TUCUMÁN

Condenaron a 18 años de prisión al hombre que violó y embarazó a una nena de 11 años

Durante el juicio, el imputado se declaró culpable. La menor había pedido tener una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pero esta fue aprobada cuando la gestación estaba avanzada, por lo que no se realizó. La bebé nació por cesárea y murió pocos días después.

Por Reddación

viernes 14 de febrero, 2020

A casi un año del hecho, la Justicia condenó a un hombre de 66 años a 18 años de prisión por haber violado y embarazado a su nieta, de 11. Se lo condenó por el delito de “abuso sexual doblemente agravado por el grave daño a la salud mental y física de la niña aprovechando la situación de convivencia”.

La decisión, que fue tomada por los integrantes de la Sala V de la Cámara Penal de Tucumán, rozó la máxima pena tipificada en los casos de abuso sexual agravado -que es de 20 años- y será de cumplimiento efectivo.

La audiencia estuvo a cargo de los jueces Fabián Fredejas, María Balcazar y Juana Francisca Juárez. Durante la misma, la madre de la niña pidió la palabra y solicitó la pena máxima para el acusado porque “causó un daño tremendo y le arruinó la vida y dejó marcada a mi hija y toda mi familia”, informó Infobae.

El acusado se declaró culpable, pero no pidió disculpas. La menor fue representada Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las Mujeres (Cladem).

“No hay pena que pueda borrar el daño que sufrió, pero entendemos que éste juicio abreviado con una condena que roza la máxima tipificada fue la mejor opción para proteger a la niña que no deberá pasar por un proceso que puede ser revictimizante y estigmatizante en un momento en el que está logrando rearmar su vida y sus vínculos. También muestra que había pruebas irrefutables y contundentes de la culpabilidad del acusado. Es importante remarcar la celeridad con la que actuó la justicia: en menos de un año, el abusador fue sentenciado”, indicaron Emilio Guagnini, de Andhes, y Celia Debono, de Cladem.

Desde las organizaciones recalcaron el pedido presentado al Tribunal Penal de que se haga seguimiento de la condena con la premisa de cuidar a la menor, que la pena sea de cumplimiento efectivo y que la sentencia incorpore medidas para garantizar la no repetición de este delito.

"También solicitamos que la justicia recomiende al Poder Ejecutivo que tome todas las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia hacia las niñas y niños, como campañas de promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes - en particular sus derechos a vivir una vida libre de violencias, a gozar de sus derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos-, campañas de visibilización, sensibilización y prevención de la violencia sexual hacia niña y niños y educación sexual integral, acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva para niñas, niños y adolescentes", expresó Florencia Vallino, abogada querellante de Andhes.

El Tribunal, además, dictó medidas de reparación a la niña y solicitó al Poder Ejecutivo asistencia psicológica gratuita, una beca para que pueda terminar sus estudios y asistencia social para ella y su familia.

La niña estaba al cuidado de su abuela y su pareja, ya que la madre perdió su tenencia después de que su pareja abusó de sus otras dos hijas mayores. En ese contexto, cuando el abuelastro se quedó solo con ella en la casa ubicada en el departamento de Burruyacú, al noreste de Tucumán, se produjo la violación. En un control médico se comprobó el embarazo fruto de esa agresión sexual y la niña contó lo ocurrido a su madre, que presentó la denuncia.

Sin embargo, en el Hospital Eva Perón, donde ingresó por “autolesiones”, la niña habló con una psicóloga y -según reveló Página/12- dijo una frase que consta en el acta judicial: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Su madre también firmó el consentimiento para que se lleve a cabo la práctica.

La madre y la menor habían hecho un pedido expreso a la justicia de su voluntad de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) -contemplada desde 1921 en Argentina en el artículo 86 del Código Penal para casos de violación, o en caso de peligro de la salud o la vida de la gestante- pero como la decisión se dilató por temas burocráticos tuvieron que realizarle una cesárea debido a su avanzada gestación.

La niña dio a luz a su bebé en febrero de 2019 a un bebé de 600 gramos, que falleció días después por problemas respiratorios tras permanecer con cuidados intensivos en incubadora.

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