El Senado aprobó la ley de Emergencia Económica
Luego de una maratónica sesión en el Senado, los legisladores convirtieron en ley la emergencia económica propuesta bajo el gobierno de Alberto Fernández, también conocida como ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Obtuvo 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención.
La norma dicta, entre otras cosas, nueve emergencias, suspende la movilidad jubilatoria, incrementa las retenciones al agro y suma un impuesto a la compra y los gatos en dólares en el exterior, así como le da poder al presidente para renegociar la deuda pública.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tuvo la aprobación de la bancada del Frente de Todos y de sus aliados, como Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), pero también del santafecino Carlos Reutemann integrante del interbloque Juntos por el Cambio como representante del bloque Santa Fe Federal.
Como informó Clarín, en contra lo hizo el resto del interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto que la riojana María Vega, quien juró como reemplazante de la radical Olga Brizuela y Doria (electa intendenta de La Rioja), se abstuvo.
Con ayuda de la oposición, que no acompañó pero tampoco obstaculizó la sesión, el megaproyecto de Solidaridad y Reactivación Productiva se convertirá en la primera carta fuerte de la gestión de Fernández luego del extenso debate.
El proyecto llegó a la Cámara alta pasado el mediodía, todavía caliente de Diputados, donde acababa de aprobarse después de un debate maratónico plagado de negociaciones que se plasmaron en las numerosas modificaciones que sufrió el texto.
Eso obligó a los senadores a retrasar dos horas el arranque de la sesión, en un inicio prevista para las 14. Cuando finalmente arrancó, la bancada de Juntos por el Cambio pidió un cuarto intermedio de otras dos horas para poder estudiar los cambios y el debate concreto de la ley -para el que se anotaron 36 oradores- empezó recién pasadas las 19.
Dado que el proyecto no tenía dictamen de comisión en el Senado, el oficialismo necesitaba dos tercios para habilitar su tratamiento. A raíz de la polémica desatada por la excepción de la suspensión de la movilidad previsional para jubilados de privilegio, Juntos por el Cambio no dio quórum -como tenía acordado con el Frente de Todos- pero tampoco bloqueó el tratamiento.
Después de una discusión a puestas cerradas, y subida de tono, entre los legisladores del interbloque opositor, la postura moderada se impuso sobre los que no querían hacer caer la sesión y los senadores del PRO y la UCR acordaron no bajar al recinto.
Como los dos tercios necesarios son sobre los presentes, el peronismo no tuvo problemas en habilitar por su cuenta el tratamiento. Igualmente, contó con la ayuda de Lucila Crexell -la senadora neuquina que tras la pelea con la UCR por su banca abandonó Cambiemos-; el santafesino Carlos Reutemann, que tiene un monobloque dentro de Juntos por el Cambio; y el ex gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Rio Negro.
La oposición apuntó sus críticas principalmente contra las facultades que esta ley le otorga al Ejecutivo. "El llamado al diálogo del Presidente me había dado esperanzas. Pero esa esperanza se diluye con este proyecto de ley. Se nubla, se aleja, se entristece. Porque esta ley ignora las instituciones”, apuntó Esteban Bullrich, del PRO, y adelantó que el interbloque opositor votaría en contra en general y acompañaría algún artículo, como el de las PYMeS, en particular.
El gobierno debió hacer concesiones para destrabar la aprobación. Ya en la previa al debate, eliminó el artículo 85 –que le daba amplias facultades al Presidente para reformar organismos del Estado- y durante el debate en Diputados aceptó modificaciones en un punto clave: el incremento de las retenciones al agro.
Si bien logró mantener el incremento del tope para la alícuota de derechos de exportación de la soja al 33%, al 15% para el maíz y un 5% para las economías regionales, estableció la creación de un Fondo Solidario para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos y fijó “mecanismo de segmentación” que deberán ser informado por el Ejecutivo ante una comisión de legisladores, el Consejo Federal Agropecuario y las organizaciones del sector.
