El juez federal Claudio Bonadio amplió este jueves el procesamiento con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Kirchner al considerarla coautora de otros cinco hechos de cohecho pasivo, en el marco de la causa de los cuadernos, en la que ya había sido procesada por asociación ilícita.

Además, amplió el embargo sobre sus bienes a 80 millones de pesos y dijo que la prisión preventiva de la ex presidenta "se hará efectiva cuando el Senado de la Nación apruebe su desafuero, o bien, cuando cesen sus fueros". El juez consideró "inverosímil" el argumento que dio la ex presidenta cuando se defendió en los tribunales, al decir que desconocía todas las maniobras ilícitas que se le imputaban.

Entre otros elementos que están detallados en la resolución, alude a uno de los dichos de Juan Manuel Campillo, ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, quien al declarar como arrepentido dijo que Daniel Muñoz, el ex secretario de los Kirchner, le había dicho que el dinero que estaba a su nombre era en realidad una fortuna que no era suya.

También se refiere a que, según describió en decenas de ocasiones el chofer Oscar Centeno y luego ratificaron otros imputados en sus declaraciones, el dinero recaudado por la organización delictiva era entregado en el departamento de Néstor y Cristina Kirchner, ubicado en la dirección Uruguay 1306, en el barrio porteño de Recoleta.

Cuando se presentó a declarar al juzgado de Bonadio, según La Nación, Cristina presentó un escrito donde desconoció los hechos que se le imputaron. "El desconocimiento de los sucesos que fue alegado en su presentación se vuelve más inverosímil aún si se tiene en cuenta que el destinatario del dinero recolectado en el ámbito del Ministerio señalado era el Secretario Privado de Presidencia y este era entregado, principalmente, en un domicilio de su propiedad (Uruguay 1306 de esta ciudad), como así también en la Quinta Residencial de Olivos".

Según el juez, "las constancias incorporadas dan cuenta de su participación en el sistema ilegal de recaudación llevado a cabo durante la presidencia de su cónyuge, como también su continuación hasta los últimos días de su gobierno".

En la misma resolución, Bonadio amplió los procesamientos de los empresarios de Electroingeniería Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta, y Jorge Neira, de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Roberto Baratta y Ezequiel García por cohecho pasivo, y procesó a los directivos de Isolux Mario Maxit y César De Goycoechea -hermano de Juan Carlos De Goycoechea- por cohecho activo.