Denuncian a Mourelle por la supuesta comisión de, al menos, cinco delitos

Está impulsada por la empresa ROCMA SRL. Fue presentada esta tarde ante la Fiscalía Federal. Se lo acusa de administrar fraudulentamente fondos ajenos, abuso de autoridad , incumplimiento de deberes, tener fondos expeditos y no pagar, y coacción, entre otros.

Por Redacción

miércoles 7 de agosto, 2019

El secretario de Hacienda Hernán Mourelle y el intendente de General Pueyrredon Carlos Arroyo fueron denunciados hoy por la empresa ROCMA SRL ante la Fiscalía Federal. Se los acusa de la comisión de varios delitos, entre los que se encuentra la administración fraudulenta, coacción, malversación de fondos, abuso de autoridad y demoras injustificadas en los pagos. En ese contexto, El Marplatense se comunicó con César Sivo, abogado del denunciante.

En total, los hechos que más resaltan son: administrar fraudulentamente fondos ajenos, abuso de autoridad , incumplimiento de deberes, tener fondos expeditos y no pagar, y coacción, entre otros.

“Es un hecho de inusitada gravedad por todo lo que implica, porque no sólo es incumplir obligaciones funcionales como las que tiene el contador Mourelle y el intendente municipal, sino también los daños colaterales que estos incumplimientos provocan y siguen provocando”, comenzó.

Específicamente, la denuncia tiene varias aristas . Se trata de varias licitaciones y otras actividades relacionadas con una contratista y con fondos que provenían del Ministerio del Interior, más específicamente de la Secretaría de Vivienda. “En esta lógica tan particular del funcionario se ha llevado adelante cada una de estas obras de modo irregular y atípico la conducta, a pesar de que todo está reglado”, dijo, y agregó: “Son obras que vienen con fondos del gobierno nacional, que van a una cuenta concreta para realizar determinadas tareas y hacerlo fuera de eso marca que no se está cumpliendo con lo que se debe cumplir”.

Para el abogado, los atrasos perjudican de forma considerable no sólo a los contratistas, sino también a otros aspectos impositivos, como el pago de tasas y aportes, además de los sueldos. Por otra parte, genera acumulación de intereses, lo que “incrementa el valor de la obra de forma totalmente innecesaria”. “No es que no tenían el dinero, hemos comprobado en el Ministerio del Interior que el dinero estaba disponible, fue transferido a la municipalidad y desde allí se destinó a otra cosa o no se sabe dónde está”, aseguró Sivo.

“Cada vez que el contratista iba a hacer sus reclamos legítimos, dentro de sus derechos, todas las veces se encontraba con negativas arbitrarias y en la última etapa ya con una posición patoteril, la misma que este funcionario ha tenido enfrentamientos con varias personas”, siguió, y añadió: “Era un posicionamiento que marcaba que él iba a hacer lo que quería con ese dinero, que no pertenecía al área municipal, sino a fondos del gobierno nacional”.

Por otro lado, una arista diferente la marcaría el hecho de que en las obras debían trabajar cooperativas, algo que de acuerdo a la denuncia no se habría cumplido. “Era una posibilidad de tener un trabajo digno y un ingreso que se correspondiera con la tarea, debía hacerse así específicamente porque servía para dar trabajo y movilizar las economías locales, pero desde el gobierno local no se contrataron a las cooperativas, sino que se contrató a los empleados municipales”, explicó. Asimismo, manifestó: “En un momento el gobierno nacional no quería liberar los fondos porque no estaba comprobado que intervinieran cooperativas, pero aparecieron  facturas, aparentemente falsas porque no sabemos de quién, y los fondos se liberaron”.

Según expresó el abogado, los delitos conllevarían penas altas. “La malversación tiene penas de hasta 6 años y sumando todos los delitos tendría una escala penal muy alta, pero que nos interesa es que la investigación avance y que se pueda saber a donde fue a parar el dinero, porque cada día que pasa se generan intereses, lo que afecta al municipio y hace que el patrimonio municipal se deteriore cada día”, dijo.

Entre los denunciantes y los denunciados todavía no se habría llevado a cabo ningún tipo de diálogo, de acuerdo con Sivo. “Un funcionario que se permite jugar con los fondos de nación con una finalidad específica, pero por sobre todo con el trabajo digno de un montón de persona, difícilmente se preocupe por dar respuestas”, concluyó.

 

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