Piden enjuiciar a una familia que explotaba laboralmente a personas
El titular de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, Nicolás Czizik, requirió la elevación a juicio de dos investigaciones seguidas contra una familia que explotaba laboralmente a personas en campos de la localidad de Batán.
Según informaron fuentes judiciales, las víctimas ascienden a ochenta, entre las que se cuentan cuatro menores de edad, y eran traídas desde Bolivia y el norte argentino para ser alojadas en precarias viviendas,sin servicios básicos, a cambio de un sueldo magro o inexistente.
La primera investigación se inició en diciembre de 2013, a raíz de la denuncia del Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro. Y es que una niña oriunda de esa provincia declarada como extraviada fue reconocida por un efectivo del destacamento de Bomberos de Batán, cuando era atendida en la sala de primeros auxilios de dicha localidad.
Al ser consultada, la chica dijo estar viviendo en una quinta ubicada sobre la Ruta N°88. La segunda causa se inició por una denuncia de la Fundación Alameda que actúa como querellante, a la que fue agregada otra presentación sobre el mismo lugar, realizado por la entonces delegada regional del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA).
En noviembre de 2014, el juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti ordenó el allanamiento de un predio de 15 hectáreas ubicado en el kilómetro 5,5 de la Ruta N°88, donde se constató la presencia de había 42 personas –entre ellas dos adolescentes menores de 18 años- que eran explotadas laboralmente. En virtud de ello, se dictó el procesamiento del padre y el hijo de la familia imputada. Un año después se dispuso el allanamiento del otro emprendimiento agrícola, ubicado a pocos kilómetros del primero, verificándose la presencia de 41 personas, entre las que había otros dos menores de edad, en situación de trata, por lo que la hija y otro hombre que actuaba como responsable del campo, resultaron procesados como partícipes necesarios del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Los procesamientos dictados a finales del 2014 y principios de 2016, fueron apelados por la defensa de los imputados, y en su momento los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones entendieron que solo se estaban cometiendo infracciones a la normativa laboral. Sin embargo, a través de los recursos de casación interpuestos por los representantes del Ministerio Público Fiscal con intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la Cámara Federal de Casación Penal entendió que estaba en debate el delito de trata de personas, por lo que anuló la decisión de la Cámara Federal y sugirió el debate oral y público con premura.
Tal como tuvo por probado el fiscal Czizik en la investigación, no sólo se repiten los acusados sino también las modalidades de captación y explotación, las precarias condiciones de habitabilidad, la ausencia de servicios básicos, los salarios magros o inexistentes, sin control ni posibilidad de disenso por parte de los trabajadores y trabajadoras y sin contratos que dieran sustento a la relación laboral. De esta manera, el representante del Ministerio Público Fiscal entendió que “los imputados minimizaban el costo para la producción a expensas de la dignidad de los trabajadores, que por necesidad y una comprobada situación de vulnerabilidad, no podían rechazar y aumentaban sus ganancias. Basta para ello, ver la situación económica en la que se encuentran los imputados y aquella en la que se encuentran las víctimas”.
