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Denuncian que “no se consigue” la garrafa social al precio oficial

La delegación local de la Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionó el tipo de distribución que se realiza sobre el producto, al reconocer falencias en su accesibilidad y asegurar que “no existe” valor de venta oficial, cercano a los 200 pesos. “Acá se vende a 300 pesos y el subsidio sólo cubre casi la mitad”, afirmaron.

Por Redaccion

domingo 13 de mayo, 2018

Desde la delegación local de la Defensoría del Pueblo bonaerense denunciaron que “no se consigue” la garrafa social de 10 kilos a 216 pesos, el valor oficial que difunde a nivel gubernamental, y también apuntaron críticas a la forma de distribución del producto que dispuso el Municipio para este año.

Rubén Cuevas, máximo responsable del organismo en Mar del Plata, aseguró que el programa presenta los “mismos inconvenientes del año pasado”.  “Las familias no acceden al precio que fija el Gobierno y se está vendiendo a 300 pesos”, aseguró, en diálogo con El Marplatense.

Ante esta situación, el referente de la Defensoría del Pueblo bonaerense también insistió en que el subsidio que se otorga para acceder al producto, que asciende a los 146 pesos, sólo llega a cubrir “aproximadamente un 50 por ciento” del costo. “Sabemos que la garrafa vale el doble y el precio fijado por el Gobierno de 216 pesos no existe ni se consigue”, enfatizó.

Además, Cuevas aseguró que desde el organismo hay un “permanente reclamo” por la falta de puntos de venta. “Pedimos que haya puntos de distribución en aquellos barrios donde no hay acceso al gas de red. Esto no existe, incluso antes se fijaban dos puntos de venta y hoy no se está haciendo”, dijo, y consideró: “Son muy escasas las medidas que se toman porque la mayoría de las personas no puede acceder”.

A su vez, el defensor consideró que resulta “totalmente insuficiente” la entrega de dos garrafas por mes para una familia tipo, a partir del consumo que tienen estos grupos familiares. “No sólo pasa por los insuficiente, sinop porque la mayoría de las familias no puede acceder porque hay mucha informalidad con la vivienda”, dijo, y ejemplificó: “Es decir, hay más de una vivienda en un lote y si una de esas viviendas accede al beneficio, la restante ya no puede acceder”.

 

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