A pesar de haber recuperado su libertad, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva continúa siendo juzgado por los delitos de corrupción y lavado de dinero presuntamente cometidos bajo su gestión. Esta tarde, la justicia no dio lugar a la apelación que había elevado para revisar su condena.
La pena es de 12 años de prisión, algo que fue ratificado de forma unánime por el tribunal de la cuarta región, en Porto Alegre. Además, los magistrados decidieron elevar la pena a 17 años y un mes de prisión, algo que todavía no ha quedado firme.
Este fallo no afectará la situación inmediata del líder del Partido de los Trabajadores, quien recuperó la libertad el 8 de noviembre. Sin embargo, es un paso más hacia la eventual confirmación definitiva de la condena que lo podría conducir nuevamente a la cárcel, explicó la agencia AP.
Se acusa a Da Silva de haberse beneficiado de reformas en una finca en Atibaia, Sao Paulo, presuntamente pagadas por las empresas constructoras Odebrecht y OAS.
