Aumento del boleto: "Estamos atravesando una gravísima situación", afirman los empresarios
En una nota presentada este viernes en el Concejo Deliberante, los empresarios del transporte de pasajeros urbano reclamaron un aumento de boleto de la tarifa de $25 a $42,12, lo que representa una suba del casi el 70% en el distrito de General Pueyrredon, al sostener que “es critica la situación económica” por la que atraviesan en medio de la pandemia de coronavirus.
"Las empresas de transporte público de pasajeros del Partido de General Pueyrredon se encuentran atravesando una gravísima situación desde el punto de vista económico-financiero producto de la aplicación de las diferentes y sucesivas medidas de seguridad sanitaria adoptadas por el gobierno nacional, provincial y municipal en relación a la pandemia”, destacaron los empresarios en la nota.
Asimismo, describieron que "dichas medidas derivaron en una abrupta caída de los pasajeros transportados (90%) y, por ende, de la recaudación, teniendo que adaptar la prestación de los servicios a esta realidad que día a día muta vertiginosamente”.
"Los empresarios nos vemos obligados a solicitar un aumento del boleto que acorde a nuestros cálculos tiene que valer $42,12 y no los $25 actuales", precisaron en el escrito.
De seguir así, entendieron que no podrán brindar "un servicio regular y eficiente como se viene haciendo" por lo que resaltaron "la necesidad imperiosa de que el Estado colabore con el sostenimiento de las empresas".
A su vez, expresaron que los subsidios estatales “se están percibiendo cada vez con más retraso” y repararon en que “si bien todas las empresas han solicitado a través de la adhesión al Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y Producción del Estado nacional, la misma ha sido denegada atento a que se trata de servicio de transporte urbano regular de pasajeros y que, al percibir subsidios, invalida el acceso a los beneficios del ATP”.
El último aumento en Mar del Plata llevó en febrero el boleto de $23 a $25 en el marco de un incremento que fue decretado en noviembre por el ex intendente Carlos Arroyo y que el gobierno de Guillermo Montenegro resolvió mantener.
