Bolivia: la Defensoría confirmó 32 muertos por las protestas tras las elecciones

Ayer, otras ocho personas perdieron sus vidas tras el operativo militar en la plata de Senkata, en la región de El Alto. El gobierno de la presidenta provisional Jeanine Áñez envió un proyecto al parlamento para celebrar elecciones cuanto antes.

Por Redacción

jueves 21 de noviembre, 2019

La Defensoría del Pueblo de Bolivia  informó en las últimas horas que ya son 32 los muertos a causa de la ola de violencia que se apoderó del país luego de la sospecha de fraude en las elecciones celebradas el pasado 20 de octubre. Ayer, ocho personas murieron a causa de un encuentro con la policía y las fuerzas militares en la planta de  Senkata, en El Alto.

El bloqueo de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) en Senkata había ocasionado escasez de combustible tanto en la región de El Alto como en La Paz. El 80% del transporte público no estaba en funcionamiento, según datos del sindicato local.

Por su parte, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, continúa en la zona de Senkata en un intento de “promover la pacificación entre los vecinos del distrito 8”, informó Infobae. “Pedimos a las autoridades suspender el sobrevuelo de aeronaves en el sector para mantener la tranquilidad en la población”, ha expresado.

El cerco a la planta se enmarca en las protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales. El ex presidente Evo Morales proclamó su victoria pero la oposición denunció un “fraude gigantesco” y la auditoria realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó “irregularidades”.

A la dimisión de Morales se sumaron las de otros altos cargos, entre ellos los llamados a sustituirle conforme a la línea sucesoria trazada por la Constitución, por lo que Jeanine Áñez, en calidad de vicepresidenta segunda del Senado, asumió las riendas del país.

Áñez ha prometido que se mantendrá en el poder solo el tiempo que sea necesario para celebrar nuevas elecciones presidenciales, si bien ha aclarado que Morales no podrá competir en ellas, haciendo valer así el resultado del referéndum de 2017, que fue revertido por el Tribunal Constitucional.

 

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