El Tribunal Oral Federal de Resistencia (Chaco) condenó este viernes a los integrantes de la organización criminal que fuera liderada por el abogado y empresario Carlos Salvatore, con penas de hasta 9 años de prisión por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En el juicio oral intervino el fiscal general de esa jurisdicción, Federico Carniel.

El veredicto alcanza al círculo íntimo de Salvatore, quien también había llegado como acusado al debate iniciado en marzo del año pasado, pero falleció durante su transcurso: su esposa, Silvana Susana Vallés, y su suegro, Santiago Vallés Ferrer, fueron condenados a 7 años; la condena más alta fue para su socio Ricardo Gassan Saba, a quien se le impuso la pena de 9 años de prisión. En tanto que su hija, Carla Yanina Salvatore D’ Ursi, resultó absuelta.

El Ministerio Público Fiscal había señalado en su alegato que el mecanismo detectado consistió en la constitución de un complejo entramado de sociedades comerciales sin actividad real, creadas al solo efecto de inyectar el constante flujo de dinero proveniente del narcotráfico, disimulando así su origen delictivo. El propio Salvatore ocupaba un rol central en las sociedades pantallas o designaba a personas de su círculo íntimo. Otra de las características principales de la operatoria tuvo que ver con la amplia diversificación de actividades económicas, que iban desde la construcción de edificios en de Mar del Plata hasta la producción cinematográfica.

Las operaciones de lavado incluyeron además la utilización de una organización sin fines de lucro llamada “Fundación Salvatore para el Estudio e Investigación de Enfermedades, Tratamientos y Recuperación de Pacientes”, que tenía como objeto presunto realizar actividades académicas, de diagnóstico, rehabilitación y reinserción social de pacientes, entre otras.

De esa forma, la investigación pudo corroborar la existencia de una organización criminal transnacional, comandada por Salvatore, que generó un entramado financiero, empresarial e inmobiliario, con ramificaciones por el país y el extranjero, dedicado a colocar, en el mercado legal, el dinero de origen ilícito que provenía de su actividad como traficante de estupefacientes.

Carniel detalló durante su alegato las sociedades involucradas en las maniobras y la participación en el delito de los imputados, ya sea a través de ellas o a título personal, según cada caso. A su término pidió penas más altas que las impuestas por el TOF, a saber: 18 años para Gassan Saba, 15 para Vallés padre e hija y 7 para Carla Salvatore.

La pesquisa fue llevada adelante en la etapa de instrucción por la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo por entonces del fiscal Carlos Sanserri, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Por otra parte, el veredicto contempló el decomiso solicitado por el MPF y que se le dé de baja a las sociedades identificadas en la maniobra. En esa línea, la Fiscalía había pedido que se le corra vista de la resolución a la Jefatura del Gabinete de Ministros de la Nación para que disponga el destino con fines sociales de los bienes en cuestión.