Notificaron a los fiscales que el Observatorio de Víctimas hará el seguimiento de las excarcelaciones

La resolución tomada días atrás por el presidente de la cámara baja ya fue informada a los procuradores y fiscales generales. "A los jueces que no cumplan con la Ley de la Víctima le iniciaremos juicio político", dijo Massa.

Por Redacción

sábado 9 de mayo, 2020

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmó días atrás una resolución para encomendar al Observatorio de Víctimas de Delitos el seguimiento de aquellos procesos penales que puedan confrontar o desconocer los derechos contemplados en la Ley Nacional de Víctimas. Dicha medida ya fue notificada a los procuradores y fiscales generales para garantizar el proceso de control.

La decisión respecto del Observatorio fue adoptada en una reunión en el Congreso entre Massa, la titular de la Asociación Madres del Dolor, Viviam Perrone, y los integrantes del Observatorio entre ellos un sobreviviente de la masacre de Flores, la mamá de Ángeles Rawson y el papá de la víctima fatal de un violador excarcelado.

"Resolvimos respaldar con medidas al Observatorio de Víctimas para que en la Argentina se cumpla la Ley de Víctimas", sostuvo Massa tras el encuentro, donde se repasó un informe realizado por el Sistema Nacional de Estadísticas Sobre Ejecuciones de las Penas (SNEP), en el que hay datos de seguridad de la provincia de Buenos Aires y el resto del país. El presidente de la cámara baja fue contundente al decir que: "a los jueces que no cumplan con la Ley de la Víctima le iniciaremos juicio político".

La resolución notificada a las autoridades judiciales establece textualmente: “Por todo lo expuesto el Observatorio de las Víctimas de Delito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, atento a la preocupación sobre “pedidos y concesiones masivas” de habeas corpus, libertades, arrestos domiciliarios y todo tipo de beneficios anticipados por parte de los internos en las diferentes cárceles del país en el marco del aislamiento, social preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto N° 297/2020 y la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/2020 y sus modificatorios en atención a la evolución de la situación epidemiológica Coronavirus (COVID-19) y estando vigente una Ley Nacional que protege y asiste a las víctimas de delitos, tiene a bien NOTIFICARLE la Resolución N° 766/20 en su parte pertinente:

Artículo 1°: Encomendar a la Directora del Observatorio de Víctimas de Delitos las acciones necesarias para monitorear todo proceso de “liberaciones masivas” fundadas en el marco de la emergencia sanitaria y la situación epidemiológica Coronavirus (COVID-19) y que puedan confrontar o desconocer derechos de orden público contemplados en la Ley Nacional N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, en el Código Procesal Penal de la Nación y en la Ley N° 24.660.

Artículo 4°: (1) Tomar urgente contacto con el Procurador General de la Nación y de cada provincia, para interiorizarse sobre la existencia de denuncias sobre “libertades irregulares” a los derechos de orden público contemplados en la Ley N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, en el Código Procesal Penal y en la Ley N° 24.660.

(2) Conocer la cantidad de libertades, morigeraciones o beneficios en relación a las prisiones preventivas o condenas ya dictadas y fundadas en la emergencia sanitaria y la situación epidemiológica Coronavirus (COVID-19); informando además si las mismas han sido recurridas.

(3) Saber si en los casos referidos ut supra se han notificado a las víctimas los derechos otorgados por la Ley N° 27.372, especialmente el de ser oída y oponerse a las libertades o beneficios solicitados por los detenidos o condenados”.

Por último, la nota de resolución enviada a las autoridades judiciales, aclara: “La presente notificación tiende a hacerle saber que el Observatorio de las Víctimas de Delitos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, como organismo de monitoreo, seguimiento y análisis, pretende identificar todos aquellos casos en que no se hubieren garantizado los derechos de las víctimas y su debida intervención, tanto durante la tramitación del proceso, como en su etapa de ejecución, especialmente en aquellos supuestos que puedan verse entorpecidos por las condiciones extraordinarias de trabajo que se han originados a partir de la pandemia del Coronavirus (COVID-19)”.

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