ARA San Juan: investigan si el gobierno ocultó un informe de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña para hallar al submarino

La causa judicial revela que la marina de los Estados Unidos instaló en Puerto Belgrano una terminal sistema CENTRIX de cifrado de comunicaciones. Se intenta acreditar la razón por la cual la Argentina no autorizó la ayuda de Reino Unido para buscar los restos del submarino cuya posición ya habría estado establecida a 20 días de su desaparición.

Por Redacción

lunes 7 de diciembre, 2020

Tres años después del hundimiento del ARA San Juan, la Justicia investiga si el gobierno de Mauricio Macri, a través de su cadena de mando, el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe de la Armada, Almirante Marcelo Srur, ocultaron o demoraron datos claves para hallar los restos del submarino siniestrado el 15 de noviembre de 2017.

Para eso, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, a instancia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, le solicitó la semana pasada al canciller Felipe Sola, y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, las comunicaciones e intercambio de mensajes e información entre las “inteligencias” y las armadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Argentina, realizadas durante la búsqueda de los 44 submarinistas desaparecidos.

La justicia también quiere saber por qué razón el gobierno de Macri no acepto la colaboración de la Royal Navy, en diciembre de 2017, para buscar, con elementos de alta tecnología, como lo son los minisubmarinos remotos, los posibles restos del submarino argentino en la zona donde finalmente se lo encontró. La nave fue hallada un año después, el 18 de noviembre de 2018, por la empresa Ocean Infinity a la cual se le pagó unos 7.000.000 dólares.

Del expediente, que volvió a tomar impulso y trascendencia pública, surgen datos hasta ahora desconocidos. Por ejemplo, que la Armada de los Estados Unidos instaló en Puerto Belgrano, lugar donde funcionaba el comando central de búsqueda y rescate del submarino, un sistema CENTRIX, que es “un sistema de mensajería y videoconferencia encriptado”, según consta en la causa.

La Argentina tiene una sola terminal y está instalada en el Edificio Libertad, sede de la Armada. Por esa razón los militares norteamericanos trajeron otra y era utilizada por ellos, los oficiales británicos y argentinos. Parte de esas comunicaciones son las que requirió la Justicia a través de un requerimiento a Cancillería.

En la causa hay elementos suficientes para inferir que ya se conocía, al menos de forma aproximada, la ubicación de ARA San Juan 20 días después de su desaparición. Eso declaró en su defensa ante el Tribunal de Comodoro Rivadavia, el contraalmirante Enrique López Mazzeo y aporto las coordenadas brindadas por el buque chileno Cabo de Hornos.

Por otro lado, y en lugar muy próximo a este, la supuesta posición de los restos del buque se habría logrado obtener por la triangulación de las mediciones de los hidrófonos operados en el Atlántico Norte y en el Índico por el organismo supranacional que supervisa las pruebas nucleares a partir de la supuesta “implosión” del navío.

Fueron ellos quienes le brindaron a la Armada Argentina la precisión de tiempo, distancia e intensidad de lo que definieron como un “evento violento, singular, anómalo, corto y no nuclear consistente con una explosión” ocurrida a las 10.55 del 15 de noviembre pasado, muy cerca del talud donde acaba la plataforma continental argentina.

Fue el mismo día en que se perdió contacto con el submarino y desde el buque sus tripulantes habían enviado un mensaje alertando que habían tenido un principio de incendio en el sector de baterías. El dato invalorable, fue acercado a la Armada, que conducía el almirante Marcelo Srur, por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBO en sus siglas en inglés).

La información, que finalmente fue irrefutable, confirmó las peores presunciones: que el ARA San Juan había sufrido un evento cataclísmico en plena navegación hacia Mar del Plata, a unas 30 millas náuticas al nor-noreste de su último punto de contacto radiofónico y a más de 400 kilómetros de la costa patagónica, frente al golfo San Jorge, ya cerca del talud que marca el fin de la plataforma continental argentina.

El trágico anuncio cerró la puerta a la esperanza de encontrar con vida a los 44 tripulantes.

La solicitud de Yañez a Cancillería sobre las comunicaciones cifradas entre los tres países es un hecho excepcional y no tiene antecedentes cercanos.

La medida es aleatoria a las responsabilidades que pudieron haber tenido la conducción de la Armada de la República Argentina (ARA) y los funcionarios políticos por haber permitido que un buque de guerra, que ya había presentado algunas fallas en el patrullaje de julio de 2017, fuese autorizado a zarpar de la Base Naval de Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 para, primero, realizar junto a la Flota de Mar el mayor ejercicio naval desplegado por la Armada desde 1983 en el sur de nuestro país; y de allí partir desde el puerto de Ushuaia, a patrullar el Mar Argentino para controlar la pesca ilegal y realizar tareas de inteligencia sobre las aeronaves y buques de Gran Bretaña en las Islas Malvinas.

El personal de inteligencia, a bordo del San Juan, debía espiar a la marina británica según está acreditado en la causa. Tal como informó este medio, la “Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos” N° 04/17, fechada el 24 de octubre de 2017, el submarino ARA San Juan debía “obtener reconocimiento preciso” y “localización, identificación, registro fotográfico/fílmico” de aeronaves militares y logística (RAF 130) que responden a la gobernación de las Islas Malvinas y a la Real Fuerza Aérea británica. El escrito precisa que debía recolectar información sobre varios buques, entre ellos el “BP CFL HUNTER”, el “HMS CLYDE” y el “FPV PROTEGAT”.

¿Estaba en condiciones el submarino para realizar este tipo de operaciones y verificar si buques pesqueros extranjeros depredaban las riquezas de nuestro mar?

Según el capitán del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, no. Había solicitado a sus superiores que se lo releve de esa actividad y de controlar la pesca ilegal. Entre otras razones, porque un pesquero chino ya había intentado embestirlo el 7 de julio de 2017. Fernández dejó escrito a sus superiores que “el pesquero (LU RONG YUAN YU 883) comenzó a propulsar a gran velocidad” rumbo la posición del submarino cuando se intentaba realizar un “acercamiento” para identificación del buque asiático. Ese movimiento obligó al capitán a sumergirse y realizar “maniobras evasivas” para evitar una colisión con el barco chino, hasta que detectó que el pesquero se había alejado.

El comandante relató también que en más de una oportunidad el submarino pudo haber quedado atrapado por las redes de los cientos de pesqueros que realizan una intensa actividad fuera y dentro de las áreas “VERDE” y “NEGRA”. Por esa razón aconsejó a sus superiores “realizar un nuevo despliegue con un área más acotada a fin de enfocarse en la localización de los buques factoría frigoríficos y logísticos (…)”.

En el documento recibido por mesa de entradas de la Fuerza de Submarinos el 15 de agosto de 2017, Fernández reconoce que en la navegación que comenzó el 1° de julio hubo problemas técnicos vinculados a la falta de mantenimiento.

Además de la causa judicial, a los posibles responsables militares de la tragedia se les inició un Consejo de Guerra que retomará sus audiencias 14 de diciembre, donde se busca establecer si existieron “infracciones gravísimas” ocurridas antes, durante y después del hundimiento del submarino ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo.

Los imputados son los contralmirantes Luis López Mazzeo, el ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento; Eduardo Malchiodi, por entonces ex jefe de Mantenimiento y Arsenales y el capitán de navío Carlos Ferraro, ex jefe del Proyecto Submarinos; Claudio Villamide, el ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; el ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, el capitán de fragata, Hugo Correa, ex jefe de Operaciones y el capitán de corbeta, Jorge Sullia, ex jefe de Logística; y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur, quien no fue procesado por la jueza Yañez en la justicia civil.

La “inteligencia” y ayuda británica bajo la lupa

La declaración de López Mazzeo ante la Cámara Federal asegurando que 20 días después de la desaparición del buque tenían la ubicación de sus restos, y que por eso “habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”, parece haber acelerado los tiempos judiciales que venían demorados y abrió varios frentes judiciales.

Por ejemplo, en un hecho inusual la jueza Yañez libró oficios a Cancillería “a los fines de solicitarle remita a esta sede judicial, copia certificada de todos los pedidos y/o gestiones que se hubiesen efectuado desde la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, del Ministerio de Defensa de la Nación y/o de la Armada Argentina, en relación a la pérdida de contacto, desaparición y búsqueda del Submarino ARA San Juan. Asimismo, solicítese remita toda la información que se encuentre en poder de ese Ministerio y que pudiera haber sido aportada por las Autoridades Diplomáticas de EEUU y Gran Bretaña, en relación a la búsqueda del Submarino ARA San Juan, en especial todo lo relativo al ofrecimiento de tecnología y/o elementos de búsqueda”.

Esta medida había sido solicitada por la querella principal integrada por Valeria Carreras, Fernando Burlando y Lorena Arias, hace casi un año, pero hasta ahora no había sido tenida en cuenta.

El requerimiento busca establecer sí, como cree la abogada Carreras, las autoridades nacionales y de la Armada de entonces “encubrieron u ocultaron la información que establecía el lugar de ubicación del navío y que se intentó hacer un negocio con la búsqueda posterior a través, primero de la contratación de la firma española, Igeotest -impugnada por la querella principal de carreras, Burlando y Arias por graves irregularidades que se investigan en los tribunales federales de Comodoro PY- y Ocean Infinity, después.

La justicia federal del Sur también requirió medidas para llegar a establecer las razones por las cuales la administración Macri desechó o desoyó el ofrecimiento de la Royal Navy de rastrear en la zona dónde finalmente fue hallado el submarino, pero once meses antes.

En este punto, tanto el Tribunal de Alzada, como la querella principal, se preguntan porque razón el gobierno de Macri no aceptó el ROV -el minisubmarino no tripulado y que podía descender hasta más de mil metros- ofrecido por la armada británica, y que sería trasportado por el HMS Protector, el buque científico de la Marina Real Británica que en ese momento estaba en la Islas Malvinas.

De las audiencias de apelaciones en Comodoro Rivadavia también surge de varios elementos que constan en la instrucción realizada en Caleta Olivia, por ejemplo, que los británicos previos pedir reserva brindaron a la Armada Argentina los datos detectados por su Centro Sismografico de Monte Kent en Malvinas.

Fue así como Estados Unidos trazó la zona de búsqueda, a partir de triangular sus datos de la Base de Escucha Naval Diego García en el Indigo y los datos aportados por Austria que había detectado la “implosión” de ARA San Juan.

Hasta ahora las ex autoridades navales y políticas no explicaron la razón de la negativa a este tipo de ayuda. Es más, en un principio negaron la solicitud de Reino Unido, sin embargo, ahora no hay dudas. Se trata del mensaje naval identificado como “50923 dic 17”. Ese mensaje -y así está acreditado en el expediente- refleja el ofrecimiento de los británicos para explorar con robots sumergibles de alta tecnología, la zona donde se habría producido la “implosión” del buque de guerra, más específicamente en los cañadones señalados por el Buque Chileno Cabo de Hornos.

Fuente: Infobae

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