Luz verde en Diputados para el proyecto de regularización de villas
Son más de 4 mil barrios populares, asentamientos de emergencia, villas. Viven en ellos 3,5 millones de personas (unas 850 mil familias) que no tienen acceso a agua corriente, a red cloacal, y el 70 por ciento tampoco acceso formal a la energía eléctrica. La Cámara de Diputados se encaminó esta madrugada a dar un paso hacia la urbanización de estos barrios, con la aprobación unánime de un proyecto de ley que propone la expropiación de tierras y regularización de los títulos de propiedad.
El conteo finalizó con 194 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones.
La iniciativa fue presentada por el oficialismo, con las firmas de los jefes de bloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, el macrista Nicolás Massot y la cívica Elisa Carrió. Pero aún con críticas, contó con amplio apoyo de la oposición: el kirchnerismo, el peronismo federal, el massismo y el Movimiento Evita (de mucho predicamento en los barrios), entre otros. A mediados de mayo, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, defendió el proyecto en el debate de comisiones, ante lo que consideró una “deuda histórica con las personas y las familias” que viven en esos barrios, y para empezar a dar soluciones.
El proyecto alcanza a los barrios y asentamientos identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), un total de 4.228 asentamientos, en ciudades de más de 10 mil habitantes de todo el país. El relevamiento se hizo a lo largo de 2016 y 2017. Juan Grabois, de la CTEP, quien apoyó la iniciativa fervientemente, destacó el rol de los vecinos y militantes de las organizaciones sociales en el relevamiento.
El proyecto suspende en todos esos barrios ahora inscriptos en el Renabap, los desalojos por dos años y permite la regularización dominial de esas viviendas en favor de las familias que las habitan. Para la integración “sociourbana” declara de utilidad pública y sujetos a expropiación las tierras donde se asientan esos barrios. También faculta al Ministerio de Desarrollo Social a implementar con las provincias y los municipios proyectos para esa integración. Por su parte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que depende del Ejecutivo, queda facultada para llevar adelante las expropiaciones que corresponda hacer.
El reconocimiento de la titularidad o escritura sobre el terreno o la vivienda que habitan esas familias fue destacado durante el debate como un paso central para empezar a terminar con la precariedad, y dar acceso a infraestructura y servicios básicos, según detalló Clarín.
