Cárcel de Batán: denuncian dos muertes en una semana
Tras las muertes de dos internos del penal de Batán, familiares y organizaciones sociales realizarán una acción de visibilización de las condiciones de detención de las Unidades Penales 15, 50 y 44. La realización de un “banderazo” será el viernes 19 de junio a las 10, en el ingreso al edificio de Tribunales, en Brown 2046, con la lectura púbica de un petitorio.
El espacio de liberados del Frente por la Igualdad del Movimiento Evita y Movimiento Evita Mar del Plata, acompaña la convocatoria efectuada por familiares de personas privadas de la libertad. Buscan hacer visible el reclamo que vienen llevando a cabo desde hace tiempo, vinculado al respeto de los derechos humanos de todas las personas detenidas y a la promoción de políticas públicas que den respuestas de forma integral a la compleja problemática del encierro en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
Canela Bella, referenta del espacio señaló que “en virtud de la pandemia desatada por la circulación del COVID-19 y el consecuente dictado del ASPO por parte del PEN advertimos que se han agravado las condiciones de detención a causa de las deficiencias estructurales, el hacinamiento y la imposibilidad de aplicar el distanciamiento social en los establecimientos carcelario”.
Además, Bella aseveró: “Estamos en la puerta de un masacre humanitaria, dentro de las cárceles” y destacó la importancia de que tanto el poder judicial, como el ejecutivo trabajen conjuntamente para dar solución a los puntos urgentes que detallan en el petitorio.
El petitorio exige que se respeten los plazos procesales vinculados a los derechos de obtener arrestos domiciliarios, libertades asistidas, libertades condicionales, etc y se tenga especial celeridad en relación a los grupos de riesgo por COVID-19. A su vez, demanda que "se garantice el acceso al derecho a la salud, a la atención psicológica y psiquiátrica". Además, reclaman que "se habilite el ingreso de indumentaria, frazadas y todo elemento necesario para hacer frente al invierno a las familiares de detenidos, toda vez que en virtud de los reglamentos dictados por el SPB a causa de la pandemia, únicamente se habilitan los depósitos de encomiendas de elementos de higiene y alimentos".
Desde el espacio afirman que la urgencia que empuja el reclamo es la crisis en el sistema de encierro: “La semana pasada ocurrieron 2 muertes en la U.P.15 de Batán, por las que exigimos verdad y justicia; y que con debida diligencia se investigue la eventual responsabilidad del Servicio Penitenciario Bonaerense por haber denegado la debida asistencia médica y psicológica, constituyendo un claro abandono de persona” detallan en el petitorio.
Por su parte, Valeria Castaño, referenta de EVITA-UTEP remarcó:“Mientras esperamos que el estado pueda organizar una forma de garantizar el acceso a los derechos fundamentales en este marco de pandemia, entendemos que será la familia quien tape el bache en la medida de sus posibilidades.y ponemos en conocimiento la circunstancia de que la mayoría de los familiares de detenidos no poseen los dispositivos tecnológicos adecuados para tramitar su permiso de circulación, lo que derivó en muchos casos en la realización de infracciones al artículo 203 del CP por parte de las fuerzas de seguridad. Como también, que el traslado hasta la Unidad Penitenciaria -en muchos casos insume varias horas de viaje en transporte público- expone a los familiares al virus y a largas colas a la intemperie a la espera de la recepción de la encomienda”.
Además, remarcaron la importancia de que el ejecutivo garantice la urgente implementación del programa “Más Trabajo, Menos Reincidencia”, cuyo objetivo es conformar un ámbito entre el gobierno nacional, provincial y los municipios, con la participación de la Iglesia y organizaciones sociales con el fin de lograr que detenidas y detenidos, liberadas y liberados cuenten con la formación que permita su inclusión socio laboral y la construcción de un proyecto de vida digno.
El pedido también contempla una campaña de documentación, ya que muchas personas privadas de libertad carecen de DNI ya sea por nunca haberlo tenido, por perderlo en traslados, o extravío por parte de la autoridad penitenciaria.
En ese sentido, Bella señaló que “los dos hombres muertos la semana pasada estaban indocumentados, con todo lo que ello implica. El DNI garantiza materialmente el acceso a la identidad, y es un derecho llave, porque permite acceder al derecho de la educación, de la salud y a los beneficios de la seguridad social”.
