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Disuelven tribunales laborales y temen una mayor demora en sentencias

La Provincia oficializó en las últimas horas la nueva ley de procedimientos laborales que implica un cambio “sustancial” en la dinámica de los procesos. Sólo habrá juzgados unipersonales y se creará una nueva Cámara de Apelación local. Los detalles, y su impacto.

Por Redaccion

lunes 3 de diciembre, 2018

El Gobierno de María Eugenia Vidal oficializó en las últimas horas una serie de cambios importantes sobre la legislación que en la actualidad estipula cada uno de los procedimientos laborales que se gestan por las demandas que tienen lugar en el territorio bonaerense. La disolución de los tribunales de Trabajo y su transformación en juzgados unipersonales, así como la creación de una nueva Cámara de Apelaciones en Mar del Plata, se vislumbran como los principales ejes que modifica la ley 15.057, que ya tuvo su correspondiente tratamiento previo en el Congreso.

Semejantes cambios en la estructura judicial, sin embargo, no se traducirán en una aplicación inmediata, sino que se materializarán de manera “gradual”: la puesta en vigencia de la flamante legislación se plasmó recién para 2020 y, recién desde esa fecha, se establece un plazo máximo de cinco años para poner en pleno funcionamiento el sistema.

“Estamos hablando de una modificación de estructuras muy importante y de mucho dinero porque ahora hay que cambiar estructuras edilicias, pero también el personal. Hay que rearmar una ingeniería de todo el sistema“, graficó a El Marplatense Fernando Novoa, el vicepresidente del Colegio de Magistrados de la ciudad.

Los interrogantes tampoco faltan ante los modificaciones que deberán implementarse. En la actualidad, el Departamento Judicial de Mar del Plata tiene en funcionamiento cuatro Tribunales de Trabajo. Hay también un quinto creado y con algunos jueces designados pero que nunca pudo ponerse en marcha hasta la fecha.

Pero en su artículo 90, inciso 9, la nueva ley precisa que la ciudad sólo tendrá 11 juzgados unipersonales, que también tendrán jurisdicción sobre los partidos de Balcarce, General Alvarado, y Mar Chiquita. Con este diagrama, sólo se requeriría de las funciones de 11 jueces, por lo que aún se desconoce cómo se terminará de desandar el escenario laboral para algunos de los magistrados.

Otro de los aspectos claves de la legislación radica en su artículo 92, donde se fija la creación de las Cámaras de Apelaciones de Trabajo. En General Pueyrredon estará integrada por dos salas. Y esto representa una nueva instancia para cada uno de los procedimientos laborales; hasta la fecha, cada apelación debía realizarse por trámite “extraordinario” ante la Suprema Corte pero así se abre una nueva posibilidad a nivel local.

A prima facie, este esquema no se ve con buenos ojos por los magistrados. El cuestionamiento pasa por los tiempos porque aseguran que el nuevo sistema planteado, que se asemeja un poco a la dinámica que ya tienen los Juzgados Civiles, será “más lento” al sumar una instancia más de apelación.

El sistema de doble instancia es más lento; esto es casi una obviedad. Hoy, si bien pueden haber excepciones, un proceso puede promediar entre dos y tres años y si va a la Corte por apelación, tarda otros dos años más. Los plazos se van a alargar”, indicó Novoa, quien remarcó: “No lo vemos como un cambio positivo porque la doble instancia y celeridad no es algo que pueda ir de la mano”.

El contexto actual tampoco pueda quedar ajeno a este análisis. El Departamento Judicial de Mar del Plata hoy tiene uno de los índices de litigosidad más altos por ingresos de causas en la Provincia de Buenos Aires, ocupando el puesto número 7.

Los números parecen más contundentes: por año, cada uno de los Tribunales de Trabajo de la ciudad arrastra una carga de aproximadamente 1300 y 1400 causas anuales, según reveló el vicepresidente del Colegio de Magistrados.

A partir de ello, el funcionario judicial sí destacó que, en principio, la división de tareas que se deduciría de la creación de los juzgados unipersonales podría ser más beneficiosa para el abordaje de cada expediente. “En total, podemos decir que tentemos un total de 5 mil y 6 mil expedientes por año y si lo dividís por 11 jueces, tendríamos 500 expedientes para tratar por juez. Cada uno tendría una menor carga, en principio”, consideró.

Entre otros aspectos, Novoa también resaltó la inclusión de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la ley estableció que las audiencias puedan ser grabadas para dejar un registro de estas instancias. Si bien la oralidad del proceso no se pone en duda, se añade otra posibilidad más al hacer uso de los recursos tecnológicos. “Este tipo de cuestiones son adaptaciones que sin duda representan un avance para la Justicia”, reconoció.

 


 

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