ser que ante un homicidio simple (tiene una pena de 8 a 25 años de prisión) haya un juez que crea que son 9 años de cárcel y otro que diga que son 13", graficaban en Justicia. Ahora, el margen quedará acotado, a partir de pautas precisas que se incorporan para fijar las escalas penales.
También se reduce el beneficio de la libertad condicional. Además de los reincidentes, no podrán salir antes de cumplir la pena, los condenados por homicidio doloso, secuestro extorsivo, trata de personas, tortura, desaparición forzada de personas, terrorismo y por agresión sexual.
Para el caso de los agresores sexuales, además, se incorpora un sistema novedoso, ya habitual en otros países: la aplicación de un “seguimiento socio judicial” una vez cumplida la condena, consistente en tratamientos de rehabilitación y medidas de vigilancia electrónica, que puede prolongarse hasta un máximo de 10 años.
La intención de la Casa Rosada es que Macri presente el proyecto en el Congreso el 1 de marzo, cuando inaugure las sesiones ordinarias, y fuera de un contexto electoral confían en someterlo a debate a partir de abril.
El cuerpo redactor estuvo integrado por juristas de diversas vertientes, como el camarista, Carlos Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor María Vélez; el procurador de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; la jueza Patricia Susana Ziffer, el fiscal Pablo Turano y el abogado Fernando Córdoba.
En tanto, por el Ejecutivo, en representación del Ministerio de Justicia intervino el director de Política Criminal, Carlos González Guerra, mientras que también participaron Guillermo Soares Gache (Seguridad) y Yael Bendel (Desarrollo Social).
