Cuadernos: Bonadio dio por probados los aportes de los 31 arrepentidos
El Juez Claudio Bonadio ratificó esta tarde los dichos de los 31 imputados colaboradores, conocidos como "arrepentidos", en el marco de la causa conocida como los cuadernos de las coimas. Lo hizo por medio de un informe de 100 páginas en las cuales detalla que los aportes fueron "sustanciales" para confirmar la existencia de una "estructura delictiva dedicada al cobro de fondos ilegales".
La causa comenzó hace más de un año, el 1 de agosto de 2018, con ocho cuadernos escritos a mano por Oscar Centeno, ex chofer del asesor y mano derecha de Julio De Vido, Roberto Baratta. Las anotaciones de Centeno llegaron a la justicia y alcanzaron las 172 personas procesadas, de las cuales 71 ya fueron confirmadas por la Cámara Federal y están listas para el juicio oral. Del total de procesados se puede hacer otro desglose: hay 136 empresarios, 22 exfuncionarios y 14 testaferros. No es todo: entre aquellos 172 procesados hay 31 “arrepentidos”.
Como informó Clarín, quedan pocos detenidos en la causa: solo 7. El único empresario preso es Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, que nunca se arrepintió y consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria. También siguen detenidos por este expediente Julio De Vido, Roberto Baratta, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa y Oscar Thomas (ex directivo de Yacyretá), aunque este último con domiciliaria.
La causa principal -que en el juzgado federal 11 a cargo de Bonadio estiman será elevada a juicio oral en los próximos días- avanzó gracias a una herramienta clave: la ley del "imputado colaborador", más conocida como "ley del arrepentido". Este instituto legal aprobado por el Congreso en 2017 sólo había sido utilizado en dos causas por corrupción de repercusión mediática, la "ruta del dinero K" -con el testimonio de Leonardo Fariña- y el caso Ciccone, con la confesión del testaferro de Amado Boudou Alejandro Vanderbroele.
Esta Ley exige al juzgado que en el plazo de un año corrobore los dichos de los "arrepentidos", es decir, que genere medidas de prueba en función de las confesiones recibidas por la fiscalía, en este caso a cargo de Carlos Stornelli. De confirmarse que algunos de los planteos no eran ciertos, los imputados perderían todos los beneficios y quedarían detenidos acusados de falso testimonio agravado.
Transcurrido el tiempo impuesto por la normativa, este jueves el juzgado de Bonadio publicó un informe de cien páginas donde sostiene que los dichos de los 31 imputados colaboradores fueron comprobados y junto a ello, que los aportes brindados "fueron sustanciales para el desarrollo del expediente".