Residuos voluminosos: crece la polémica y funcionario de Arroyo fue citado al Concejo Deliberante
La Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante recibirá este jueves al presidente del Emsur, Eduardo Leitao, para conocer aspectos de la implementación de la ordenanza nº 20002 que establece los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los residuos voluminosos.
La citación del funcionario de Arroyo se produce tras una serie de graves denuncias realizas por comerciantes gastronómicos contra las empresas Ciageser SA y Resicont SA a cargo del controvertido servicio de residuos voluminosos en el distrito de General Pueyrredon. Se trata de un negocio millonario.
“Los gastronómicos nos hacemos muchas preguntas pero no encontramos las respuestas. Estamos enojados. Nos obligan a poner contenedores y si no los tenemos nos mandan al Juzgado de Faltas para que nos apliquen una multa. Hay una especie de monopolio entre dos empresas. Todo esto es muy raro. Esto es un curro”. Así lo denunciaron la pasada semana un grupo de comerciantes gastronómicos en una Jornada de Trabajo que se llevó adelante en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante.
Tras esa reunión en el cuerpo legislativo, los comerciantes recibieron “sospechosas inspecciones” del municipio. En el marco de la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, el concejal radical, Mario Rodríguez, denunció que “al otro día de la jornada de trabajo, llamativamente algunos comerciantes gastronómicos que hicieron uso de la palabra recibieron sospechosas visitas de Inspección General del municipio”.
En la actualidad, todos aquellos generadores de residuos voluminosos (que superen los 20 kg) se encuentran excluidos del servicio de recolección de residuos domiciliarios contratado por la municipalidad de General Pueyrredon. Y es el propio sector gastronómico y hotelero quien tiene que cargar con ese costo. Se trata de un millonario negocio.
“Las empresas que prestan el servicio instalan los contenedores de manera compulsiva”, recalcaron los gastronómicos, quien cuestionaron la tarea de las empresas Ciageser SA y Resicont SA.
Y aseguraron: “La empresa Transportes 9 de Julio tiene una actitud de connivencia con estas dos empresas, que le pertenecen”.
En ese contexto, los comerciantes reclamaron que se realice “un control adecuado de las tarifas que perciben las empresas prestadoras del servicio quienes las estipulan en valores fijados unilateralmente, donde adicionan el IVA, no obstante, no corresponde por tratarse de un servicio público”.
