Lavado total: Casación ratificó el decomiso de 45 autos e inmuebles
La la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió mantener los decomisos preventivos y anticipados que se habían dictado sobre 45 bienes, la mayoría automóviles y algunos inmuebles, en el marco de la causa conocida como "Lavado Total", que investiga a una organización con integrantes de la comunidad zíngara por los delitos de "narcotráfico" y "lavado de dinero".
La resolución de la Justicia tuvo lugar a partir de un recurso que interpuesto por el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler. La hipótesis de la acusación es que el dinero ilícito proveniente del narcotráfico era convertido en automóviles, lo que permitía preservar el valor del dinero frente a la depreciación por inflación, lo aseguraba frente a eventuales sustracciones, servían como transporte mediante el uso de cédulas azules y tenía una función de “moneda de cambio” para realizar otras operaciones comerciales. Todo ello se realizaba intentando disimular la identidad de los verdaderos propietarios, para lo cual se designaba titular a testaferros y realizaban sucesivas transferencias a nombre de distintos familiares o personas.
Sobre el total de vehículos secuestrados en ocasión de realizarse cerca de 30 allanamientos en el marco de la causa, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata había revocado el decomiso de manera anticipada y definitiva de 14 bienes -automóviles en su mayoría- de cuatro personas entonces prófugas, y el decomiso preventivo de 31 vehículos. No había objetado, en cambio, el secuestro de otros 244 rodados.
Para el fiscal, la potencial devolución de los vehículos podría posibilitar la eventual pérdida de bienes susceptibles de decomiso y la consolidación de las ganancias obtenidas del tráfico de estupefacientes. Por otro lado, señaló que la resolución presenta un supuesto de sentencia arbitraria: por un lado, afirma la existencia de una maniobra de lavado de activos y la responsabilidad provisoria de algunos de los principales acusados, pero revoca el secuestro preventivo de automóviles con fines de decomiso.
El titular de la Fiscalía General N°2 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, hizo suyos los argumentos de su antecesor y sumó algunas consideraciones, que fueron recogidas por las magistradas Ana María Figueroa, Liliana Catucci y el magistrado Eduardo Rafael Riggi.
Figueroa fue la primera en argumentar la resolución que dio vuelta lo resuelto por la instancia inferior, en relación al destino de los bienes secuestrados. Planteó que “se manifiesta evidente la importancia de las medidas adoptadas en esta dirección para hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o evitar que se consolide su provecho o a fin de obstaculizar la impunidad de sus partícipes”.
La decisión de Casación no implica que se haya decidido sobre el destino final de los bienes, sino que se trata de una decisión provisoria, que tendrá una definición en instancia del juicio oral y público. Lo relevante es que los bienes sospechados de operaciones vinculadas a lavado de activos pueden estar sujetas a medidas cautelares preventivos, en el marco de causas sobre hechos de grave criminalidad organizada.
