La justicia Federal investiga a la principal empresa proveedora de alimentos del Municipio

Es por las compras del gobierno nacional que generaron polémica y provocaron denuncias de sobreprecios

Por Redacción

martes 21 de abril, 2020

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, realizó una denuncia penal en la justicia federal para que se investiguen contrataciones llevadas adelante por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco de la emergencia sanitaria.

Una de las empresas que ya investiga la Justicia es la principal proveedora de alimentos de la Comuna de General Pueyrredon. Se trata de una firma comercial con un curioso nombre: Nomerobo SA, quien pertenece a la intermediaria Copocabana, que aparece en la denuncia original de sobreprecios del ministerio de Desarrollo Social de Nación.

En ese sentido, fuentes municipales consultadas por El Marplatense indicaron que “estamos revisando las contrataciones de Nomerobo. La denuncia penal es por sobreprecios en Desarrollo Social de Nación. Esto no significa que el municipio haya pagado sobreprecios”.

De acuerdo a la presentación judicial de las últimas horas, se habría dado una concentración de compras a tres oferentes por un monto total de 543.408.400 pesos y con sobreprecios en los productos a ser adquiridos por el gobierno nacional.

La denuncia es por los delitos de defraudación a la administración pública y abuso de autoridad, previstos en los artículos 174 inciso 5 y artículo 248 del Código Penal. También se menciona la posibilidad de que se haya cometido el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

De acuerdo a lo estudiado en la investigación preliminar (IP) realizada por la PIA -que llevó adelante distintas medidas de prueba, además del análisis de expedientes administrativos-, se determinó que se habría establecido un esquema de concurrencia simulado en la invitación de distintas empresas que en realidad pertenecerían a los mismos grupos económicos, por lo que concentrarían de esta forma las adjudicaciones efectuadas.

En el documento, el fiscal Rodríguez solicitó que se habilite la feria extraordinaria por “la gravedad institucional de los hechos denunciados, su impacto social, la necesidad de realizar medidas de pruebas de carácter urgente y la posibilidad que los mismos puedan seguir causando efectos más allá de la suspensión” de la ejecución del procedimiento contractual, dispuesta por el titular de la cartera del Poder Ejecutivo Nacional en cuestión.

También, le solicitó al juez una serie de medidas para profundizar la investigación y le comunicó que la PIA se constituyó como parte acusadora en el sumario administrativo iniciado por el Ministro de Desarrollo Social por lo que, de producirse avances de interés para la investigación penal, podría comunicarlos.

La denuncia realizada por la PIA se inició tras una presentación de la abogada Silvina Martínez, que indicó que en la mayoría de las contrataciones directas por emergencia efectuadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación era posible advertir sobreprecios en los productos adquiridos, sin justificación alguna.

La PIA reseñó que entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 2020, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación emitió una serie de actos administrativos donde autorizó a efectuar distintas contrataciones directas por emergencia, en el marco de la pandemia de COVID-19. Allí se aprobaron los correspondientes Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y se estableció que el monto total comprometido era de 543.408.400 pesos.

En la denuncia, se explicó que esas contrataciones fueron adjudicadas a distintas firmas que, en general, cotizaron por encima del precio testigo proporcionado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y dejaron de lado los precios máximos de venta establecidos por el propio Estado Nacional. Esto habría generado un eventual perjuicio patrimonial. Además, se detectó que las empresas adjudicatarias formarían parte de sendos grupos económicos, encontrándose vinculados los integrantes de cada una de ellas.

“En todos los procedimientos descriptos se culminó contratando desconociendo los propios precios máximos dispuestos por el Estado Nacional”, marcó el fiscal Rodríguez en la denuncia. Explicó, además, que las normas que regularon el procedimiento de contrataciones de bienes y servicios en el marco de la emergencia tenían habilitado un procedimiento de “excepción” para concretar “el interés público perseguido”. Por eso es que se dispuso, por ejemplo, que los casos donde la contratación hubiera fracasado, el titular de la jurisdicción, entidad u organismo podría seleccionar de forma directa al proveedor o proveedores de listado correspondiente elaborado por el Estado Nacional.

“A fin de poder cumplir con la finalidad buscada mediante estas contrataciones, para la satisfacción del interés público pretendido, hubiera correspondido decretar fracasado los procedimientos, por resultar antieconómicos, procediendo en los términos del art. 4 de la Decisión Administrativa No 409/2020 y punto 4 del Anexo de la Disposición de la ONC Nº 48/2020, esto es, seleccionando en forma directa a proveedores a fin de la adquisición de los bienes en cuestión”, resaltó.

“No caben dudas que se vulneró la finalidad perseguida por las contrataciones, esto es, la obtención de la oferta más conveniente para el organismo contratante”, agregó.

Para el titular de la PIA quedó evidenciado que los procedimientos de contratación no fueron llevados a cabo en forma legal por los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, que con sus infracciones permitieron “distintas irregularidades que conllevaron a la afectación del proceso de compras desviando la finalidad del mismo”. Resaltó que la selectividad en las invitaciones realizadas por el Ministerio permitió que las cinco grandes compras -con plazos especiales de entrega y pago- recayeran prácticamente en manos de dos o tres grupos de oferentes.

“En las compras por emergencia bajo estudio se aparenta haber invitado a una gran cantidad de empresas, de hecho primero se sugieren once firmas pero en definitiva, cuando se traspasa el velo de los nombres societarios se advierte que en realidad se estaba invitando a tres o cuatro manos por decirlo de algún modo”, explicó.

Por un lado, estaban Teylem-Forain-Quis Quince-Blue Catering- Conformación del grupo L; por el otro Sol Ganadera SRL – alimentos generales S.A; y por último Copacabana SA – NoMeRobo SA.

Para la PIA, con la concreción de la maniobra "se habría configurado una ganancia superlativa al aplicarse al caso del aceite comestible y el azúcar un sobreprecio que supera prácticamente el 62%”

“Si ello fuera así, tanto las lentejas, el arroz y los fideos también debieran haber reflejado semejante diferencia entre los precios establecidos por SIGEN y los precios máximos, pero de momento no fue acreditado. Claramente no puede interpretarse que los oferentes conocían que unas compras serían pagadas en tiempo y forma conforme el pliego de bases y condiciones particulares, es decir a los 15 días, pero que en el caso del aceite y el azúcar sí conllevarían una demora en el pago que imponía el aumento de sus costos con fines de mantener la ecuación económica financiera de la oferta”, se explicó.

La denuncia fue formulada bajo la imputación de defraudación a la administración pública y abuso de autoridad.

La supuesta simulación en la invitación de distintas empresas se trataría en realidad de compañías que pertenecían a los mismos grupos económicos, concentrando de esta forma las adjudicaciones. “Ello no solo afecta a los principios legales de las contrataciones del Estado como fuera indicado, sino que claramente atenta contra la posibilidad de obtener un precio justo por los bienes que se pretendían adquirir, en este caso motivados en la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del virus COVID -19”, se afirmó.

“Las adjudicaciones cuestionadas no solo generaron un beneficio a las empresas adjudicadas, sino a su vez se habría identificado una ganancia superlativa al aplicarse al caso del aceite comestible y el azúcar un sobreprecio que supera prácticamente el 62%”, recalcó el fiscal Rodriguez.

“La maquinación consistió en simular un procedimiento de compras legal por parte del Ministerio de Desarrollo Social, cuando en realidad no lo fue y permitió favorecer a determinados intermediarios, adjudicándose productos a precios inflados, con el consecuente perjuicio al erario público”, sintetizó.

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