El Gobierno enviaría en febrero al Congreso de la Nación un proyecto que prevé la baja en la edad de imputabilidad a los 15 años, incentivado por la baja repercusión negativa que tuvo la implementación de las pistolas Taser en aeropuertos y trenes. 

El nuevo Régimen Penal Juvenil es un pedido que Mauricio Macri les había hecho a sus asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña electoral legislativa de ese año, recobró impulso en las últimas horas. La intención del Gobierno es lograr un consenso con la oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero.

La principal novedad en la letra del texto, de acuerdo a lo publicado por Clarín, tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad de 16 años pasará a 15, para los delitos más graves; y no a 14 como impulsaba el sector más duro.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a su par de Justicia, Germán Garavano, hablaron del tema en el cónclave del viernes pasado. La funcionaria, que pretendía que la edad de imputabilidad bajara a 14 años, le había dado su conformidad al ministro para que quede en 15 años, porque, según cuentan cerca suyo, entiende que lo mejor es que salga un proyecto que reemplace a la Ley 22.278, vigente desde 1980, en plena dictadura.

En el oficialismo aspiran a que el consenso con un sector del peronismo federal les permita avanzar en el Congreso, mientras que descuentan que el kirchnerismo se opondrá.

El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego. En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.

En todos los casos, como se apunta en el artículo 50 del proyecto, se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores.

Además, se incorporan "mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos", como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.

Pero el proyecto no se limita sólo a los casos de los jóvenes que pueden ser declarados imputables. Quienes trabajaron en las ocho mesas de trabajo que trazó el Ministerio de Justicia incluyeron, en los artículos 85 y 86 del proyecto, la “respuesta a inimputables” que tiene que dar el Estado.

De ese modo, en los casos en que la “investigación preliminar” determine que fue un menor de 15 años quien cometió un delito reprimido con pena máxima de diez años, se dispondrá que un equipo interdisciplinario -integrado por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales- elabore un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva.

El único punto que el Presidente Mauricio Macri deberá definir antes de enviar el proyecto gira en torno a los plazos máximos para la aplicación de la ley, que prevé la creación de un Fuero de Menores y establecimientos donde alojar a los jóvenes privados de su libertad.